Mensaje
ACCESO SUSCRIPTOR

SITIOS DE INTERÉS

SM hotel acacias Jose Aldunate jesuitas mirada global Oración Diaria

¿No más AFPs?

Sociedad

 | 24/01/2017

Por: Rodrigo Pablo

Leer Compartir
No son esas instituciones las responsables de las insuficientes pensiones que reciben muchos de quienes han cotizado en ellas. Sí lo son las bajas tasas de ahorro y la lentitud inexcusable de los gobiernos para implementar los ajustes paramétricos que permitan mejores resultados.
En revista Mensaje de noviembre pasado el economista José Pablo Arellano afirma que Chile, aplicando políticas económicas consistentes, ha logrado un desarrollo económico significativo en una región del mundo proclive a los desastres económicos. Sin embargo, los progresos conseguidos no están asegurados y su consecución demanda entereza profesional de parte de políticos y técnicos, quienes no solo están para escuchar a la ciudadanía, sino para promover soluciones viables. Podemos encontrar diversos casos históricos en ese sentido e incluso recordar expresiones elocuentes, como las del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, cuando señaló que “nadie ha hecho más por transformar a Argentina en un país del tercer mundo que su expresidente Juan Domingo Perón”. Peores cosas pueden decirse de Fidel Castro, el líder carismático que, luego de cincuenta años al frente de una férrea dictadura, murió dejando a Cuba en la miseria. La lista de líderes “visionarios” —es decir, incompetentes— es extensa en nuestro continente. Y es que la fragilidad de las instituciones latinoamericanas permite acceder a posiciones de liderazgo a personas que no cuentan con las calificaciones para ello, destruyendo las esperanzas de quienes aspiran con razón a una vida más humana y con mayores oportunidades. 
Formulo esta introducción para abordar el debate al que hemos asistido en Chile sobre la necesaria reforma previsional. En él se ha tergiversado mucha evidencia y se ha abundado en falacias. Hemos observado reacciones desbordadas respecto del sistema de capitalización individual vigente, todo lo cual ha dejado en evidencia la lentitud con que han reaccionado los diversos Gobiernos para introducir los ajustes requeridos en la estructura previsional. 
Parte del público ha volcado su enojo contra las administradoras de fondos de pensiones (AFPs), eximiéndose de sus propias responsabilidades y soslayando las que corresponden a las autoridades responsables de cautelar el desempeño de esas instituciones. Las acusaciones en contra de las AFPs son variadas. Aluden a sus enormes utilidades o al pago de las llamadas “comisiones fantasma”. Los críticos más desenfocados sostienen que, lisa y llanamente, estas empresas se quedan con sus ahorros. Estas disquisiciones, cuando no son falsas, no explican ni remotamente el fondo del problema. 
Cabe reconocer que las AFPs constituyen un escollo al discurso populista porque registran con exactitud las contribuciones de sus cotizantes. De no ser así, estarían expuestas a demandas legales y a la pérdida de sus licencias. Descartando la interpretación policial, no queda más que concentrarse en el fondo del asunto.
 
LAS BAJAS PENSIONES
 
Las bajas pensiones son consecuencia de las menguadas tasas de ahorro, sumadas a una lentitud inexcusable de los gobiernos para implementar los ajustes paramétricos que permitan pagar pensiones mejores. Los ajustes necesarios a la fecha son, esencialmente, tres. El primero, aumentar la tasa de ahorro; el segundo, hacer obligatorio el pago de contribuciones a los independientes y, el tercero, posponer la edad de jubilación tanto para hombres como mujeres, en consonancia con sus expectativas de vida. El reducido monto en las cuentas individuales es consecuencia de que se cotiza poco: se imponen pocos años y la tasa de ahorro del 10% de las remuneraciones se ha hecho insuficiente aún para aquellos que cotizan regularmente. Esto —y valga la paradoja— se ve empeorado por el aumento ininterrumpido de las remuneraciones reales de la población trabajadora, lo que implica que por largos periodos se cotiza por remuneraciones inferiores a la remuneración de reemplazo a que se aspira. 
En el Cuadro N° 1 se ilustra la relación entre años cotizados, años de sueldos ahorrados y rentabilidad de las AFPs. Se ha asumido un aporte parejo mensual de UF 5 desde que la persona comienza a trabajar hasta que jubila. 
El cuadro señala que, si la persona cotiza diez años, ha depositado en su cuenta individual UF 600. Esta suma equivale a un año de sueldo. Por su parte, la rentabilidad de las AFPs habría aumentado este monto a UF 780. Es decir, la persona habría ahorrado un año de sueldo y la AFP lo habría transformado en 1,3 años de sueldos. Por otra parte, quien haya cotizado ininterrumpidamente entre los 25 y 65 años de edad, ahorraría cuatro años de sueldos, que las AFPs habrían transformado en 12,8 años.
Asimismo, estas dos personas —la que cotizó 10 años y la que cotizó 40— tienen expectativas de vida similares, que en el caso de un hombre de 65 años es de 21 años.  Es decir, con 12,8 años de ahorro debe financiar en promedio 21 años de retiro, lo que significa una tasa de reemplazo de 61%. En otras palabras, como activo ganaba UF 50 y como pasivo recibe UF 30,5: (12,80/21). En el caso de quien cotizó 10 años, con 1,3 años de ahorro debe financiar los mismos 21 años. Es palpable que se trata de un imposible.
En el caso de una mujer que comienza a cotizar a los 25 años de edad y se jubila a los 60, habría ahorrado 9,5 años para financiar una expectativa de vida de 31 años. Es decir, tendría una renta de reemplazo de UF 15,32, o de un 31% de su renta en actividad. 
 
SOLUCIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA ACTUAL
 
Esta situación ha sido advertida con claridad y hasta ahora los énfasis han sido puestos en programas solidarios de protección a los más pobres. En las reformas del año 2008, durante el primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se introdujo la Pensión Básica Solidaria para personas que no tenían calidad de afiliadas en el sistema previsional, y se fortaleció el Aporte Previsional Solidario para incentivar el ahorro de quienes cumplían con los requisitos de años cotizados, pero que con sus ahorros no alcanzaban a financiar la pensión mínima. El raciocinio de esta medida es incentivar el pago de imposiciones de personas de rentas más bajas. Con mayor ahorro, tendrían una mejor pensión, ayudando de paso a reducir los costos públicos para suplementar estos pagos y deslegitimando el argumento de no pagar imposiciones cumplido el requisito de los años mínimos. Esto facilitaba arreglos espurios entre empleados y empleadores. La reforma introdujo además la obligación a los independientes de cotizar, además de medidas de competencia que redujeron sensiblemente los costos de administración de las AFPs.
Con todo, quedó desprotegido el grupo de ingresos medios. También, el de aquellos cuyas remuneraciones superan el tope legal hoy de UF 74. Es probable que quienes más reclaman pertenezcan a estos estamentos. Las medidas previstas son subir el techo impositivo y exigir que se cotice en los períodos en que se trabaje como independiente. La implementación de esta ley ha sido postergada en dos oportunidades: se teme que los independientes protesten. Pero ellos no debiesen negarse a la obligación de cotizar y luego indignarse porque las pensiones sean bajas. No debiesen, pero lo hacen. Esta falta de sincronía paraliza al Gobierno, que no se decide a implementar la ley. 
Hay dos medidas adicionales que requieren cambio legal y que se han pospuesto. La primera se refiere a la actual tasa de ahorro de 10%. En los países OCDE esta es de un 20%, y hoy se habla en Chile de elevarla a un 15%. Se habla, pero tampoco se avanza. Se genera una discusión ficticia sobre si este incremento lo debe pagar el trabajador o su empleador. En realidad, siempre lo paga el trabajador. Es un ahorro que resulta de la contribución que hace al desarrollo de su empresa. Inicialmente, para que esto no impacte su salario líquido debe venir del empleador, pero este no pagaría si el trabajador no aportara, como efectivamente lo hace. Por último, es un hecho establecido que han cambiado de tal manera las expectativas de vida de la población —lo mismo que la rentabilidad de sus inversiones— que resulta artificial discutir el destino de este incremento. Se trata de un aumento que necesita realizar el que regularmente contribuye.
Algunos, movidos por un sentido de urgencia, querrían que este incremento se repartiese. Esto debe ser sopesado si no se quiere echar a perder lo que ya funciona a medias. La solución de pagarles buenas pensiones a los que no cotizan no se resuelve pagándole malas pensiones a los que sí lo hacen.
Lo segundo tiene que ver con la postergación de la edad de jubilación. Las mayores expectativas de vida van aparejadas a la conservación de capacidades y facultades a edades más avanzadas. Las edades tope actuales de jubilación fueron fijadas hace más de cien años. A la fecha, se ha descansado en que las personas tomen sus propias decisiones. Si gozan de buena salud, voluntariamente se retirarán más tarde. En los países OCDE se ha ido subiendo progresivamente la edad de retiro y Chile deberá hacer lo mismo. De nuevo se requiere determinación e implementar mecanismos que regularmente corrijan el valor de estas variables, sin que cada corrección se transforme en un parto. Así opera hoy el mercado de rentas vitalicias, lo que crea este importante desajuste. 
 
LA AFP ESTATAL COMO SOLUCIÓN
 
¿Qué tienen que ver las AFPs con las bajas tasas de reemplazo? ¿Ellas son responsables de las lagunas previsionales? ¿Son responsables del crecimiento real de las remuneraciones de los trabajadores? ¿Son responsables de que las mujeres y los hombres en pleno siglo XXI se jubilen a los 60 y 65 años? ¿Son responsables del aumento de las expectativas de vida de la población? ¿Se les puede incluso hacer responsables de que los complejos mercados de capitales no generen rendimientos más altos para los ahorros de sus cotizantes? Estas interrogantes llevan a preguntarnos de qué manera una AFP estatal mejorará las actuales pensiones. 
La respuesta es que de ninguna manera. Esta propuesta más parece una transacción de conveniencia que favorece a la industria previsional y a quienes promueven “soluciones de Estado”, y perjudica a los chilenos que van a tener que financiarla sin recibir nada a cambio. Favorece a la industria previsional porque estima que las críticas sobre ella disminuirán y podrán mostrar en los hechos que son más eficientes que la estatal. Por su parte, el Gobierno le dará alegría a quienes creen que el Estado debe seguir creciendo. Esta AFP no hará nada distinto de las restantes Administradoras. No cobrará comisiones más bajas, no reducirá las lagunas previsionales, no obtendrá mayores rentabilidades: en suma, no pagará mejores pensiones y sí será sostenida con recursos de los programas sociales que debiesen ir a los más pobres.
 
EL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
 
Una faceta poco conocida del sistema de pensiones es que no solo paga jubilaciones, sino que mediante un seguro sufraga pensiones de invalidez y sobrevivencia. Dejo planteado en este artículo la necesidad de reformar la ley que regula el esquema de funcionamiento de este seguro. Este opera con características similares a las de un sistema de reparto y se avizora un mal uso de él. Su reforma implicaría una reducción de costos en la operación del sistema previsional, y una justicia más segura para los cotizantes menos informados. Esta reducción de costos contribuiría a financiar los mayores ahorros que se necesitan para incrementar las jubilaciones.
 
EL SISTEMA DE REPARTO
 
En síntesis, el sistema actual, no obstante ser de capitalización individual, tiene un enorme déficit de ahorro. Habría que preguntarse por qué razón un sistema de reparto lograría aumentar su recaudación. Se ha enfatizado la inviabilidad de este esquema aludiendo a la nueva pirámide demográfica chilena, el cual es el argumento técnico base por excelencia. Yo quiero añadir que falta aún mucha conciencia pública para que esa modalidad opere adecuadamente y que ella es afectada porque las contribuciones previsionales se eluden cada vez que se puede. El sistema de reparto diferencia entre afiliados, fuerza de trabajo, cesantía y cotizantes, cuestión que se hace evidente cuando se consideran los años promedios cotizados. Si el promedio es 15, no quiere decir que las personas pasaron en promedio 25 años desempleadas, sino que ese ahorro se eludió cada vez que pudo hacerse. Al parecer, se percibe esta contribución como un impuesto que no se quiere pagar, no obstante que el ahorro va a la propia cuenta de quien lo hace.
Con desparpajo, un precandidato presidencial ha dicho que las AFPs fracasaron: no quienes debiesen actualizar la ley que las rige ni quienes debiesen pagar las imposiciones que corresponden. La vuelta a un sistema de reparto en manos de una autoridad así de irresponsable puede seguir un simple derrotero. Primero, para conseguir el debido respaldo, intentará hacer creer que el sistema de reparto pagará, a todos, mejores pensiones, sin precisar ni las nuevas tasas de contribución ni las reglas del reparto. Luego, se constatará que los recursos no alcanzarán, puesto que la gente contribuye aún menos que en el sistema de capitalización individual. Finalmente, se creará un seguro social que pague pensiones mínimas al 90% de la población, mientras el 10% restante presionará al Estado para crear regímenes especiales que los favorezcan. Ejemplos de estos hay muchos. Se presiona al Estado y su debilidad. 
Es más seguro afianzar la solidaridad en el sistema de capitalización individual. Crear una cultura de respeto al pago de cotizaciones entre trabajadores y empleadores, y buscar por esta vía resultados satisfactorios, ajenos a los manejos del poder de turno. Las AFPs constituyen una denuncia inequívoca a la calle, puesto que registran minuciosamente las cotizaciones de sus afiliados. Exponen las fallas en los mercados del trabajo, la irresponsabilidad de los empleadores que no pagan, de los empleados que se coluden y, por último, de las autoridades que no asumen sus obligaciones, o los Gobiernos que destinan fondos públicos a financiar la educación universitaria y no a reforzar el pilar solidario del Sistema. En el horizonte ético que vivimos, un sistema de capitalización individual puede ser mucho más solidario que uno de reparto, administrado por el Estado y sujeto a toda suerte de manipulaciones. MSJ