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La delicada transición hacia un nuevo Gobierno colombiano

El próximo 7 de agosto, Iván Duque se transformará de presidente electo a primer mandatario de Colombia, y a partir de esa fecha se abrirá un nuevo capítulo en la historia política del país. Las semanas que nos separan de ese momento serán de transición entre el Gobierno saliente, de Juan Manuel Santos, que se ha hecho cargo de poner la palabra fin a 54 años de conflicto armado con la guerrilla de las FARC, y comenzar un proceso similar con el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ese acuerdo no fue aceptado por todos los grupos políticos. El Centro Democrático, del que es miembro Duque, y es liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, se opuso firmemente, sobre todo en el tema de la justicia transicional que deberá aplicarse en materia de crímenes de guerra. La oposición al acuerdo se debe más bien al anticomunismo visceral de la derecha colombiana, que no tolera la presencia en el país de grupos izquierdistas. No es una oposición por razones jurídicas, puesto que durante su presidencia Uribe ha amnistiado a grupos paramilitares. Que se trate de una oposición ideológica lo demuestra también en el hecho de que en los departamentos del país más afectados por el conflicto, donde la gente ha vivido en carne propia el desgarre social de la guerra, el acuerdo de paz ha recibido un fuerte apoyo, mientras que el Centro Democrático es sólido en los grandes centros urbanos, con más población, pero también más alejados de la espiral de violencia de la guerra.

Es por ello que es riesgoso el giro que Duque y el Centro Democrático pretenden darle al acuerdo de paz, impulsados sobre todo por motivos políticos de corto plazo, y soslayando lo que está significando el regreso a la normalidad en zonas del país que vivieron en guerra durante 54 largos años. La semana pasada el Centro Democrático aplazó el trabajo legislativo del Senado en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz que deberá aplicarse en los casos de crímenes de guerra. Duque quiere pedir a la Corte Constitucional que se pronuncie al respecto. No pudo conseguir lo mismo en la Cámara de Diputados, que seguirá en la labor de preparación del reglamento. El argumento es tener claridad sobre la existencia de algún vicio de forma.

Colombia ha vivido un periodo de violencia que ha provocado el mayor número de desplazados internos a nivel mundial: 7,7 millones. Y la violencia todavía está lejos de terminar: sigue en curso el proceso de paz con el ELN, bandas criminales azotan varios departamentos y estas se han unido a ex guerrilleros de las FARC que se han opuesto a la finalización del conflicto. La actitud del “uribismo” no parece ser ni la más sabia, ni una actitud adecuada con el principio de asumir la responsabilidad de Gobierno en nombre de todos los colombianos, precisamente en el momento en que se saborean los primeros frutos de la paz. No son pocas en el país las víctimas de la violencia que incluso han perdonado a sus victimarios. Un gesto que las ennoblece y que una vez más cuestiona la actitud de un grupo político que necesita de esta polarización para marcar su identidad. Es decir, una muestra más de falta de un verdadero proyecto político.

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Fuente: http://ciudadnueva.com.ar [1]