Estado chileno y pueblo mapuche: nuevo Gobierno, viejas políticas

Las autoridades que asumieron en marzo insisten en vías de acción referidas al pueblo Mapuche que históricamente han fracasado, como la criminalización de la protesta social de este y la promoción del desarrollo extractivo. Las perspectivas de diálogo, única salida conducente para superar la creciente conflictividad existente en la zona, se cierran, pese a la disposición manifestada por representantes de ese pueblo.

José Aylwin

Hernando Silva

31 mayo 2018, 3:59 pm
16 mins

A poco tiempo de que Sebastián Piñera asumiera su segundo período en La Moneda, la tensión que ha sido característica en las relaciones entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche, lejos de superarse, parece incrementarse. A ello contribuyen distintos factores, como la intensificación de la criminalización y del tratamiento penal de la protesta social mapuche vinculada a sus reivindicaciones, los nuevos énfasis de la política pública hacia el pueblo Mapuche y la ausencia de perspectivas a un diálogo conducente a establecer acuerdos constructivos en nuevas formas de relación intercultural.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL MAPUCHE

No es una realidad nueva, pero la criminalización de la protesta mapuche ha recrudecido en el último tiempo. Por años el Ministerio Público y los Gobiernos de distinto sello han utilizado la Ley N°18.314 sobre conductas terroristas (conocida como Ley Antiterrorista) para perseguir a integrantes de este pueblo por hechos vinculados al conflicto intercultural. Instancias internacionales de derechos humanos han llamado al Estado a modificar esta normativa para garantizar el debido proceso y evitar su aplicación selectiva a los Mapuche, pero el 2017 se procesó a veintitrés de ellos invocando la comisión de diversos delitos contemplados en ella. Alta notoriedad ha alcanzado el juicio contra once comuneros, entre ellos, la machi Francisca Linconao, por el delito de incendio con resultado de muerte, con carácter terrorista, del matrimonio Luchsinger Mackay, por un ataque incendiario en enero de 2013. En noviembre de 2017 el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco los absolvió, pero el juicio fue reiniciado en marzo de 2018 y la Corte de Apelaciones de Temuco el 5 de mayo pasado declaró culpable del delito de incendio terrorista con resultado de muerte a tres de los once imputados pertenecientes al pueblo Mapuche —José Tralcal y Luis Tralcal, en calidad de autores, y José Peralino, en calidad de delator compensado—, y absolvió de responsabilidad penal a los ocho imputados restantes, entre ellos, a la machi Linconao.

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José Aylwin

Director Observatorio Ciudadano

Hernando Silva

Coordinador Área Jurídica Observatorio Ciudadano