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Sugerencias de libros, edición N° 702

La estabilidad del contrato social en Chile, Guillermo Larraín Ríos. Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2021, 342 páginas.

LOS DERECHOS SOCIALES, COMO MEDIACIÓN

Amaya Alvez

Un atractivo acercamiento a la crisis institucional que atraviesa Chile ofrece este libro del economista Guillermo Larraín, quien, en una mirada multidisciplinaria, combina teoría económica y filosofía política para proponer nuevos ordenamientos institucionales. Apunta a un reequilibrio entre el Estado y el mercado, y nos desafía a pensar acerca de cómo sería posible construir un acuerdo social que combine estabilidad, gobernabilidad y justicia social.

Sin tecnicismos, expresándose siempre de manera clara, delinea soluciones institucionales específicas en varios ámbitos. Por ejemplo, asume que una nueva constitución debiera establecer un régimen político que desconcentre el poder, otorgando más atribuciones al Congreso y a las autoridades locales, y acogiendo mecanismos de democracia directa.

Al ocuparse del déficit de legitimidad que hoy aqueja a nuestra democracia, escribe desde una lógica contractualista, observando que un acuerdo social será estable en la medida en que tanto sus frutos como sus costos sean repartidos con criterios de justicia. Larraín plantea que “la razón es que la estabilidad se basa en que cada individuo tenga fuertes razones para adherir –y, por lo tanto, someterse– a las reglas del contrato social de manera voluntaria. El requisito de adhesión voluntaria es necesario para que haya libertad, y la condición de estabilidad requiere que haya una carga justa de derechos y obligaciones”.

La interdisciplinaridad es clave en la identificación de la crisis del contrato social en Chile. El autor advierte que “este es un libro de economía política” y que se ocupa de cómo las instituciones y la misma Constitución afectan el desempeño económico, los derechos sociales, el derecho de propiedad y la institucionalidad democrática. Aquí, ni la economía ni la política ni el derecho imponen un paradigma de justificación sin dialogar con las otras disciplinas. La economía se preocupa de identificar la asignación eficiente de recursos; la política, de legitimar democráticamente la institucionalidad, en general, y el mercado, en particular; y el derecho, de diseñar mecanismos para resolver los conflictos por medio de criterios de justicia. El libro expone cómo la economía no debe quedarse ensimismada en su criterio de eficiencia, y que debe responder a las demandas de democracia y justicia. En ese contexto, hay una tensión entre eficiencia y justicia que se expresa en distintas discusiones que, al no haber sido resueltas políticamente, explican en parte la crisis actual: esto lo vemos, por ejemplo, en la discusión sobre la delimitación del mercado, de los límites a la mercantilización de bienes públicos, como la educación, o bienes comunes, como el agua.

Larraín señala que los derechos sociales pueden ser finalmente una instancia de mediación entre la eficiencia económica y las demandas de justicia. Él identifica en la “intervención del Estado y la extensión del mercado” la tensión entre un espacio (el mercado) donde domina el criterio de eficiencia en la asignación de recursos y otro espacio (el espacio de lo público) en que domina el criterio de justicia en el acceso a bienes, es decir, donde el acceso está determinado por concepciones de justicia substantiva, de dignidad humana, o por concepciones de justicia procedimental, así como de igualdad de oportunidades. ¿Cómo se resuelve esta tensión? El autor canaliza argumentos, económicos y políticos y jurídicos para distinguir espacios propios para ambas esferas, las del mercado y las de lo público, concluyendo que los derechos sociales pueden ser finalmente un mecanismo para la resolución de conflictos entre eficiencia y justicia.

Según plantea, para que determinados bienes entren al espacio de lo público, es necesario que la exclusión y segmentación que produce el mercado ofendan al interés público.

Por otra parte, para Larraín el argumento no es sólo político, también es analítico. Los derechos sociales son construcciones históricas difíciles de predecir y muy heterogéneas entre países.

La distinción analítica de Larraín se vincula con el debate constituyente. En primer lugar, la exploración de la naturaleza económica y jurídica de los bienes convertidos en derechos sociales permite delimitar concretamente un ámbito de mercado (basado en la propiedad privada) para bienes con alta rivalidad en el consumo y alta facilidad de exclusión a terceros y un ámbito de derechos sociales (incluyendo bienes públicos y comunes). Pero como, según Larraín, la naturaleza económica de los bienes evoluciona, esto permite reconocer una “publificación” de ciertos bienes y servicios que exige regímenes regulatorios diferenciados y dinámicos. Clave importantísima para abogados: la desagregación de las distintas dimensiones o derechos enmarcados en la propiedad abre argumentos para la “publificación”, que no es necesariamente expropiatoria. El argumento confluye en la recomposición del contrato social por medio del fortalecimiento del Estado de bienestar, universalizando el acceso a derechos sociales, en un enfoque socialdemócrata y no estatista, porque lo público no es lo mismo que provisión exclusiva por parte del Estado.

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