Chile ha hecho evidentes progresos en lo económico y lo social en las últimas dos décadas que, por sobradamente conocidos, no es del caso repetir aquí. Basta con recordar que nuestro país fue usado como ejemplo de lo que un país de América Latina podía lograr en democracia. Como lo señalaba recientemente la revista inglesa The Economist, estos mismos avances han ido dejando en evidencia las deficiencias del sistema, especialmente en materia de desigualdad social, económica y territorial, la falta de infraestructura para el crecimiento y el desarrollo, y la incapacidad del Estado para responder adecuadamente a las necesidades cambiantes de la población.

Además de los problemas sociales cada vez más urgentes que debemos resolver y que requieren recursos, el país tiene problemas macroeconómicos de significativas proporciones, cuyo peligro no puede ser subestimado. Nuestro sistema de financiamiento público se ha ido apoyando crecientemente en los ingresos del cobre, al punto de que en el año 2010 ya un 20% del gasto fiscal estuvo financiado con los ingresos identificables derivados de ese metal. Esto se compara con un 5% durante la década de los noventa. Tal situación genera varios retos que debemos abordar como país. El segundo problema es que el Fisco recauda impuestos de la minería y de los exportadores en general, en dólares. Estos dólares son vendidos en el mercado local, empujando a la baja el tipo de cambio y haciendo menos competitivas a las industrias no-cobre y, en especial, a las manufacturas. El resultado es que cada vez más las exportaciones chilenas están constituidas por “piedras, palos y frutas”.

Para construir un país desarrollado, mejorando la rentabilidad de la producción no-cobre, debemos fortalecer la base doméstica de nuestro sistema tributario y definir una política de Estado respecto de la utilización de los recursos provenientes del cobre.