El sigilo de un sacramento

Es incuestionable la urgencia de avanzar de modo decidido en la prevención y sanción a los abusos. Sin embargo, no parece útil ni pertinente obligar legalmente a los sacerdotes a revelar información recibida en el sacramento de la confirmación.

Tony Mifsud S.J.

03 junio 2019, 1:13 pm
18 mins

El significativo número de denuncias sobre abusos sexuales, de poder o de conciencia conocidas en los últimos años ha generado en toda la sociedad una sana reacción en pro de buscar mecanismos legales e institucionales para prevenir, detectar, investigar y sancionar los casos. Constituye un buen síntoma el drástico y extendido rechazo a estos actos, así como el surgimiento de diversas propuestas para afrontarlos. Esto último es positivo, pese a lo complejas que puedan resultar algunas de las iniciativas que se sugieran. Ninguna institución ni actor de la vida pública debiera quedar al margen de un compromiso en tal sentido.

Una de las acciones que mayor repercusión ha alcanzado en las últimas semanas es la impulsada desde el Congreso Nacional en orden a incorporar en el Código Procesal Penal, específicamente en su artículo 175, el deber legal de los obispos y sacerdotes de denunciar delitos contra menores, deber que se establecería con preeminencia sobre el deber de resguardar el secreto de confesión.

Se trata de una materia de alta complejidad que, por tanto, debe ser estudiada de manera rigurosa, en vista de que podría afectar el secreto al que están obligados los sacerdotes al impartir un sacramento de suma relevancia en la vida de fe de los católicos, como es el de la confesión.

AMPLIACIÓN DE OBLIGACIÓN DE DENUNCIA

En el marco del debate legislativo que apunta a establecer la efectiva imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra menores, el diputado Raúl Soto Mardones (PDC) presentó, el 31 de mayo de 2018, una moción parlamentaria que ha estado en el centro del debate. El último paso de ese proyecto de ley se verificó el 23 de abril, cuando la Cámara de Diputados lo aprobó de manera unánime.

Básicamente, modifica el Código Procesal Penal, en su artículo 175. Este establece la obligación de denunciar delitos para personas que ejercen funciones públicas, en quienes se ha depositado un grado de confianza importante, generalmente en razón al cargo que detentan. Se propone ahora ampliar el espectro de los obligados a hacerlo, particularmente cuando se refieran a hechos ilícitos cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes y/o adultos que, por sus condiciones físicas o mentales, requieren de especial protección. Así, a ese deber de denuncia se propone incorporar a las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión, como son los obispos, los pastores, los ministros de culto, los diáconos, los sacerdotes, las religiosas u otras personas que detenten algún grado de autoridad sobre una congregación. Se argumenta que eso es necesario, porque la máxima protección jurídica posible hacia el grupo de la niñez y la adolescencia no se encontraría suficientemente cubierta con el marco jurídico actual al ser defendido el secreto confesional (cf. Boletín No 11.768-07).

Este proyecto de ley, con respecto a la Iglesia Católica, no respeta el secreto del sacramento de confesión (el así llamado “sigilo”), y, por tanto, obligaría a los sacerdotes y los obispos a denunciar a cualquier persona que se acerca confesándose del delito. Por tanto, se está en una situación de tensión entre el derecho civil y el derecho eclesiástico.

[RESTRICT PAID=TRUE]EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

El Catecismo de la Iglesia Católica explica que “la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia” (No 1.431). Por tanto, el referente principal de este sacramento es la conversión, el cambio de estilo de vida al reconocer en uno mismo todo aquello que impide poner en práctica en lo cotidiano la comprensión cristiana de la vida como un servicio a los demás, a ejemplo de Jesús el Cristo.

La forma concreta de celebración de este sacramento ha cambiado a lo largo de los siglos. El mismo Catecismo relata esta evolución: “Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su Bautismo (por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio), estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo, durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este ‘orden de los penitentes’ (que solo concernía a ciertos pecados graves) únicamente se era admitido raramente y, en ciertas regiones, una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica ‘privada’ de la Penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo” (No 1.447).

El confesor (sacerdote) no es el dueño del sacramento, sino el representante del perdón de Dios (cf. No 1.466). Por tanto, está llamado a ejercer el ministerio del Buen Pastor que busca la oveja perdida, el del Buen Samaritano que cura las heridas, del Padre Misericordioso que espera al Hijo Pródigo y lo acoge a su vuelta. “En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador” (No 1.465).

Por consiguiente, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, “la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas (CIC can. 983-984. 1388, §1; CCEO can 1456) … Este secreto, que no admite excepción, se llama ‘sigilo sacramental’, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda ‘sellado’ por el sacramento” (No 1.467).

Así, el Derecho Canónico establece que “el sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo (can. 983 § 1). Por tanto, “el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión latae sententiae (automática) reservada a la Sede Apostólica; quien lo viola solo indirectamente, ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito” (can. 1388 § 1).

La prohibición absoluta de revelar el nombre de la persona y el contenido de su confesión se debe al respeto por la intimidad y la privacidad. Es una condición humana ineludible para que el penitente se acerque al sacramento con la total seguridad de que se va a respetar la reserva de lo confesado.

DERECHO CIVIL Y DERECHO ECLESIÁSTICO

La Ley de Iglesias No 19.638, en su artículo 20, garantiza que las entidades religiosas tienen el derecho a regirse por “el régimen jurídico que les es propio”. También en las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional (artículo 73, párrafo 3), se reconoce el derecho de los ministros de culto de abstenerse de declarar en juicio sobre cuestiones conocidas a través del secreto de confesión o de confidencias de sus fieles: “La Corte Penal Internacional reconocerá el carácter privilegiado de las comunicaciones hechas en el contexto del sacramento de la confesión, cuando ella forme parte de la práctica de esa religión”.

En la actualidad existe la tendencia a incluir el secreto de confesión como si fuera un tipo de secreto profesional. Por tanto, como algo que era propio del secreto profesional del abogado y del médico o periodista, etc. Se proyecta entonces al secreto confiado al ministro de culto; en concreto, al confesor. Sin embargo, es evidente que la relación feligrés-ministro de culto no es la misma que la relación profesional-cliente. No se puede comparar una relación de prestación de servicios (a menudo, remunerados) con un sacramento que se vive en el contexto de la fe. Además, el sigilo del sacramento de la reconciliación no admite excepciones.

A la vez, el confesor, en estos casos, siempre puede retener la absolución final, bajo condición, a alguien que declara el pecado y el delito de un acto de pedofilia. El sacramento no se completa sin el arrepentimiento y su expresión en la penitencia. Por tanto, en este caso el penitente sabe que no ha recibido el sacramento. Por otro lado, si quien se confiesa es la víctima de estos abusos, el sacerdote puede usar todos los medios a su disposición para conducirla a una adecuada asistencia.

¿SOLUCIÓN O PROBLEMA?

Evidentemente, un proyecto de ley que no respeta el secreto de la confesión de la Iglesia Católica expresa la presunción interpretativa de que el sacramento de la reconciliación está motivado por una supuesta cultura de la ocultación, ocasión de la que se habría servido la Iglesia Católica tanto para defender a sus miembros que cometen este tipo de delitos como para sacar ventaja de los penitentes.

Al observar la votación unánime de la Cámara de Diputados sobre esta materia jurídica, uno se pregunta si la pasión oscureció la razón, pues no hay nada más difícil que hablar desapasionadamente de la pasión, es decir, cómo lograr elaborar un pensamiento con la finalidad de que a un crimen abominable no se superponga una dudosa solución legal.

El tema es de importancia capital, pues entremezcla escándalos sexuales que dañan a menores, ordenamientos confesionales, privacidad en las relaciones entre profesionales de la información y sus fuentes, secretos médicos, confidencialidad legal y un largo etcétera de un horizonte fuertemente tutelado por la protección de las fuentes.

Ciertamente, en este tema se pone en discusión la primera de las libertades, la religiosa. Algunos expertos en la materia también consideran que este proyecto de ley resulta anticonstitucional porque interfiere en la vida privada de los ciudadanos. El derecho humano a la privacidad y la idea de relaciones confidenciales no puede considerarse como una forma de encubrir el abuso. Solo en estos espacios respetados, en un contexto de una cultura que solo acepta y reconoce el éxito, uno puede encontrarse con sus debilidades y fracasos sin sentirse ni juzgado ni condenado, sino perdonado y con posibilidad de un nacer de nuevo. Y esto es vital. No sería saludable dar por terminado uno de los minúsculos resquicios que le quedan a la persona moderna para descargar su conciencia, obtener el perdón y cambiar de vida. También es vital para la salud de la sociedad que los espacios privados y públicos se mantengan separados.

La violación del secreto de confesión no ayudará a las víctimas de abuso ni favorecerá una resolución de abusos sexuales. Desde una perspectiva práctica, si se debilita el resguardo del secreto de confesión, las personas no irán a confesarse, mucho menos el pedófilo. Por tanto, se pierde una situación, que por muy pequeña que sea, sigue siendo una de las pocas ocasiones en que se puede intervenir para defender a las víctimas. Las reglas de la confesión existen por una muy buena razón: hacer más fáciles las cosas al penitente. Puedes confesarse sabiendo que todo lo que reveles nunca se le dirá a nadie. Una vez que esa garantía absoluta haya desaparecido, el penitente no tendría ninguna garantía real de confidencialidad, y sería, naturalmente, mucho más renuente a confesar sus pecados.

También habría que considerar que, si la ley no respeta el secreto de la confesión, el sacerdote lo hará. Entonces, la pregunta es: ¿estará el sacerdote dispuesto a ir a la cárcel antes de romper el sigilo de un sacramento? No hay que olvidar que, en la historia de la Iglesia, numerosos sacerdotes han ido al martirio por negarse a romper con ese deber de sigilo. En ese sentido, la finalidad de la medida legal no se obtendría. Por todo lo anterior, es cuestionable la pertinencia de una idea como la que propone la señalada moción parlamentaria, de discutible efectividad y, además, debilitadora de un sacramento de alta significación en la profesión de fe de los católicos. MSJ

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Tony Mifsud S.J.

Teólogo