Plebiscito: Elegir un futuro compartido

La dignidad del ser humano, tan invocada desde octubre pasado, se muestra mucho más en trabajar por un proyecto que en escapar de una amenaza.

Revista Mensaje

01 octubre 2020, 2:26 pm
12 mins

El próximo 18 de octubre se cumplirá un año de lo que algunos han denominado “estallido social” y otros “despertar social” de Chile. Este acontecimiento, y la estela que se mantuvo de algún modo hasta el inicio de la pandemia, ha tenido muchas lecturas. Por una parte, aquella que analiza la dimensión histórico-cultural que está en la raíz del fenómeno; por otra, la que subraya el aspecto delictual o violento; o aquella que, por el contrario, recalca el carácter pacífico del movimiento. Lo que parece evidente es que en todo ello hubo un descontento ciudadano que encontró esa vía de expresión. El movimiento social sacó a la luz una profunda desconfianza hacia las élites: prueba de esto es la distancia frente a los líderes políticos y la ausencia de liderazgos en el movimiento mismo. Del mismo modo, se puso de manifiesto un cuestionamiento profundo al modelo de desarrollo que, aunque mostraba buenas cifras en lo macroeconómico, estas no se traducían en justicia social ni en un mayor respeto a la dignidad de las personas.

El modelo de desarrollo, muy débil en lo social y lo político, hoy carece de las herramientas para encarar y resolver los problemas que el movimiento popular ha desenmascarado. Ese modelo de desarrollo, si bien ha entregado mucha libertad formal, ha sido inequitativo en entregar igualdad sustantiva: no todos tienen los medios para ejercer las libertades que en teoría están disponibles.

Junto con la percepción de desigualdad se ha roto la confianza en las instituciones y se ha empobrecido la vida política, desincentivando no solo la militancia partidista, sino también la participación directa. Tanto esta larga crisis de militancia, como la falta de liderazgos en varios frentes –también en los partidos–, han debilitado fuertemente el modelo político.

PREGUNTAS SIN TEMORES NI PREJUICIOS

En medio de todo el revuelo de octubre rebrotó con fuerza la idea de cambiar nuestra Constitución. Para algunos, eso fue simple oportunismo porque no se veía cómo un cambio constitucional daría solución a las demandas de la gente. Tales demandas podrían, en principio, abordarse como simple materia de ley o de ajustes al Presupuesto. Sin embargo, dada la gravedad de los problemas, es conveniente y razonable para el país hacerse a fondo la pregunta, sin temores ni prejuicios, por el cambio a la Constitución. Esa es la invitación del Plebiscito del 25 de octubre.

Cuando una Constitución no es capaz de adaptarse a los cambios estructurales o valóricos de la sociedad, corre el riesgo de verse superada por vías no institucionales. Entonces, no se trataría simplemente de cambiar la Carta Fundamental por su origen en la dictadura, sino porque, a pesar de sus 46 reformas, no está logrando adaptar las estructuras de organización política a la condición actual del pueblo ni a la prelación de valores a los que hoy se aspira como sociedad.

¿Qué preguntas afloran al presente, que pueden ser indicativas de la necesidad de generar una propuesta constitucional nueva? Sin ser exhaustivos, podríamos comenzar preguntándonos si el régimen de gobierno altamente concentrado en la figura del Presidente es sostenible en un mundo tan complejo como el actual. Añadimos también la pregunta por la descentralización del país: qué desconcentrar y qué mantener en el centro del país. También, la pregunta tan dilatada por cuáles serán los derechos sociales que es necesario consagrar en nuestro proyecto. Por otra parte, si el principio fundamental de actuación del Estado será la subsidiariedad o si quisiéramos un Estado con mayor responsabilidad en la promoción del bien común, sobre todo en materias importantes como nuestros sistemas de salud, educación, tributario o previsión social, por poner algunos ejemplos. Ha surgido también la pregunta por el uso de los recursos naturales, no solo por la minería, sino últimamente por el agua y la prioridad de su uso para el consumo de la población. Habría que añadir ciertamente la urgencia de una relación constructiva con los pueblos originarios, la valoración y promoción de sus culturas, con una visión más moderna de nación en un Estado que facilite la convivencia de naciones diversas. Finalmente, nos preguntamos por el modo en que los ciudadanos en una sociedad desarrollada no se plantean como meros receptores de beneficios ni titulares de derechos, sino como agentes de desarrollo y sujetos de responsabilidades en orden al bien común.

Tanto el tráfico de influencias como los abusos de poder han puesto de manifiesto la necesidad de reformular el sistema de rendición de cuentas y controles de los poderes públicos y sus miembros. Hay preguntas por los incentivos que se ponen a la calidad de la política y de los parlamentarios. Del mismo modo, en una época de redes sociales abarrotadas de noticias falsas, se cuestiona el derecho a la expresión de cualquier opinión por esos medios y se enfatiza la necesidad de una prensa responsable y libre, no solo de presiones por parte del Estado, sino también de los capitales que los financian. Otras preguntas surgen sobre la necesidad de contar con organismos independientes, aunque “binominalizados” entre gobierno y oposición, como el Banco Central, Televisión Nacional o el INE, y la rendición de cuentas que estos tengan. En último término, rondan desde hace tiempo preguntas por la distribución del poder al interior de la sociedad, cómo se asigna y en bien de quiénes se utiliza.

Las actuales estructuras, ¿son adecuadas para un mundo cada vez más complejo y en cambio acelerado? Frente a esa aceleración, ¿qué debería cambiar en esas estructuras y qué mecanismos requerimos para hacerlo? ¿Cuán fuerte debería ser el Estado en un mundo post pandemia? ¿En qué ámbitos la competencia y el mercado son los mecanismos legítimos de asignación económica y en cuáles no? ¿Cuáles son los estándares mínimos de protección social? ¿Cuáles son los mecanismos de inclusión social y política más adecuados en un país cada vez más educado? ¿A la búsqueda de libertad e igualdad social, sumaremos también la fraternidad? ¿Es posible hacerlo? ¿Qué preponderancia tendrá la conservación de un medio ambiente saludable para las generaciones futuras ante las necesidades de desarrollo económico de las generaciones actuales?

Todas estas son preguntas que tienen un evidente rango constitucional.

APELAR AL MIEDO ES DEGRADANTE

Al pensar una nueva Constitución será importante, evidentemente, mirar nuestra tradición y aprender de la experiencia. Pero también será necesario ubicarnos en un contexto globalizado donde muchos problemas son compartidos con otros países. Algunas de esas experiencias nos podrán enseñar a partir del camino que ellos hicieron.

El 25 de octubre habrá que escoger en plebiscito si se aprueba o rechaza iniciar el proceso de redacción de un proyecto de nueva Constitución. Es importante no confundir aceptar el inicio de un proyecto con aprobar una nueva Constitución. Esa será la pregunta en el plebiscito “de salida”, en el cual se evaluará si el resultado del trabajo constituyente es mejor o peor que nuestra Constitución actual. Decimos esto porque estos días rondan campañas basadas en infundir miedo. Se amenaza con que, si se rechaza, van a quemar el país; o que, si se aprueba, vendrá el aborto libre, o la abolición de la propiedad privada, o habrá filas de gente demandando al Estado por no cumplir una lista infinita de derechos. Rechazamos ambos discursos. Apelar al miedo es degradante y no habla más que de la pobreza argumentativa y falta de creatividad de sus promotores. Creemos que la dignidad del ser humano, tan invocada desde octubre pasado, se muestra mucho más en trabajar por un proyecto que en escapar de una amenaza.

El diálogo constituyente que se podría abrir sería un excelente canal para responder las preguntas enunciadas –y otras más, por supuesto– que rondan hace tiempo en nuestro país. Advertimos que se trata de un proceso delicado que fácilmente se puede sabotear, pero también reparamos en el peligro de tomarlo con liviandad y visión de corto plazo. Dependerá de nosotros, y solo nosotros, abordar el camino escuchándonos atentamente, descubrir los acuerdos, justificar razonadamente los desacuerdos, examinar los problemas con libertad y, tan desprejuiciadamente como se pueda, tender puentes entre los actores o grupos diversos sin aferrarse a lealtades tribales. Podemos darnos la oportunidad de reconocernos como co-constructores de un mismo país. Dependerá de nosotros, y de nadie más, decidir primero si hacer el camino, luego escoger las personas adecuadas para representarnos en este proyecto y, finalmente, escoger qué estructuras y valores conducirán a Chile los próximos años. MSJ

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