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Revista Mensaje N° 699. «El paro en Colombia: Estallido social y represión estatal»

La aparente estabilidad de Colombia se ha visto afectada por una explosión social sin precedentes en su historia. Y es “aparente estabilidad”, porque durante años fue el conflicto con las guerrillas y el narcotráfico lo que ocupó casi por completo los medios de comunicación internacionales, ocultando así la degradación social, ambiental y la violencia sistemática contra la población. El país más desigual de América Latina(1) encubría sus problemas bajo la supuesta estabilidad de sus instituciones, vanagloriándose de ser la democracia más sólida de la región y promoviendo constantemente encuestas internas donde siempre los colombianos aparecen como los más felices del mundo.

La política sistemática de la mentira, el hambre y la miseria, la violencia constante del Estado contra los pobres, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, la desesperanza de miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación ni al trabajo, la destrucción rápida y desmesurada de los ecosistemas, el refuerzo de las políticas neoliberales en medio de la pandemia, en diversos sectores de la población fueron generando un malestar que en algún momento debía estallar, aunque pocos pensaron que sería de tan grandes proporciones.

Durante varios días, en unos seiscientos municipios de Colombia —existen 1.103 en el país—, pese a estar la pandemia en su punto más alto, miles de personas han salido a las calles. Al momento de escribir este artículo, han transcurrido veintitrés días de paro y la represión estatal ha sido tan desmesurada que las garantías a la protesta pacífica y la reforma de la policía se han ido convirtiendo en uno de los clamores principales. Al 18 de mayo se registraban 2.387 casos de violencia policial: 43 manifestantes, en su mayoría menores de 20 años, asesinados presuntamente por la policía, 384 víctimas de violencia física, 1.139 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 472 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 33 víctimas de agresiones oculares,146 casos de disparo de arma de fuego, 18 víctimas de violencia sexual(2).

Más allá de las cifras, preocupan los patrones de comportamiento de la fuerza pública: uso indiscriminado de armas de fuego, acopio de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal contra los manifestantes, lanzamiento de gases lacrimógenos a las viviendas, utilización de gases lacrimógenos vencidos, allanamientos sin orden judicial, disparos al cuerpo y a la cara de los manifestantes, retenciones ilegales bajo la figura de traslado por protección, prácticas de tortura, presencia de agentes de la fuerza pública sin identificación o vestidos de civil en medio de las protestas, cortes del servicio de luz y ráfagas de disparo, censura en las redes sociales, entre otros(3), que revelan una política donde el papel de la fuerza pública es impedir la manifestación. El hecho mismo de protestar parece ser visto como un crimen por parte del actual partido de gobierno, Centro Democrático, en el que milita el presidente Iván Duque.

PROTAGONISTAS Y MOVILIZACIONES

En las protestas estudiantiles, muy inspiradas por la experiencia chilena, que en los últimos años antecedieron a esta gran explosión social, ya se había manifestado este modus operandi del aparato militar del Estado. Pero no han sido solo los estudiantes.

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