La caída de nuestro pacto social

Las bases sobre las que hemos convivido los chilenos se han resquebrajado durante años y se ha hecho imposible continuar de la misma manera. La búsqueda de nuevos consensos requiere aceptar determinados presupuestos básicos que estarán presentes en la acción de los distintos actores políticos (1).

Pedro Irureta

06 noviembre 2019, 3:46 pm
24 mins

Un hecho puntual, rodeado de aparente racionalidad económica, fue suficiente para desnudar parte importante de nuestros precarios consensos sociales. Un panel de expertos, ajustado a la legalidad vigente y conformado por profesionales de alto nivel técnico, determinó un alza de las tarifas del Metro de Santiago a partir del 6 de octubre (2). El costo del viaje en el tren subterráneo subió hasta 830 pesos en horario punta, y las autoridades de Transportes propusieron una serie de medidas para que la población acomodara sus costumbres a este nuevo valor (3).

El alza de 30 pesos en el pasaje diario provocó reacciones inmediatas. Los llamados a evadir el pago de la tarifa, la toma de algunas estaciones de Metro, la quema de buses y la destrucción de bienes o espacios públicos, se sucedieron durante la segunda semana de octubre. Pero esos mismos hechos, así como la declaración de Estado de Emergencia en la Región Metropolitana, dejaron al descubierto los difíciles momentos que vive nuestra democracia, así como el divorcio que existe entre el mundo social y sus representantes.

Durante largos años y en gobiernos de distinta índole, hemos vistos señales evidentes de malestar social. El mundo de la cultura y de las artes lo ha venido anunciando de diversas formas; los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, fueron especialmente preclaros al colocar sobre la mesa los problemas que ellos y sus familias vivían en el Chile del siglo XXI. Y la participación ciudadana fue decayendo, de la mano de claros signos de desafección y apatía. En contraste, la inercia y la falta de respuesta se fueron acumulando a tal punto que un alza en el precio del transporte destapó los reclamos, angustias y miedos que vivimos como sociedad.

NUESTROS CONSENSOS SOCIALES

En la historia de Chile, abundan etapas de consenso y de quiebre. En el siglo XIX, los consensos de una sociedad conservadora y de orden aristocrático se quebraron en la Revolución de 1891; y los acuerdos de la sociedad chilena que irrumpió con la Alianza Liberal (1920) y posteriormente con el Frente Popular (1938), con personajes tan notables como Alessandri Palma y Aguirre Cerda, se quebraron con el golpe de Estado de 1973.

Al volver la democracia, en el año 1990, parecía que nuestros consensos más básicos sobre el tipo de gobierno y sociedad que anhelamos revivían nuevamente para quedarse en forma definitiva. Entre 1990 y 1994, Chile llegó a crecer hasta un 7,3%; y en los últimos veinticinco años, el país tuvo una tasa de crecimiento económico de más del 5% promedio. En ese mismo período, los salarios aumentaron un 150% (más que en cualquier otro país latinoamericano); nuestra institucionalidad experimentó reformas de gran calibre, como la autonomía del Banco Central, la reforma educacional o la reforma procesal penal. Asimismo, en los últimos treinta años, nuestro país se abrió a una globalización sin precedentes, su sistema financiero experimentó un notable desarrollo (solo comparable con las economías más avanzadas), y se vivieron épocas de paz social que nos alejaron de realidades pretéritas rodeadas de conflicto patológico.

En el pacto social que nos ha regido durante las tres últimas décadas, no todo ha sido refundacional. En estos años, hemos arrastrado normas de convivencia, instituciones, procedimientos y formas de resolver conflictos que vienen de muy atrás (y de las cuales muchos no se sienten interpretados). Probablemente es eso lo que ha quedado al descubierto en las últimas semanas.

LAS DEMANDAS POR UN NUEVO PACTO SOCIAL

Nuestro pacto social se está resquebrajando. Existen demasiados signos de agotamiento como para creer que las reacciones derivadas del alza de las tarifas del Metro sean simplemente un problema de orden público o de ajuste económico. Seguramente en esas reacciones se mezclan distintas motivaciones, pero una cosa distinta es no comprender la época en que se participa ni los procesos que afectan al hombre cotidiano.

Los signos de agotamiento son de muy distinta índole. El primero de ellos, y uno de los más desafiantes, es la repartición desigual de nuestro desarrollo. En efecto, según señala un informe de la CEPAL, al año 2017 el 50% de los hogares de menores ingresos en Chile accedió al 2,1% de la riqueza neta del país; mientras que el 10% concentró un 66,5% del total, y el 1% más adinerado se quedó con el 26,5% de la riqueza (4). En la propia ciudad de Santiago, hay sectores que demuestran un elevadísimo estándar de bienestar que, en algunos casos, supera al de economías más desarrolladas. Pero esa realidad choca con otras sencillamente precarias e incomparablemente inferiores. Solo por colocar un ejemplo, frente al aumento evidente del parque automotriz, un trabajador en Santiago puede llegar a demorar hasta tres horas en su traslado desde su casa habitación hasta el lugar donde presta servicios. Esta inequidad irrita y satura a cualquier pasajero del Transantiago, que no advierte mayor relación entre el alza del pasaje y la calidad del servicio. A ello podríamos agregar la segregación urbana de nuestras ciudades y los problemas de seguridad que experimentan diversos sectores: si en la comuna de Renca existe un carabinero por cada 999 habitantes, en Las Condes hay un carabinero por cada 570 habitantes.

Otra expresión del desgaste se observa en la irrupción de una nueva y más vigorosa clase media. En efecto, entre 2006 y 2017, la clase media aumentó de un 43,2% a un 65,4%, y dentro de ella hay un grupo importante que se encuentra muy cerca de los sectores vulnerables. El bienestar económico, así como el acceso a mayores niveles de prosperidad y consumo, ha traído aparejado un crecimiento en sectores medios que reclaman mayor horizontalidad en las relaciones sociales. Una visión meramente jerárquica de la autoridad (sea cual sea esta), sin mayor transparencia en las decisiones, choca frente a una nueva clase media más exigente y con nuevas demandas.

Similares reflexiones podrían formularse con respecto al mundo del trabajo. Si algo queda claro de lo ocurrido en los últimos años en Chile, es que ya no basta con repartir empleo o con ajustarse a una simple racionalidad económica. Se requiere cumplir con nuevos estándares de satisfacción. La existencia de un orden mundial globalizado, una masa de trabajadores heterogéneos, con distintos intereses y requerimientos, versus una legislación que se ha mantenido prácticamente igual en su diseño de las relaciones de trabajo, lleva a concluir que el modelo que subyace en las relaciones entre capital y trabajo no es suficiente. A ello podríamos sumar los desafíos de una revolución tecnológica que traerá como consecuencia grandes cambios en los puestos de trabajo: desaparecerán muchos cargos, pero aparecerán nuevos tipos de empleo (hoy desconocidos), cuestión que obliga a replantearse el tipo de pacto social al cual se quiere adscribir.

Los marcos normativos y el consiguiente sistema de reglas también parecen ser insuficientes. ¿Cuántos recursos judiciales deben interponerse para que el Parlamento tome nota de la necesidad de modificar la regulación de los planes de salud? ¿Qué más tiene que ocurrir para comprender la necesidad de reconocer institucionalmente a los pueblos originarios? ¿Cuántas regulaciones de políticas públicas asumirán los tribunales de justicia hasta que se resuelvan los vacíos que se evidencian en sectores claves de la sociedad? Esto, solo por mencionar algunas evidencias relevantes.

LOS PRESUPUESTOS DEL NUEVO PACTO

La búsqueda de nuevos consensos requiere aceptar algunos presupuestos básicos que estarán presentes en la acción de los distintos actores políticos.

El primero de ellos es aceptar que las relaciones sociales tienen un nivel considerable de conflictividad. Esos conflictos no son patológicos, pero naturalmente requieren ser encauzados para juridificar los intereses contrapuestos. Creer que la vida en sociedad será siempre armónica es negarse a aceptar la realidad. El problema no es la conflictividad, sino que la incapacidad para regularla.

En segundo lugar, la búsqueda de nuevos acuerdos requiere limitar las posiciones de poder. Cualquier nuevo pacto debe partir de la base de que en una sociedad democrática no existen poderes absolutos, derechos omnímodos o libertades abusivas. Todo poder, tanto en el ámbito público como en la sociedad civil, requiere de límites que permitan conjugarlo con las pretensiones de las personas que viven en sociedad. La sensación subjetiva, certera o no, de que se es víctima de abusos y de asimetrías de poder atenta en contra de cualquier pacto social mínimo.

En otro orden de ideas, la búsqueda de consensos más permanentes requiere de transacciones entre los involucrados. Cualquier sistema de reglas obliga a la transacción y a ceder espacios de poder que hoy día parecen inmutables. Dentro de esa capacidad de acuerdos y cesiones, resulta esencial tener presente que determinadas políticas públicas pudieron ser muy eficientes en otra época, pero que hoy son incapaces de responder adecuadamente una determinada exigencia social. Asimismo, hay demandas urgentes que no pueden esperar. Requerimientos vinculados a las pensiones, a las precariedades del adulto mayor, a la inestabilidad laboral, a las demandas por más y mejor educación, o a la integración social, por identificar solo algunas hipótesis, son demasiado relevantes como para creer que se puede esperar un buen tiempo antes de solucionarlas.

Por último, la democracia del futuro, la que seamos capaces de construir, exige colocar en el centro de las políticas públicas la dignidad de la persona. Ese imperativo obliga a replantear la institucionalidad y el acceso a bienes jurídicos, económicos y sociales que la inercia institucional ha impedido revisar y mejorar.

LAS DIMENSIONES DEL PACTO SOCIAL

El requerimiento en torno a un nuevo entramado social y cultural se expresa en un conjunto de temáticas que difícilmente pueden ser reducidas a un problema puntual o específico. Las respuestas que exige la actual generación no van a ser inmediatas; de hecho, la crisis del centenario (1910-1918) demoró a lo menos un par de décadas en solucionarse. Sin embargo, resulta evidente que durante los últimos años se ha venido dilatando la solución a problemas urgentes que deben estar sobre la mesa al momento de buscar consensos básicos.

1. El pacto constitucional. Cualquier acuerdo social pasa por la Constitución. Solo a partir de allí, nuestro sistema de reglas será capaz de reflejar adecuadamente nuestros consensos de convivencia. La Constitución actual, más allá de sus aciertos y defectos, tiene una concepción que recela fuertemente del mundo social, lo mira con desconfianza y sospecha, privilegiando una mirada meramente economicista de ese mundo social. Además, se trata de una Constitución que no es genuinamente aceptada por vastos sectores del país y resulta imposible avanzar en acuerdos sociales sin que una norma tan fundamental como ella encuentre un respaldo mínimo. La discusión sobre nuestro pacto constitucional quedó paralizada, como si los actores políticos actuaran sobre la base de que hacer tal discusión abriría una caja de pandora innecesaria. Lo más probable, empero, es que, si no se soluciona el tema constitucional, una y otra vez volveremos sobre nuestro Código Político negándole valor y legitimidad.

2. La asimilación de estándares internacionales. Lo que no le puede ocurrir a un país como Chile es vivir de espalda a la comunidad internacional, negándose a asimilar los estándares que otras sociedades más desarrolladas, así como organismos internacionales, han planteado como propios de una democracia estable. Ello es especialmente importante si se considera que gran parte de los hechos locales han sido la repercusión tardía y deformada de sucesos universales. Si bien Chile es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, lo cierto es que ello no ha traído consigo la incorporación de estándares superiores de convivencia e inclusión, como los que se expresan en otras latitudes.

3. Instancias de diálogo social. Uno de los problemas que enfrentamos como sociedad es que no tenemos instancias verdaderas de diálogo social. La mayor parte de las fórmulas que se han implementado suelen ser ineficaces o sencillamente no representan al mundo social. Por ejemplo, cada vez son más comunes la creación de comisiones técnicas, con integrantes repetitivos, y que a fin de cuentas terminan llegando a acuerdos puntuales que no han sido debidamente deliberados en el Congreso Nacional. Ello desnaturaliza la función del Parlamento y lo jibariza ante la propia ciudadanía. Asimismo, Chile necesita instancias formales y eficaces en las cuales empleadores y sindicatos, consumidores y grandes tiendas, o comunidades locales y grandes empresas, se reúnan y alcancen acuerdos mínimos.

4. Un nuevo trato de convivencia. Uno de los rasgos más complejos de la sociedad chilena se refleja en una convivencia social fundada en la desconfianza. La segregación urbana, el desprestigio de la vida de barrios, los problemas de seguridad, la evidente irrupción del narcotráfico, dejan al descubierto un tejido social insostenible en el tiempo. Nuestras relaciones vitales se han fundado en el consumo, y muchos ámbitos esenciales de la vida de las personas se han simplemente monetarizado o frivolizado. Esa manera de concebir la vida social reniega del concepto de comunidad e impide crecer en relaciones interpersonales fructíferas.

5. La protección de los derechos esenciales de las personas. Si bien se ha avanzado mucho en materia de resguardo de derechos fundamentales, una de las falencias de nuestro sistema es la sensación ciudadana de que no hay mayor preocupación de los actores políticos por sus derechos cotidianos. Un desafío de nuestro sistema social consiste no solo en promover y dignificar a la persona, sino que, también, hacerse cargo de problemas tan relevantes como sus pensiones, el acceso a medicamentos, los problemas de seguridad, el acceso a la vivienda y la incorporación de criterios de solidaridad al momento de resolver las contingencias sociales, entre otros. Esa sensibilidad es la que legitima a los representantes, y es la que permite profundizar la conexión entre éstos y un elector.

6. La legitimidad de los interlocutores y el vacío de poder. Uno de los problemas más graves que enfrenta la democracia chilena es el descrédito de los representantes. Ello, desde luego, se produce no solo en el ámbito político; también está presente en instituciones tan básicas como las entidades religiosas, los sindicatos, los partidos políticos, o las agrupaciones de empresarios. Y esta es, probablemente, una de las cuestiones que queda más al descubierto al momento de evaluar las reacciones frente al alza del Metro. ¿Cuáles son los grupos que están detrás de la reacción social?: desde luego, no son ni los partidos políticos ni las instituciones formales; por el contrario, es la espontaneidad de un mundo social que no se siente representado ni con sus dirigentes ni con sus estructuras de representación. Y uno de los mayores peligros de esa falta de representación, es el populismo.

RECONOCER LOS AGENTES DE CAMBIO

Las reacciones que hemos visto durante la segunda semana de octubre terminarán en algún momento. Lo más seguro es que, tras no mantenerse el alza de la tarifa del Metro, se den circunstancias para que la ciudadanía lentamente vuelva a la rutina y a la normalidad. Sin embargo, si la democracia chilena no es capaz de comprender lo que subyace bajo estos movimientos, reacciones como las vistas volverán a repetirse con otros formatos y con otras causas. Urge leer correctamente lo que hay detrás de estos acontecimientos, para así intuir cuáles son los verdaderos agentes del cambio. Y esa lectura no puede ser monopolio de puros tecnócratas e iluminados; en ella deben participar todos. MSJ

(1) Al momento de escribir la presente columna, sábado 19 de octubre, el Gobierno ya ha decretado Estado de Emergencia en la ciudad de Santiago.
 (2) El Panel de Expertos es un ente técnico y autónomo creado por la Ley Nº 20.378, de 2009, que estableció el subsidio para el Transantiago. Este panel se reúne a lo menos una vez al mes y tiene por misión el determinar ajustes mensuales a las tarifas del sistema de transporte público en Santiago, San Bernardo y Puente Alto.
 (3) La fijación de tarifas se realiza de conformidad con los criterios que entrega el Decreto Supremo Nº 140, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En su determinación se consideran las variaciones que experimenta el precio del diésel; el Índice Costo Mano de Obra Nominal (ICMO); el IPC; el valor de los lubricantes; el valor de los neumáticos nuevos; el valor del dólar; del euro; y el Índice promedio de productos importados del sector industrial (IIMI).
 (4) Por su parte, de acuerdo con la información entregada por el INE, el 50% de los trabajadores en Chile tiene un sueldo igual o inferior a $ 400.000 al mes. El 1,7% de los trabajadores obtiene montos iguales o superiores a $ 3.000.000 (Fuente: INE, Encuesta suplementaria de ingresos ESI 2018). Mientras, el nivel de endeudamiento de los hogares es de un 73,3% del ingreso disponible (Fuente: Banco Central, “Cuentas nacionales por sector institucional”).

* Artículo recibido el sábado 19 de octubre.

Pedro Irureta

Abogado, profesor Facultad de Derecho, U. Alberto Hurtado