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Vicaría de la Solidaridad: La luz que heredamos

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 | 24/01/2017

Por: María Soledad Del Villar

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De esa institución los chilenos heredamos una más clara conciencia ética acerca de nuestros deberes para con los que, aún hoy, son víctimas del atropello de derechos básicos.
En diciembre pasado, a cuarenta años de la fundación de la Vicaría de la Solidaridad, la Iglesia de Santiago organizó una liturgia conmemorativa en la Catedral Metropolitana. Al comenzar la ceremonia entraron en procesión con sus velas encendidas un grupo de aproximadamente sesenta exfuncionarios y funcionarias de la institución, seguidos por un grupo de sacerdotes y por el obispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Quienes antecedían la procesión eran un grupo de laicos y laicas, en su mayoría profesionales. Entre ellos, había creyentes y no creyentes.  Fue un hermoso gesto, por medio del cual se destacó el liderazgo indiscutible que estos hombres y mujeres tuvieron en la Iglesia y sociedad chilena cuando asumieron el riesgo de poner en práctica el principio de la solidaridad, defendiendo los derechos humanos en los difíciles tiempos de la dictadura militar. 
¿Cómo nació la Vicaría de la Solidaridad? ¿Cuál fue su labor durante ese régimen? ¿Qué puede enseñarnos la historia de esta institución hoy a los cristianos? Es interesante hacer un ejercicio de reflexión que nos permita hacer memoria y aprender de una institución que fue central para la vida de la Iglesia católica chilena y de nuestra sociedad en general. 
La Vicaría nació para dar continuidad a la labor comenzada en octubre de 1973 por el Comité Pro Paz, instancia de carácter ecuménico que se organizó para responder a la represión organizada por el Estado en contra de los militantes de izquierda y simpatizantes de la derrotada Unidad Popular. Los principales problemas eran la alta inflación y la cesantía. Ambos fenómenos afectaban especialmente a las clases populares y se agravaban debido a la fuerte contracción del aparato estatal, que puso fin a un gran número de políticas sociales que habían impulsado los gobiernos anteriores. Es por eso que desde fines de 1974 el Comité no solo se dedicó a defender los derechos humanos de quienes eran reprimidos por su afiliación política, sino también de quienes veían menoscabados sus derechos sociales, económicos y culturales.
La creación del Comité Pro Paz generó desde un comienzo una fuerte tensión entre las autoridades militares y las religiosas que apoyaron esta iniciativa. El debilitamiento del apoyo al Comité por parte de varias Iglesias, sumado al ataque directo de ese gobierno a sus funcionarios y colaboradores, puso al cardenal Raúl Silva Henríquez en una posición muy difícil, que prácticamente lo forzó a obedecer la orden del general Augusto Pinochet de cerrar la institución. Este le había escrito una carta el 11 de noviembre de 1975, en la que declaraba que el origen de los problemas entre el régimen militar y la Iglesia era el Comité Pro Paz, considerado por Pinochet como “un medio del cual se valen los marxistas-leninistas para crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana.” En nombre del orden social y con la intención de “evitar males mayores”, Pinochet le notificaba oficialmente a Silva Henríquez su deseo de que se disolviera el Comité. El cardenal aceptó esta exigencia, pero “con la expresa reserva de que la labor caritativa y religiosa desplegada hasta ahora por el Comité, en favor de quienes sufren diversas formas de pobreza, continuará desarrollándose dentro de nuestras propias y respectivas instituciones eclesiales, y siempre en un marco de fraterna colaboración ecuménica”. Es así como el 1 de enero de 1976 se crea en la Iglesia católica una inédita institución: la Vicaría de la Solidaridad. 
Fundar la Vicaría fue una decisión personal del cardenal Silva Henríquez, pero contó con el apoyo mayoritario de la Jerarquía eclesiástica. Además, al ser una Vicaría, quedó directamente bajo su protección. Según Pamela Lowden, esto le dio a la institución mucha más solidez que la que tuvo Comité Pro Paz: la fundación de la Vicaría fue un acto oficial de la Iglesia católica de Santiago y la institución representó, en ese sentido, a la misma Iglesia actuando en el campo de los derechos humanos. 
 
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