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Rechazo del pueblo de Colombia ante intento del gobierno de reformar acuerdos de paz

Bajo la consigna “respeto a los acuerdos”, miles de manifestantes exigieron al gobierno de Colombia implementar plenamente el pacto de paz con la ex guerrilla FARC, frente a su controvertida intención de modificar una parte del texto. La manifestación tuvo lugar una semana después de que el mandatario objetara ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, considerada la columna vertebral del pacto negociado entre el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos y los rebeldes.

Asimismo, anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz y que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.

EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA

Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean ex guerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia. Ejerciendo por primera vez el derecho de la oposición a contestar una alocución del gobierno de turno, consagrado en el acuerdo de paz con las FARC, los congresistas manifestaron que la decisión implica “desacatar” una sentencia de la Corte Constitucional, genera “incertidumbre jurídica” entre los excombatientes y devuelve al país a discusiones superadas tras la firma del acuerdo.

Las reformas anunciadas por el mandatario, que no cuenta con mayorías aseguradas en el Congreso para sacar adelante los cambios, apuntan principalmente a modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC. Las partes habían acordado que ningún rebelde podría ser entregado a la justicia estadounidense por acciones cometidas antes de la firma de la paz, aunque quienes hayan incurrido en narcotráfico después de 1 de diciembre de 2016 enfrentarán una eventual extradición.

Respaldado por la ONU, el pacto de paz condujo al desarme de unos 7 mil combatientes y ha evitado la muerte de unas 3 mil personas al año. Desde el 2018 los máximos responsables de la ex guerrilla comenzaron a comparecer ante la justicia de paz.

DE ROUX: “ES RESPONSABILIDAD DE NOSOTROS LA PROTECCIÓN DE ESTE PROCESO DE PAZ”

La implementación de los acuerdos de paz en Colombia no ha sido tarea fácil, el Presidente de la Comisión de la Verdad, el jesuita Francisco de Roux, hace una declaración en respuesta a los recientes hechos que ponen en peligro el proceso.

“Invitamos a mantener el apoyo decidido a la convivencia y la reconciliación, afirma en su declaración, a que la paz deje de ser terreno de polarizaciones y de odios. El proceso que Colombia ha emprendido está en marcha y este proceso es irreversible”.

De este proceso son las instituciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se ha formado con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. El Sistema es apoyado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de todos los países amigos de Colombia. El jesuita De Roux dice que hoy es una responsabilidad máxima de todos, la protección de este Sistema, y da su apoyo a la JEP que asegura la justicia transicional para que no haya lugar a la impunidad en este proceso.

“Necesitamos una JEP robusta, rodeada de la confianza de las instituciones y de los ciudadanos, respetada en su autonomía. Y nuestro apoyo particular a Patricia Linares, presidenta de la JEP, quien ha sabido llevar los ataques institucionales y personales con grandeza ciudadana, serenidad, claridad jurídica y extraordinario coraje de mujer. La Verdad es el centro de este Sistema. Y, por primera vez, de manera única entre todas las Comisiones de la Verdad en el mundo, esta Comisión es una institución del Estado, autónoma. Es la primera vez que el Estado mismo se compromete a trabajar en el esclarecimiento de la verdad de la tragedia nacional, más allá de intereses de poder o de dinero”.

Por último, el padre De Roux dijo que como institución estatal invitan al valor ético del respeto, respeto por la majestad soberana de las instituciones del Estado. Y “pedimos —afirmó— que se exija armonía entre las instituciones como lo demanda la Constitución. Armonía entre la Fiscalía y la JEP, como se reafirmó entre el Fiscal y la Presidenta en el acto en el que estuvimos presentes. Y con más razón —aseguró— respeto entre los tres grandes poderes del Estado de Derecho”.

“Nos merecemos crecer en confianza, el acumulado de confianza, de creer los unos en los otros, es el gran capital social de un pueblo y la base fundamental de la seguridad. No permitamos que se siembre desconfianza entre nosotros. Colombia se ha ganado un lugar de honor entre las naciones del mundo como ejemplo en la búsqueda de la paz. No podemos perder este reconocimiento que nos orgullece como colombianos. A los excombatientes del partido de las FARC les pedimos que no pierdan esa confianza ante el debate político en que estamos. La paz no es un asunto de los partidos. La paz está ya en manos de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes y no va a detenerse. Nuestra mayor preocupación está en las víctimas, de todos los rincones del país. Llamamos sobre todo a mantener viva la esperanza. Hay un futuro grande en la verdad que podemos construir sobre la justicia y acogiendo nuestra diversidad y nuestras diferencias”, dijo, por último.

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Fuente: www.vaticannews.va [1]