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México: Falló «la Ley de Herodes»

La arrolladora victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en las elecciones presidenciales el 1 de julio, desmintió un viejo decir mexicano. En su fatalismo, ante la enorme manipulación y fraude de los dos partidos que han regido el país, fue acuñada la expresión: «La ley de Herodes; el que no se chinga, se jode». Recomiendo, a quien quiera conocer mejor el sistema político mexicano, ver la película homónima. Es una sátira descarnada que revela los mecanismos que permitieron al duopolio gobernante retener el poder por buena parte del siglo XX hasta hoy, cuando, por primera vez el 1 de diciembre, un candidato de izquierda ejercerá la primera magistratura.

Por su parte, Peña Nieto concluye su sexenio con un paupérrimo nivel de popularidad, que llegó a un exiguo doce por ciento. El rechazo a sucesivos Gobiernos amalgamó a una mayoría política que, como mínimo denominador común, clamaba que las cosas, así como están, no podían seguir. Que los mexicanos vieron en AMLO la esperanza del cambio está a la vista: obtuvo 53 por ciento, con una participación electoral récord de 62 por ciento. Su liderazgo no está solo, pues su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá, además, mayoría en ambas cámaras.

Muy alto en la agenda ciudadana figura el combate contra la corrupción rampante, que invade todas las actividades, públicas y privadas. Ello, con Peña Nieto a la cabeza, quien estuvo involucrado en un escándalo en 2014 por la entrega de una mansión de gran valor, conocida como la Casa Blanca, a cambio de un contrato de una línea de ferrocarril otorgado a una empresa china. Las denuncias obligaron a cancelar el negociado. Un humillado Presidente declaró ante las cámaras: «Pido perdón por la “Casa Blanca”. Cometí un error que afectó a mi familia y lastimó la investidura Presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación». El daño estaba hecho. Las palabras presidenciales sonaron huecas, al igual que el conjunto de medidas y comisiones destinadas a la lucha contra la corrupción. México figura en el puesto 135, entre 180 países —Chile está situado en el 26— (más corrupción, más arriba en la escala, que parte del uno). Esto en el ranking de Transparencia Internacional del año pasado.

Nadie, como es natural, tiene cifras exactas sobre el monto de las transacciones dolosas en México. Las estimaciones oscilan entre el dos y el diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB): es decir, entre US$ 23 mil y US$ 115 mil millones del PIB, el cual se sitúa en US$ 1.150 mil millones. Los economistas del Morena calculan que, por la mera disminución de transacciones irregulares, pueden recuperar un piso mínimo del dos por ciento del PIB. Estas cifras no hablan del daño estructural que causa la corrupción, siendo la impunidad su condición necesaria. La economía, en su conjunto, acusa el impacto de la falta de competencia y competitividad de un sistema que opera a base de sobornos. Además de la distorsión de los precios, según el World Economic Forum, el pago de comisiones y sobrepagos ilícitos eleva en diez por ciento el costo de las transacciones. La investigadora mexicana María Amparo Casar señala que la corrupción ahonda la desigualdad y detalla que un hogar que recibe en México un salario promedio «destina 14 por ciento a costear gastos de corrupción. Los hogares que perciben un salario mínimo destinan 33 por ciento. La corrupción es un impuesto regresivo, cuesta más a quienes menos tienen».

A lo largo de su campaña, AMLO advirtió que «cortaría el copete de privilegios», lo que, frente a la corrupción e impunidad, alude a eliminar una serie de fueros. En la lucha por nuevos estándares morales, señaló que el ejemplo presidencial será un referente central. El mandatario electo tiene la convicción de que, en un país presidencialista hasta los huesos, su comportamiento será seguido por muchos. De hecho, viene de anunciar que recortará su salario de US$ 14 mil mensuales —es lo que percibe Peña Nieto— a US$ 6 mil. López Obrador dijo que lo hubiera reducido más, pero, dado que nadie en la administración pública podrá percibir más que él, no quiso desincentivar a futuros miembros del gabinete que dejarán de percibir ingresos superiores en otras esferas. Reiteró además sus promesas de campaña de cortar muchos de los beneficios de la alta burocracia, como son los choferes, viajes aéreos en la clase de negocios y el recorte de los «guaruras». Así llaman a los guardaespaldas, cuyo su rol va más allá de la protección a funcionarios, empresarios y políticos. El número de «guaruras» es un símbolo del poder del personaje, sea este del sector público o privado. AMLO no se ha pronunciado sobre si será posible tener más guardaespaldas que el Presidente. Sin embargo, sí ha dicho, contra el consejo de sus asesores, que desea disminuir de manera sustantiva la guardia presidencial.

«PRECOHECHO»

En las recientes elecciones participé como observador internacional. Si la corrupción daña la economía, el cohecho hiere el alma ciudadana. Observé una diversidad de mecanismos para capturar el voto. Uno es el llamado «precohecho». Este corresponde a las presiones que ejercen las autoridades de diversos partidos para extorsionar al votante. En Ixtapalapa, un barrio de Ciudad de México, hay severa escasez de agua, de manera que amplios sectores son abastecidos por camiones aljibes. Aquellos que no desean comprometer su voto arriesgan ver disminuido el suministro. Otro tanto ocurre con otros servicios. El día de la votación abundan los que concurren en forma desembozada con pequeños trozos de papel y cintas en la muñeca. Una vez en la urna, votan y toman una foto de la papeleta, mostrando la cinta o el papel que sirve de contraseña. Luego, a poca distancia, foto en mano, cobran. En un caso, confronté al portador de una cinta. La respuesta fue: «¿Y qué? Da lo mismo quién gane. Todos roban. Al menos, yo sacaré unos pesos».

Hay numerosos estudios que señalan, con evidencia empírica, que a AMLO le fueron escamoteadas las elecciones presidenciales de los años 2006 y 2012. Destaca el trabajo del físico Jorge López Gallardo en su difundido libro ¡Basta! De fraudes electorales 1988-2018, en el que examina los respectivos procesos electorales mediante un desafiante procedimiento de análisis estadístico.

LAS PROMESAS DE AMLO

Las izquierdas latinoamericanas saben que enfrentarán una acusación: su mala gestión convertirá a sus países en una nueva Venezuela. López Obrador no fue la excepción y tampoco escapó al consabido epíteto de ser un populista que no tiene los recursos para cumplir con las promesas electorales. Ello, en todo caso, no afectó a la masa del electorado, que ha vivido décadas de estancamiento en lo que toca a la distribución de la riqueza.

México está entre los países con mayor inequidad. El uno por ciento más rico percibe 24 por ciento de todos los ingresos. El diez por ciento más acaudalado acapara 60 por ciento del total.

El otro lado de la moneda muestra que la pobreza abarca a más de la mitad de los mexicanos: 50,6 por ciento en 2016. Es una disminución pequeña en relación con el 53,1 por ciento de 1992. En lo que toca a la pobreza extrema, ella alcanza al 17,5 por ciento de la población (era 21,4 por ciento en 1992).

Ante semejante realidad, la redistribución de la riqueza es una prioridad. En su primer discurso tras la victoria, AMLO anunció que doblará las pensiones de los más necesitados. A los jóvenes, los grandes protagonistas de las elecciones, les ofertó becas y a los «ninis» —aquellos que no trabajan ni estudian—les anunció un ingreso, si se inscriben en cursos de capacitación en algún oficio. No está demás señalar que los «ninis» son tales no por opción, sino por la falta de oportunidades.

En un plano económico más amplio, la apuesta es fortalecer el mercado interno con sustitución de importaciones y respaldo del Gobierno para áreas estratégicas, como la explotación petrolera. El tema energético es clave y explica la actual configuración política del país. El PRI llegó al Gobierno en 2012 con un programa de profundas reformas destinadas a modernizar el país. Ellas incluían la educación, el sistema de telecomunicaciones, la estructura tributaria. En lo que toca a la política energética, muchos la percibieron como la erosión del poder de PEMEX, la emblemática empresa nacional de petróleo. Ello, en el marco de una reforma en «la que los hidrocarburos sigan siendo propiedad de la Nación», pero que «permitan la multiplicación de la exploración y la producción de hidrocarburos, la competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos sin privatizar PEMEX». Esta última es una fuente de recursos clave, pues aporta casi un tercio de los ingresos del Estado.

El 2 de diciembre de 2012, tres partidos —el PRI, el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— firmaron el «Pacto por México» en el cual comprometían su apoyo a las reformas, incluida la energética, que auguraba una creciente pérdida de relevancia de PEMEX. Para el PRD no fue fácil firmar un pacto con el PRI, al que pocos meses antes acusaba de fraude electoral y de haberle birlado las elecciones. La decisión de pactar fue tomada contra la opinión de AMLO, quien era candidato presidencial del PRD. Él entonces renunció al partido para formar el Morena y abrió una profunda grieta entre ambas organizaciones.

Morena cuestionó la legalidad de las concesiones realizadas por PEMEX. A pocos días de la victoria de AMLO, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aceptó la revisión de los 107 contratos firmados como consecuencia de la reforma energética. Un buen punto de partida para abordar el rubro.

Otro tema que quita el sueño a los mexicanos es la seguridad. El objetivo declarado del próximo Gobierno es des-escalar en forma gradual la calamitosa «guerra contra el narcotráfico» que es responsable de una alta proporción de la violencia actual. Para retirar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra los carteles, propone la creación de una Guardia Nacional entrenada y equipada para intervenir en la zona gris en que operan los narcotraficantes y sus aliados que trafican seres humanos. En lo que respecta a los responsables por velar por el orden, la académica Beatriz Magaloni escribe que las policías «son las instituciones en las que menos confía la población: 80 por ciento de rechazo. La ciudadanía considera que los cuerpos policiales no solo son incapaces, sino corruptos. Confían más en el Ejército y la Marina». En todo caso, como una señal de la seriedad que AMLO asigna a esta tarea ha dicho que encabezará a diario las reuniones del gabinete de seguridad.

Los Gobiernos del PAN de Vicente Fox (2000-2006) y, en especial, el de Felipe Calderón (2006-2012) buscaron una solución de fuerza frente a las organizaciones delictuales. Para todos los efectos prácticos, declararon una guerra al crimen organizado. Para ello incorporaron de lleno a las Fuerzas Armadas. Los múltiples cuerpos de policías municipales, estaduales y federales fueron reforzados por 50 mil efectivos militares. Si bien capturaron y mataron a numerosos miembros de los diversos cárteles, la inseguridad aumentó. Unas 121 mil personas murieron en el curso del sexenio de Calderón. Se estima que los homicidios bajo el sexenio de Peña Nieto podrían alcanzar a los 130 mil. El crimen que ganó mayor notoriedad fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en 2014, en Iguala. Por otra parte, más de un centenar de candidatos a diversos cargos fueron asesinados desde septiembre del año pasado.

Entre los grupos más afectados por la violencia, como era de esperar, están los más vulnerables: los migrantes. Entre ellos, las decenas de miles de centroamericanos que parten hacia Estados Unidos con la esperanza de encontrar empleos y, por la vía de las remesas, ayudar a sus familias. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo autónomo del Estado, hubo meses en que los secuestros alcanzaban a las 1.600 personas. El destino de la gran mayoría era el trabajo esclavo en fincas o pequeñas industrias, en el caso de mujeres la esclavitud sexual. Con frecuencia, sus vidas terminaban en fosas comunes.

POLÍTICA EXTERIOR

En lo que toca a la política exterior, es improbable que el próximo Gobierno asuma un liderazgo regional. AMLO estima que la caridad comienza por casa y, en rigor, los retos que le aguardan son abrumadores. La concentración en las tareas domésticas es expresada en la reiteración del respaldo al principio de autodeterminación de los pueblos. Con Estados Unidos, al igual como intentaron hacerlo Gobiernos anteriores, buscará disminuir los puntos de fricción, asumiendo la defensa de los migrantes y rechazando el racismo. México obtiene uno de sus principales ingresos externos de las remesas. En 2016 los envíos totalizaron US$ 24,1 mil millones. Este es el dinero que los mexicanos envían a sus familias desde Estados Unidos. En consecuencia, la relación con Washington es vital. Los desafíos para AMLO son tan formidables como el éxito que obtuvo en las urnas. MSJ

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Fuente: Artículo publicado en Revista Mensaje N° 671, agosto 2018.