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Migrantes: La irregularidad migratoria como causa de exclusión

Sociedad

 | 24/01/2017

Por: Miguel Yaksic S.J.

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Los resultados de la última encuesta CASEN ratifican la necesidad de que el Estado elimine trabas burocráticas de forma y fondo que dificultan la regularización migratoria: no hacerlo, contribuye a la pobreza, el racismo, la xenofobia y la discriminación.
Varios de los resultados arrojados por la encuesta CASEN 2015 en relación con la situación socioeconómica de las personas migrantes en Chile son muy preocupantes. Y lo son no porque se trate de personas vulnerables o de baja escolaridad, sino porque las estructuras políticas, administrativas y legales hacen lento, difícil y engorroso el proceso de inclusión social y laboral de un extranjero en Chile. En promedio, los migrantes tienen 12,5 años de escolaridad, superando los 10,9 de la población nacional. Sin embargo, a pesar de que ellos están más educados que los chilenos, están más excluidos que estos en varias de las dimensiones en que indaga la CASEN. Veremos que las exclusiones en pobreza multidimensional, en acceso al trabajo formal, en acceso a la vivienda adecuada y en materia de trato justo e igualitario tienen una causa común.
En pobreza monetaria, los migrantes son menos pobres que los chilenos (9,7% vs. 11,7%). Pero en pobreza extrema lo son más (3,9 vs. 3,5). Además, la pobreza extrema de los migrantes ha subido de 3,5% a 3,9% desde 2013. Y en la medición de la pobreza multidimensional, la distancia empeora. Los migrantes exhiben más de dos puntos porcentuales que los chilenos (23% vs. 20,8%). 
A pesar de estar más calificados que los chilenos, las condiciones laborales de las personas migrantes son más precarias. La informalidad resulta más pronunciada en las regiones del Norte Grande. Alcanza a 19,5% en Arica y Parinacota, 28,7% en Tarapacá y 19,7% en Antofagasta. Mientras, los índices de informalidad laboral de la población chilena se limitan a 11,8%, 5,5% y 4,5% en las regiones respectivas. Es significativo que, a nivel nacional, los migrantes que trabajan informalmente exhiben en promedio mayor escolaridad incluso que los chilenos que trabajan en el mercado formal. Los primeros alcanzan 11,8 años de estudio y los segundos solo 10,4. Al mismo tiempo, el número de personas migrantes que trabajan en el mercado informal aumentó en el período 2013-2015 de 4,5% a 6,7%. Así, casi se duplica en términos absolutos el número de trabajadores migrantes sin acceso a los derechos laborales, pasando de 15.871 a 31.016 personas. 
Ocurre que en Chile el Estado entrega al sector privado la regularización migratoria de una persona extranjera por la vía del contrato de trabajo. Desde que un empleador contrata a un migrante hasta que este reciba el permiso de trabajo, pueden pasar 45 o más días. Esta situación desincentiva a un empleador a contratar a un extranjero. Y sabemos que sin contrato no hay visa y sin visa no se puede acceder a un trabajo formal: no hay afiliación a Fonasa, el trabajador no cotiza, no paga impuestos y no puede celebrar un contrato de arriendo. En definitiva, queda excluido de sus derechos, del sistema de protección social y de ser un aporte al Fisco en cuanto contribuyente. 
Si bien en el período 2013-2015 el hacinamiento disminuyó porcentualmente entre extranjeros y chilenos, en la última medición se registraron 16.614 nuevos migrantes hacinados a lo largo del país. Es decir, hay un aumento en términos absolutos. A nivel porcentual se experimentó un incremento dramático del hacinamiento entre la población migrante en la Región de Antofagasta, pasando de 22,6% a 33,9%; lo que representa 4.349 nuevas personas extranjeras viviendo hacinadas en esa zona. Es un aumento grave y se debe, en gran medida, al mercado desregulado de arriendo de piezas en cités y casonas antiguas en mal estado. Además, un migrante, aunque esté en situación migratoria regular, no podrá arrendar si no tiene cuenta bancaria, aval, historia financiera, etc. Ello los obliga a un arriendo en condiciones precarias a precios altos. En esa misma línea y por las mismas razones, el porcentaje de migrantes que vive en viviendas en mal estado material subió de 7,4% a 13,3%. Hay que agregar que, según la Encuesta Nacional de Campamentos (Techo 2015), 32,8% de los habitantes de campamentos en Antofagasta son extranjeros. 
Es metodológicamente probable que las personas migrantes en situación migratoria irregular estén subrepresentadas por la CASEN. Dada su irregularidad, serían más reticentes a aportar información. Pero sí es claro que el aumento de la informalidad en el trabajo en los últimos años tendría por causa un reciente aumento proporcional de la irregularidad migratoria (no tener una visa). Malas políticas públicas, como una visa especial para los nacionales dominicanos o el rechazo discrecional de nacionales colombianos en la frontera, la demora de más de 45 días en que el Departamento de Extranjería y Migración entregue un permiso de trabajo a una persona que ya tiene un contrato, son situaciones que solo favorecen la irregularidad migratoria estructural.
 
NUEVAS DIMENSIONES A CONSIDERAR
 
En su versión de 2013, la CASEN medía cuatro dimensiones: trabajo, vivienda, educación y salud. En su versión 2015 incorpora dos novedades. A la dimensión de vivienda se suma la medición del entorno. Y se agrega una quinta dimensión, la de redes y cohesión social. Esta última ha entregado información muy relevante, pues el 24,3% de los migrantes declara haber sido tratado injustamente o haber sido discriminado por ser extranjero en Chile. En Antofagasta esta cifra sube a un preocupante 37,3%. A nivel nacional destacan dos colectivos entre los más discriminados por su origen: el 63,5% de los entrevistados dominicanos y el 50,2% de los entrevistados colombianos denuncian tratos injustos y/o discriminatorios en razón de su origen. Llama la atención que se trate justamente de los colectivos que más dificultades enfrentan a la hora de migrar a Chile. Los primeros por la visa consular de turismo ya mencionada. Y los segundos por tener la más alta tasa de rechazo en frontera. Es decir, las políticas restrictivas no solo aumentan la irregularidad migratoria estructural sino también el racimo, la xenofobia y la discriminación. 
Para focalizar la atención social, jurídica y laboral que hacemos a varios miles de migrantes en Chile, el SJM ha elaborado un índice de priorización. Nuestra experiencia en la intervención social, así como en el análisis de nuestros registros estadísticos sobre las condiciones socioeconómicas de la población con que trabajamos, revela que la irregularidad migratoria es por lejos la causa que genera la mayor exclusión socioeconómica de un migrante y el principio de muchos males. 
El mayor aprendizaje que podemos sacar de un análisis de la CASEN 2015 es que el Estado debe orientar su política pública hacia la promoción de la regularización migratoria eliminando trabas burocráticas de forma y fondo. Se requiere desestimar políticas restrictivas que solo hacen más vulnerable la vida de las personas. Facilitando el proceso de inclusión social y laboral, los migrantes podrán acceder y ejercer sus derechos como cualquier chileno. Podrán darle provecho a su educación y serán, además, un aporte para el desarrollo del país. 
Chile necesita una política migratoria integral y con mirada de largo plazo. Ello supone normas y políticas con enfoque de derechos humanos, un trabajo de articulación intersectorial, la aplicación de una perspectiva intercultural en las intervenciones sociales y educativas, y requiere de una autoridad empoderada capaz de gestionar la visión del Estado sobre la migración. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un país modelo de buenas prácticas en materia de inclusión y protección de los derechos de los migrantes. Que no nos ganen la burocracia ni los prejuicios. MSJ