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Ley de donaciones: Fortalecer la sociedad civil

En Chile, existen hoy unas 214 mil organizaciones sociales activas (1). Según su actividad, ellas corresponden a iniciativas vinculadas a Deporte y Recreación (25%), a Vivienda, Barrio y Ciudad (24%), Trabajo e Ingresos (16%) y Educación (13%). La crisis político-social y la pandemia declarada desde marzo han multiplicado dificultades y un gran número de ellas tiene serios riesgos de sostenibilidad. En el caso de las fundaciones, han bajado también los socios que hacen aportes voluntarios permanentes. Todo esto, en un contexto en que el Estado parece incapaz de gestionar con oportunidad y eficacia los instrumentos de que dispone para esas tareas. Por otra parte, la legislación que norma las donaciones de los particulares es objeto de críticas por lo poco efectiva y lo engorrosa que puede ser en su aplicación.

Se trata, sin duda, de un asunto de gran vigencia en momentos en que todavía restan meses de restricciones sanitarias y de recuperación económica. Sobre él dialogamos con Magdalena Aninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (CEFIS) de la Universidad Adolfo Ibáñez, autora de numerosos estudios sobre el tema y articuladora de una propuesta de ley general apoyada por dieciséis centros de estudios transversal en cuanto a afiliación política. También, con Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga, dedicada a elaborar propuestas para fortalecer las políticas públicas y robustecer la sociedad civil, promoviendo alianzas con actores sociales, la academia y los poderes públicos.

José Fco. Yuraszeck S.J. (J.F.Y.): ¿Cuál es, desde su perspectiva, la contribución del tercer sector a nuestro país, y por qué es importante que el Estado se preocupe de promoverlo y cuidarlo?

Magdalena Aninat (M.A.): Un efecto positivo que ha tenido la pandemia es que ha visibilizado el rol de la sociedad civil. Al mismo tiempo, se ha hecho evidente la necesidad de la modernización del Estado, pues este no sido capaz de conocer y atender oportunamente algunas necesidades. Se ha observado mejor cómo la sociedad civil es más ágil en esas funciones y es capaz de actuar de manera más integral. La respuesta para enfrentar el hambre con las ollas comunes ha sido un ejemplo contundente estos meses.

Quiero hacer una precisión. A veces se piensa que la asociatividad de la sociedad civil es producto de una falla del Estado. Se plantea que, si el Estado funcionara bien, no necesitaríamos este tercer sector. ¡No! Es un valor por sí mismo. Importa la capacidad de asociatividad en la que los propios ciudadanos son capaces de organizarse para encontrar soluciones a problemas y desafíos que ellos mismo observan. A veces detectan temas que emergentes que afectan a una comunidad. Se trata de aportes que contribuyen al bien común, más allá de las preocupaciones privadas, individuales o familiares. Ese valor está incluso en Estados más desarrollados y más modernos. En ese contexto es necesario potenciar los aportes privados a esas organizaciones.

Arturo Celedón (A.C.): La participación de la sociedad civil es un bien en sí mismo. No solo porque la acción del Estado no alcanza, sino porque es bueno, justo y necesario que los ciudadanos y ciudadanas se involucren en los problemas públicos. Las sociedades funcionan mejor con una fuerte sociedad civil, cuidando y promoviendo las estructuras intermedias. También sabemos que los niveles de bienestar subjetivo y de integración mejoran y aumentan mientras más puntos de conexión horizontal existan. Cuando estoy presente en la comunidad de mi edificio, cuando participo en el colegio de mi hijo, tengo más puntos de encuentro y eso permite tener una mejor vida y además una mejor respuesta ante las crisis cuando estas llegan.

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