Jubilar sin júbilo

Es urgente una reforma al sistema previsional. Este no es un problema técnico confinado a los economistas, pues abordarlo adecuadamente implica considerar supuestos éticos.

Revista Mensaje

04 Julio 2017, 12:00 am
11 mins

En la cultura mapuche, el mito del Kai Kai narra que al principio de los tiempos hubo una gran inundación, provocada por una disputa entre el bien y el mal, y, aunque finalmente el mal se dio por vencido, únicamente hubo cuatro sobrevivientes: una pareja de ancianos y dos jóvenes. Los jóvenes fueron el principio de procreación y los ancianos fueron elegidos para apoyarlos en sabiduría. En este relato se refleja el aprecio de este pueblo originario hacia el rol de los mayores.

Sin embargo, el estatus social de la tercera edad está condicionado por la cultura y revela los valores predominantes dentro de una sociedad. Así, por el contrario, en la chilena predomina, de manera progresiva, una valoración descompensada de la juventud: se quiere ser y aparecer joven, en un contexto cultural donde prevalecen los valores de la competitividad y de la eficacia. Por ello, la ecuación que asimila vejez y sabiduría se ha sustituido por aquella que identifica la vejez con el sector pasivo de la sociedad, en el momento en que la presencia de cada persona es reconocida según su productividad y utilidad económica.

LA RAÍZ DE UNA PALABRA

La tercera edad se asocia con la jubilación porque es la etapa del término laboral en la vida de una persona. En Chile se está haciendo referencia al 17,6% de la población, es decir, unas tres millones de personas (CASEN, 2015). La palabra jubilación viene del latín (iubilare), significando “gritar de alegría”. Se supone que después de una vida de trabajo viene la etapa gozosa de la tranquilidad, de no vivir acelerado, de no tener que responder a un horario, de ayudar en el cuidado de los nietos y nietas.

Pero esto solo es posible en la medida en que una persona puede vivir sin trabajar porque posee una fuente de ingresos que le asegura el pan de cada día. Llegar a la tercera edad sin un sustento económico que permita tener una vida digna es un drama que enfrenta un gran número de personas en nuestro país: jubilar sin júbilo, porque lo que reciben no les resulta suficiente para vivir dignamente ni para cubrir sus esperados mayores gastos en salud. ¡Pocas veces la raíz de una palabra ha estado tan lejos de la realidad que significa, porque en este caso hay una contradicción! Una jubilación insuficiente es más bien fuente de angustia y, por ende, la sola idea de dejar de trabajar llega a ser dramática. ¡El grito de alegría se ha transformado en un grito de angustia!

EL SISTEMA DE PENSIONES Y LA DEMANDA CIUDADANA

El sistema de pensiones, hoy cuestionado, rige desde 1980, con un sistema de ahorro individual obligatorio sobre la base de una cotización del 10%, manejado por Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (AFP). Aunque el año 2008 fue objeto de reformas para apoyar a quienes no se ven favorecidos por él, sus insatisfactorios resultados globales fueron causa de numerosas y masivas movilizaciones —principalmente, desde hace dos años— que han exigido reformas profundas.

Un estudio de Damián Vergara Domínguez, investigador de Espacio Público (Documento No 36, mayo de 2017), destaca la importancia de profundizar en el descontento ciudadano para encontrar una propuesta de reforma de política pública capaz de abarcar las distintas inquietudes, ya que el problema no se reduce tan solo a un tema técnico.

Al abordar los motivos de la insatisfacción de la gente, alude a las pensiones insuficientes y a la responsabilidad que en ello le cabe a las AFP y al Estado. Argumenta que, desde la perspectiva de muchos chilenos, el sistema en sí es ilegítimo debido a que ha incumplido sus promesas de largo plazo, se originó en un régimen no democrático, obligó a los cotizantes a trasladarse a él, da origen a altas utilidades para los dueños de las administradoras y genera impotencia la no injerencia popular en las decisiones de inversión, como tampoco en la disponibilidad de fondos para fines alternativos. Igualmente, destaca que existe demanda por un rol más activo del Estado, en tanto garante de la seguridad social.

El documento concluye afirmando “la importancia de incorporar la discusión política en el debate público, en particular, en considerar las opiniones ciudadanas como insumo para una propuesta”. Indica que eso es necesario por razones de viabilidad política cuando el debate público parece centrado en consideraciones técnicas con preponderancia de la perspectiva de los economistas. Solo si se amplía el debate, se podrá aspirar a una reforma que realmente represente un cambio integral y con legitimidad ciudadana.

LAS BASES DE UNA PROPUESTA

La Vicaría de la Pastoral Social Caritas, dejando en claro que no le corresponde sugerir soluciones técnicas, ofrece orientaciones éticas, basadas en el ethos del Evangelio, con respecto al debate público sobre las pensiones. La enseñanza social de la Iglesia siempre ha defendido los derechos de los trabajadores, fundándose en su calidad de personas humanas y su dignidad trascendente. Entre los derechos enunciados, destacan la justa remuneración y la pensión, así como la seguridad social para la vejez. La Vicaría habla de la pensión como un derecho que debe responder a la dignidad de los adultos mayores, y enumera cinco propuestas como imperativos éticos a tomar en cuenta.

La primera de ellas es “Más solidaridad en el sistema de pensiones”. La sociedad tiene la responsabilidad de cuidar a todos y cada uno de sus miembros, especialmente a los adultos mayores, como reconocimiento de la contribución que realizaron al país durante toda una vida. Enseguida expresa que “La pensión es un derecho que debe responder a la dignidad del adulto mayor”. Las actuales bajas pensiones son indignas porque afectan la condición de vida, es decir, la dignidad de los adultos mayores. Después, que “El valor de las pensiones debe primar por sobre las ganancias de las AFP”. El actual sistema está ganando progresivamente la deslegitimación ciudadana al constatar que para las administradoras constituye un negocio muy rentable. El principio del derecho a la propiedad privada está subordinado a aquel del destino universal de los bienes, para no transformarse en una fuente de inequidad ni, menos, de injusticia.

También señala “El rol del Estado en las pensiones como promotor del bien común”. La responsabilidad del Estado consiste en defender y promover el bien común en la sociedad, velando por la justicia distributiva, retribuyendo a cada miembro según su contribución a la sociedad y sus necesidades, evitando así la generación de la violencia. Finalmente, invoca la necesidad de una “Mayor participación de la ciudadanía con más información y formación”. El gran desconocimiento que existe sobre el sistema de pensiones y su funcionamiento vulnera a la ciudadanía, que debería tener un rol más activo con respecto al futuro de sus vidas. La participación activa en la vida pública es una responsabilidad ineludible de la ciudadanía, sea para reafirmar sus derechos como también para asumir sus responsabilidades frente a otros.

UN PROBLEMA HUMANO

El clamor ciudadano es claro y justo. ¿Cómo puede sobrevivir una persona pensionada que recibe menos que el sueldo mínimo? Es urgente una reforma del actual sistema. Sin embargo, esta no puede reducirse a un problema técnico con nado a los economistas, porque abordarlo adecuadamente implica considerar supuestos éticos anteriores. En otras palabras, las interrogantes sobre el rol del Estado, la injerencia del pensionado sobre sus propios fondos, lo inconveniente de una administradora que hace negocios, pero, muy especialmente, la dignidad agradecida debida a los adultos mayores que entregaron su vida para mejorar el país, son puntos clave que tienen que orientar las decisiones técnicas.

¿Es justo que las nuevas generaciones, herederas de la riqueza creada por sus antecesores, no sean solidarias con aquellas personas que jubilan?

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