El examen de un naufragio institucional

Entre 1950 y 2020, unos 216.000 menores de edad fueron abusados por clérigos y religiosos en Francia. Reflexiones a partir del informe de la Comisión independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia.

Carlos Álvarez S.J.

09 noviembre 2021, 4:37 pm
18 mins

El 5 de octubre se publicó el informe de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia en Francia (CIASE). El diagnóstico es severo y aterrador. Se trata de un fenómeno “masivo […] de características sistémicas”. El número de víctimas menores de edad en la población francesa, entre 1950 y 2020, atacadas por clérigos y religiosos, se estima en unos 216.000. Tal cifra aumenta a 330.000, si contamos los abusos cometidos por laicos y laicas vinculados a instituciones católicas. Se calcula entre 2.900 y 3.200 los clérigos y de religiosos implicados en dichos delitos. El informe señala que el número de personas que han sufrido este tipo de violencia siendo menores de edad —durante el mismo período— es de aproximadamente 5.500.000 personas. Por lo tanto, la violencia cometida por clérigos, religiosos, religiosas y laicos católicos representa cerca del 6% de este total.

Por lo anterior, se interpela a la Iglesia a reconocer su responsabilidad institucional en la violencia cometida y a emprender un camino de reforma radical. Como señala Mr. Jean-Marc Sauvé, presidente de la Comisión, “las evidencias son abrumadoras: los abusos sexuales en la Iglesia son masivos, no han terminado y hay que sacar todas las consecuencias para que el caldo de cultivo desaparezca. También debemos reparar, en la medida de lo posible, el daño causado” (1).

En el presente artículo, quisiera reflexionar sobre la formación y la metodología de la comisión, para luego abordar algunas de las conclusiones del informe. Estas nos parecen altamente pertinentes de cara a las reformas imperiosas que la Iglesia debe realizar, para responder satisfactoriamente a la crisis de los abusos y de la pedocriminalidad (2).

CONSTITUCIÓN Y METODOLOGÍA DE LA COMISIÓN

La comisión fue mandatada por el presidente de la Conferencia Episcopal (CEF) y por la presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas Francesa (CORREF) el 20 de noviembre de 2018. La persona a cargo de llevar adelante este enorme desafío fue Jean-Marc Sauvé, vicepresidente honorario del Consejo de Estado. Él mismo, sin interferencias, comenzó a formar su equipo de trabajo. La comisión fue constituida por veintiún miembros de distintas disciplinas: medicina (psiquiatría), historia, sociología, psicología, ética, políticas sociales, teología, derecho canónico y penal. Todos son reconocidos por su competencia profesional e imparcialidad, y entre ellos hay creyentes y no creyentes, así como miembros de otras confesiones religiosas, y trabajaron de manera voluntaria. Los recursos de la investigación fueron facilitados por ambas conferencias, así como el acceso a los archivos. Por razones de objetividad se decide que ninguno de los veintiún miembros sea ni víctima ni sacerdote, ni religioso o religiosa. Una vez constituida la comisión, ella misma definió su programa de investigación y de escucha a las víctimas. Su trabajo se apoyó en las investigaciones sociológicas e históricas de equipos académicos competentes en la materia.

En el informe se explicita que, si bien la comisión fue mandatada por representantes de la Iglesia católica, la misión pudo llevarse a cabo gracias a la acción resuelta de ciertas personas que fueron víctimas de abuso y que decidieron declarar y testimoniar. “Estas personas eran víctimas: ellas llegaron a ser testigos y actores de una verdad que se construía” (3). Destacamos así el hecho de que la comisión ubicó a las víctimas al centro de su trabajo, ya que los expertos rápidamente comprendieron que ellas detentan un saber único sobre las violencias sexuales.

La comisión estableció cuatro misiones: “1) Sacar a la luz: liberar la palabra, escuchar a las víctimas (menores de edad y personas vulnerables), recoger los testimonios; 2) Comprender: la comisión debe examinar cómo se han tratado o no los abusos sexuales en la Iglesia, teniendo en cuenta el contexto de las épocas examinadas; 3) Prevenir: la comisión evaluará la pertinencia y la eficacia de las medidas adoptadas por la Iglesia desde el año 2000; 4) Proponer: la comisión hará las proposiciones más aptas para ayudar al reconocimiento de las víctimas, corregir las faltas constatadas e impedir la repetición de estos dramas” (4).

Diferentes grupos de trabajo comenzaron a trabajar. El primero de ellos se interesó en las temáticas teológicas, eclesiológicas y de gobernanza de la Iglesia, ligadas al abuso. Un segundo grupo se concentró en trabajar los temas jurídicos vinculados, especialmente, a la relación entre el derecho de la Iglesia y el derecho civil y penal, y los vacíos del derecho canónico. Un tercer grupo se abocó a trabajar las temáticas vinculadas al reconocimiento, responsabilidad y reparación de las víctimas. Y un cuarto grupo se consagró a evaluar las medidas tomadas por la Iglesia a partir del año 2000. El conjunto del trabajo de esos cuatro grupos está plasmado en un informe de más de dos mil páginas, dividido en tres partes. La primera llamada —“hacer la luz”— revela la dura constatación a nivel cuantitativo y cualitativo de los datos recolectados. La segunda, titulada “revelar la sombra”, establece un diagnóstico severo, en función del contexto de las épocas trabajadas. Y la tercera parte, “disipar las tinieblas”, formula cuarenta y cinco recomendaciones para trabajar de manera apropiada las violencias sexuales al interior de la Iglesia católica.

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Carlos Álvarez S.J.