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Perder el miedo

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 | 09/07/2013

Por: Mensaje

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La opción por un cambio de nuestra Carta Fundamental se ha fortalecido con el transcurso de los años.

El argumento de que el actual esquema favorece la gobernabilidad no toma en cuenta la desafección hacia la actividad política que este ha generado, factor de inmenso riesgo para la estabilidad nacional.

En los últimos meses se ha intensificado el debate sobre la necesidad de impulsar una nueva Constitución. Se trata de un tema recurrente en nuestro país desde que esta fue promulgada en 1980. Hoy, a treinta y tres años de esa fecha, es parte de los planteamientos de la mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República, e indudablemente tendrá incidencia en la decisión ciudadana de noviembre próximo.

La opción por un cambio de nuestra Carta Fundamental se ha fortalecido con el transcurso de los años pese a que, en varias oportunidades, amplios consensos nacionales han permitido modificaciones significativas a su texto.

Su vigencia nunca se consolidó. Incluso, antes de iniciarse su plena aplicación, en 1989, se generó una movilización política y social transversal para adecuar su texto a las nuevas realidades que afrontaba el país. En julio de ese año se convocó a un plebiscito sobre 54 importantes reformas, aprobadas por el 85,7% de los votantes. Estas limitaron las facultades del Poder Ejecutivo para restringir libertades personales, fijaron el período presidencial siguiente, aumentaron el número de civiles en el Consejo de Seguridad Nacional y dieron mayor relevancia a los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico del país. Este conjunto de modificaciones constitucionales fue el primero en una serie sucesiva de cambios buscados, debatidos y sancionados por el Congreso en las dos décadas siguientes. Otro gran acuerdo se concretó el año 2005, aprobado en el Congreso Pleno por 150 votos a favor, tres en contra y una abstención. Con él se logró eliminar los senadores designados, reducir el período presidencial de seis a cuatro años, aumentar las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, apartar el sistema electoral de la Constitución e impulsar trascendentales modificaciones a la composición y los roles de importantes instituciones políticas nacionales. Fue tal el alcance y variedad de esas reformas, que se proclamó entonces con marcada fuerza que ellas cerrarían el período de transición a la democracia. El presidente Ricardo Lagos, al firmar en septiembre de ese año el consiguiente texto refundido, llegó a declarar: “Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido desde el cual seguir perfeccionando nuestra democracia”. Sin embargo, tal perspectiva no se cumplió pues, incluso ese mismo año, tal como ocurrió en cada uno de los siguientes, se manifestó con vigor la demanda por un nuevo texto constitucional.

Diversos analistas han resaltado que la actual es la Constitución que más cambios ha tenido en la historia republicana de Chile. Desde el año 1989 han sido modificados 91 de sus 120 artículos. En veinte años se ha cambiado tres veces el periodo presidencial: en 1989 se bajó de ocho a cuatro años, en 1993 se aumentó a seis años, y el 2005 bajó nuevamente a cuatro. Y el interés por proponer cambios no disminuye, como refleja el alto número de mociones de reforma presentadas por separado —144— tras el mencionado último paquete constitucional aprobado.

Abrirse a la necesidad de un cambio

Que los chilenos no se identifiquen mayoritariamente con su texto constitucional es un déficit político de consecuencias negativas relevantes. Entre ellas, el deterioro de la legitimidad institucional y el debilitamiento de la participación ciudadana, recursos que toda nación requiere para conformar una sociedad más cohesionada y justa.

La tarea mencionada puede encarnar hoy la búsqueda de una nueva Constitución. Hay buenas razones para creer que una Carta Fundamental adecuadamente elaborada, sin el pecado de origen que se le asigna a la actual, puede ser incluso un requisito para lograr la estabilidad de las instituciones democráticas de nuestro país.

El avance a hacia esta meta, exige —hoy más que nunca— considerar la opinión de los ciudadanos, tanto como la participación de los liderazgos sociales y políticos responsables. Cualquier esquema cerrado de elaboración contendrá en sí un germen de ilegitimidad.

Esto implica también que distintos sectores asuman en conciencia la necesidad de un cambio y dejen de lado sus aprensiones y miedos. Algunos genuinamente temen al fantasma de la incertidumbre institucional. Pero el argumento de que el actual esquema favorece la gobernabilidad no toma en cuenta la desafección hacia la actividad política que este ha generado, factor de inmenso riesgo para la estabilidad nacional.

El miedo a perder certezas o el temor a la natural incertidumbre que representa aventurarse a una nueva etapa deben ser dejados de lado. Chile vive una etapa de su vida republicana que exige afrontar pronto esta situación. Más adelante, las circunstancias podrían ser más acuciantes que las que hoy se viven. Y, los liderazgos políticos de nuestro país han demostrado responsabilidad y seriedad cuando les ha correspondido asumir tareas de Estado.

La historia de Chile, por otra parte, atestigua cómo el temor a los cambios oportunos, o la inamovilidad de las estructuras pese a las necesidades de cambio, puede significar inmensos costos. Fue después de la Guerra Civil de 1829 que se forjó la Constitución de 1833. Se requirió un par de años de inestabilidad y revueltas sociales para que los líderes políticos diseñaran la de 1925. Una cruenta crisis política, social y ética está en el origen de la de 1980. Hoy, en cambio, tenemos la opción de hacer una reformulación constitucional con la perspectiva de evitar tensiones mayores.

Cómo avanzar

Sabemos que lograr un gran cambio constitucional está seriamente dificultado por los altos cuórums exigidos para las reformas sustantivas necesarias. Reemplazar la Constitución empleando las normas escritas en ella misma parece imposible en el actual escenario político-partidista, si los parlamentarios son elegidos por el sistema electoral binonimal. Es un camino que requiere fórmulas de acuerdo que no han sido imaginadas aún.

Se ha planteado como opción la convocatoria a una asamblea constituyente, para lo cual se requeriría un plebiscito. Es una vía extraconstitucional que apuesta a que nadie recusará que el Presidente actúe al margen de lo que le permite la ley. A esta opción se enfrenta el argumento de que no se puede desconocer la norma constitucional vigente, sin que eso signifique dar un paso al mismo voluntarismo presidencial que ha deteriorado el respeto a las instituciones en otros países latinoamericanos.

Igualmente, está la vía de hacer una reforma constitucional que permita llamar a un plebiscito en el que —específicamente— los chilenos se pronuncien de modo vinculante sobre la búsqueda de una nueva Constitución.

Hacia adónde

En la presente edición de Mensaje dos autores, con posturas divergentes, reflejan distintos caminos legítimos para esta tarea. Ese es el debate actual. Pero no hay que olvidar que deberemos también reflexionar sobre distintas cuestiones esenciales para modelar el futuro proyecto constitucional. Y esa es una tarea de suma complejidad, que los chilenos haríamos bien en comenzar a asumir.

Se debe abordar el tema del régimen político. El sistema presidencial en un país históricamente multipartidista ha sido cuestionado por voces que defienden un modelo algo más parlamentario. También se requieren definiciones que favorezcan una real descentralización, así como la inserción de nuestro país en un sistema globalizado, de un modo que considere las nuevas obligaciones jurídicas internacionales en nuestras leyes. Y el rol del Estado, siempre desafiado por nuevos paradigmas, será otra materia crucial.

En manos de todos los chilenos podrá estar la opción de que nuevas normas constitucionales —sobre estas y otras áreas— sean abordadas con una visión desprejuiciada y moderna, acorde a las nuevas exigencias de una sociedad democrática. Mantener hoy en Chile el statuo quo constitucional favorece una rigidez paralizadora, incapaz de asumir la complejidad cada vez mayor de la sociedad. El estudio de una nueva Constitución puede ser, en ese contexto, un hito importante para que el país se aleje de un pasado de divisiones y se inserte en un nuevo escenario más democrático y respetuoso de los derechos de todos los chilenos.

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Editorial revista Mensaje nº 620, julio 2013.