Es obvio que estos pueblos no comenzarán a existir desde ahora, pero el reconocimiento de su realidad y dignidad hará posible el despliegue de una riqueza negada.
El primer sentido del proceso de la nueva Constitución es su dimensión histórica o, dicho de otra manera, la respuesta a una situación de crisis histórico estructural de sociedad chilena.
Es importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo constituyente. Esas instancias merecen espacios: gozan de la confianza de la gente, mientras los partidos políticos languidecen.
La flexibilidad que en lo político ofrece este sistema de gobierno es un rasgo deseable en un país como el nuestro, víctima de una rigidez institucional que ha impedido resolver conflictos entre los poderes ejecutivo y legislativo.
El inicio de un nuevo año continúa con ese telón de fondo que es la pandemia y nos obliga a reflexionar: la vida es finita y el bienestar material no está asegurado. ¿En qué dirección orientaremos nuestros esfuerzos los años y décadas que vienen?
El proceso constituyente no debiera priorizar el establecimiento de un catálogo de derechos, sino más bien remover los obstáculos institucionales que han impedido reformas sociales y diseñar procesos políticos más eficaces.