Protección a la infancia: Tiempo de actuar

El Gobierno presentó en agosto un proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez: es el tercer intento por legislar en ese sentido en una década. Se abre ahora una nueva oportunidad para concluir el proceso de reformas legales e institucionales al que se comprometió nuestro país al ratificar hace tres décadas la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.

Miguel Cillero Bruñol

03 septiembre 2018, 5:20 pm
16 mins

«Los niños primero» fue el eslogan que guió el trabajo a favor de la infancia tras los horrores de la Primera Guerra Mundial. Esta idea fue recogida en el primer instrumento internacional sobre esa materia, conocido como la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924. En 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre Derechos del Niño que reconoce, garantiza y protege los derechos de las personas menores de dieciocho años. Hace veintiocho años Chile ratificaba este tratado internacional, comprometiéndose desde entonces a llevar adelante un proceso de reformas legales e institucionales que ha tardado demasiado.

El sistema de protección a la infancia que el país implementó desde 1979 con la creación del Sename, ha demostrado sistemáticamente su incapacidad de trabajar adecuadamente con los niños, las niñas y sus familias y, peor aún, ha puesto nuevamente al país en situación de deuda en materia de derechos humanos, aunque ahora por hechos ocurridos durante la vigencia del sistema democrático. No está demás hacer un breve recuento de las llamadas de atención que el país ha recibido sobre la materia.

En 1995 el Relator Especial sobre la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos, Nigel Rodley, tras una visita al país, identificó las condiciones de las celdas de aislamiento del Centro Tiempo Joven, dependiente del Sename, como una grave violación de derechos que equivale a un trato cruel, inhumano o degradante(1). Por su parte, el Comité de Derechos del Niño, en sucesivos informes sobre Chile (1994, 2002, 2007 y 2015), ha reiterado la necesidad de reformar integralmente el sistema de protección de infancia y ha establecido permanentemente los incumplimientos del país en materia de derechos de la infancia.

La información oficial sobre la muerte, entre 2005 y 2016, de 1.313 niños, niñas, adolescentes o adultos bajo la tutela directa del SENAME o de instituciones colaboradoras de este, no solo remeció fuertemente la conciencia nacional, sino que activó nuevamente al sistema internacional. Tras una denuncia hecha por una diputada, el Comité de Derechos del Niño examinó la situación en la que se encontraban los niños, niñas y adolescentes en las residencias de protección.

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Miguel Cillero Bruñol

Académico Universidad Diego Portales. Presidente del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño