Carabineros: La hora de una reforma profunda

Los casos «Operación Huracán» y «Catrillanca» han evidenciado que la necesidad de cambios en la policía uniformada va más allá del control de sus manejos presupuestarios o su autonomía fáctica respecto del poder político. La profundidad de esta crisis institucional requiere que, como país, tengamos un debate que nos permita hacer cambios más complejos y no solo parciales.

Mauricio Duce J.

15 enero 2019, 5:08 pm
19 mins

Un llamado a encarar la tarea de modernizar de manera profunda Carabineros de Chile fue lo central del artículo que escribí para revista Mensaje de julio de 2017(1). En ese entonces ya era conocido el caso «Pacogate» y se había iniciado un incipiente debate sobre la necesidad de realizar ajustes en la institucionalidad de ese cuerpo policial, manteniendo un fuerte foco en mejorar el control en el uso de sus recursos presupuestarios. En mi texto, llamaba a tener presente que las necesidades de cambio no se referían únicamente a mejorar los procesos de rendición de cuentas, control y transparencia en su área financiera, sino también a solucionar problemas severos en su capacidad de cumplir con algunas de sus funciones centrales. Esto lo grafiqué con diversa evidencia empírica disponible de problemas de desempeño en áreas tan disímiles y cruciales como la prevención y la investigación de los delitos.

Ahora, a comienzos de 2019, llamo a ir un poco más allá. No necesitamos solamente modernizar Carabineros, sino encarar un proceso de reforma verdaderamente estructural, actuando con visión de Estado y una mirada a largo plazo basada en un consenso relevante respecto de hacia dónde queremos apuntar con esta transformación.

LA PROFUNDIDAD DE LA CRISIS

Muchas cosas han pasado desde mi mencionado artículo de 2017 y hoy todo indica que efectivamente los problemas eran mucho más graves de lo que se pensaba. Lamentablemente, la crisis ha sido cada vez más intensa. Las cifras de la defraudación y el número personas imputadas en el caso «Pacogate» han continuado creciendo. De los $22.500 millones defraudados que se conocían a julio de 2017, hoy llegamos a una cifra que supera los $28.300 millones. De las 70 personas imputadas a esa misma fecha, hemos pasado a más de 135 que han sido formalizadas. Se observa así la profundidad y gravedad del problema de control financiero y la excesiva autonomía práctica que se fue adquiriendo la institución en su ejecución presupuestaria, haciéndose evidente la necesidad de cambios significativos en distintos niveles.

Sin embargo, lo recién consignado ha sido solo la punta del iceberg. A fines del año 2017 se conoció públicamente la «Operación Huracán», episodio en el que una unidad de Inteligencia de Carabineros de la Araucanía incurrió en la fabricación e implantación masiva de pruebas falsas. Tras una supuesta interceptación de comunicaciones electrónicas encriptadas (en sistemas de mensajería como Telegram y WhatsApp), detuvo a un grupo de comuneros mapuches acusados de un delito terrorista. Dicha presunta prueba habría sido clave para iniciar una persecución penal en su contra y mantenerlos privados de libertad por varios meses. Cuando se reveló el escándalo, los imputados fueron exonerados y hoy existe una investigación abierta con una decena funcionarios policiales activos procesados, llegando a los más altos niveles en la unidad de inteligencia y generando la renuncia del entonces Director General, Bruno Villalobos, al asumir el nuevo gobierno.

La secuencia de hechos continuó agravándose. El 14 de noviembre pasado, fuerzas policiales ingresaron a la comunidad de Temucuicui y, haciendo uso de sus armas, asesinaron al comunero mapuche Camilo Catrillanca. La versión oficial inicial de Carabineros consignaba que se trató de una persecución por robo de vehículos, en la que los funcionarios habrían sido atacados con armas de fuego y respondieron con disparos disuasivos, generando accidentalmente la muerte del comunero. Las versiones fueron progresivamente desacreditadas en una serie de eventos que parecieran sacados del libreto de una mala novela de suspenso, concluyéndose con la remoción del director general Hermes Soto, después de su negativa a presentar la renuncia que le había solicitado el presidente Sebastián Piñera. De la mano de esto vino una segunda renovación del alto mando, que hizo que durante el 2018 se hubieran removido más de cincuenta generales, un hecho completamente inédito.

Los casos «Operación Huracán» y «Catrillanca» nos mostraron entonces que los problemas que enfrenta la institución son profundos y exceden a las materias inicialmente consideradas. Por lo mismo, un aspecto positivo de la actual crisis ha sido generar un cierto consenso acerca de la necesidad de cambios en la institucionalidad policial. En todo evento, es muy importante no confundir los síntomas con los problemas de fondo. La necesidad de reformar a Carabineros surge de una crisis profunda que esta institución enfrenta, cuyos síntomas son los episodios recién sintetizados.

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Mauricio Duce J.

Presidente ejecutivo de Espacio Público; profesor titular Facultad de Derecho UDP