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Migración a Chile: Continúan las deudas

En abril pasado, el presidente Sebastián Piñera envió al Congreso indicaciones al proyecto de ley migratoria que él mismo promovió durante su primer mandato (2010-2014). Esta acción representa un nuevo paso en la búsqueda de dar eficacia a la relación del Estado con quienes inmigran a Chile, y como el mandatario indicó, se aspira a «poner orden en la casa que compartimos». En la actualidad hay en el Congreso dos proyectos de ley que proponen renovar la política migratoria chilena que data de 1975 (Decreto ley N° 1.094). Como numerosos autores lo han destacado, la restrictiva ley migratoria vigente refleja por un lado las consideraciones político-sociales del gobierno militar en tiempos de Guerra Fría, y en los últimos treinta años ha recibido numerosos cambios o «parches» en la forma de un nutrido cuerpo legislativo internacional que los sucesivos gobiernos han adoptado desde la década de 1990. Tanto el proyecto de ley presentado por el presidente Sebastián Piñera en 2013 (Boletín N° 8970-06) como el de la presidenta Michelle Bachelet en 2017 (Boletín N° 11395-06), así como las indicaciones de Piñera de abril 2018, son respuestas a la necesidad de reescribir la relación que tiene el Estado chileno con las personas que migran dentro del marco del Derecho Internacional, buscándose a la vez optimizar los beneficios esperados de este fenómeno.

El caso chileno no es ninguna excepción. Perú y Argentina, por ejemplo, han actualizado su legislación migratoria en los últimos años. Estos casos, junto con ambos proyectos de ley chilenos, hallan su fundamento en la tendencia al alza en el número total de inmigrantes y en una aparente diversificación de la procedencia de los mismos. De forma implícita, estas iniciativas plantean (y responden) la pregunta sobre qué papel juega el Estado frente al aumento sostenido en el número de extranjeros que se establecen en el país, al tiempo de presentar una tenue reflexión sobre las presiones sociales y comunitarias que genera dicho aumento y el tipo de sociedad que se quiere crear.

En el contexto del oficio con indicaciones enviado por el presidente Sebastián Piñera al proyecto del año 2013, el 9 de abril de 2018 (Oficio N° 8-366), proponemos un análisis al tema migratorio con énfasis en los fundamentos del proyecto iniciado en su anterior mandato, pues es la base de la política migratoria que promueve la actual administración y porque, a diferencia del proyecto presentado en 2017, presenta una visión diáfana de la sociedad en su conjunto que se busca construir. En otras palabras, partimos de la consideración, como observara Nicos Poulantzas, de que no es posible hablar del Estado -nación contemporáneo sin referirnos a la sociedad que lo sostiene, ni podemos, a la vez, divorciar a la sociedad del Estado que la gobierna (Poulantzas, 1980, 600). Esto, llevado al contexto de política migratoria, significa plantear la injerencia del Estado en la confección de la vida comunitaria y, viceversa, cómo el entramado de comunidades de extranjeros y sociedad chilena son consideradas en la gobernanza.

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