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Una injusticia que sigue clamando a gritos nuestra solidaridad cristiana

Como una manera de poner en práctica el mensaje de apoyo que la Congregación General 36 de la Compañía de Jesús envió a “los jesuitas que trabajan en las fronteras de la guerra y la violencia”, el Presidente de la Conferencia de Provinciales jesuitas en América Latina y El Caribe (CPAL), P. Roberto Jaramillo, ha estado denunciando situaciones preocupantes de injusticia que existen en Latinoamérica y el Caribe (LAC), así como ha manifestado su solidaridad con jesuitas y colaboradores, hombres y mujeres, miembros de obras de la Compañía de Jesús que están padeciendo persecución por esta causa.

La más reciente muestra de esta solidaridad ha sido el envío a Honduras de una Misión de la CPAL compuesta por los PP. Francisco Muguiro (director de Radio Marañón, de la Provincia de Perú), Alfredo Zepeda (director de Radio Huaya, de la Provincia de México) y un servidor. La misión tuvo como objetivos:

1. “Expresar la solidaridad de los jesuitas de LAC con el pueblo hondureño, por haber sido víctima de la reelección anticonstitucional y fraudulenta de Juan Orlando Hernández (JHO) y de otras muchas violaciones a los derechos humanos derivadas de ella.

2. Dar apoyo al P. Ismael Moreno, mejor conocido como P. Melo, y al personal de Radio Progreso y el ERIC, que están siendo amenazados y agredidos por denunciar y oponerse a tan grave violación a la soberanía popular.

3. Ser testigos de lo que pudiera suceder del 19 al 31 de enero, fechas en que se tenía que definir si se anulaban o se ponían en práctica los resultados de dichas elecciones.

Junto con la misión de la CPAL, también se hicieron presentes en Honduras una delegación de la Conferencia de Provinciales de EE.UU. y Canadá, un representante del P. Provincial de la Provincia de C.A. y una delegación ecuménica muy activa de 52 personas compuesta por pastores, religiosas, religiosos, miembros de diversas Iglesias e instituciones civiles de EE.UU. y Canadá.

Las principales razones para confiar que se iba a anular la reelección de JHO son tres: 1) el hecho de que la Constitución de Honduras explícitamente prohíbe la reelección y establece que solo se puede cambiar esta prohibición mediante un plebiscito popular o una nueva Constituyente que se pronuncie mayoritariamente en este sentido. Condición que no se cumplió; 2) el repudio de un número significativo de la población en contra de un segundo mandato de JHO, manifestado en tumultuosas protestas que paralizaron parte del territorio hondureño después de que se dieron a conocer los supuestos resultados electorales. Hecho que permitió presuponer que nuevamente serían multitudinarias las protestas convocadas del 20 al 27 de enero para evitar la toma de posesión, y 3) la declaración del Secretario General de la OEA que el 17 de diciembre del 2017 manifestó que “habiendo recibido el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral en Honduras, así como el informe relativo al cumplimiento de las etapas recomendadas para el proceso de verificación, la Secretaría General de la OEA no podía dar certeza respecto del resultado de las elecciones celebradas el 26 de noviembre”, por lo que decidió “designar como Representantes Especiales para llevar a cabo los trabajos necesarios para un nuevo proceso electoral y reconciliación democrática nacional en Honduras a dos ex presidentes”.

Lamentablemente, lo que nos tocó observar durante nuestra estancia en Honduras fue una desproporcionada militarización del país: con gases lacrimógenos y balas se impidió que los innumerables intentos de movilización popular manifestarán nuevamente su repudio a JHO; el asesinato o captura de manifestantes, sobre todo de dirigentes de movimientos sociales; algunos enfrentamientos en condiciones muy desiguales, entre manifestantes y miembros del ejército, la policía y la policía militar; un efectivo cerco mediático al interior y exterior del país que impidió que los medios de comunicación, con excepción de Radio Progreso y un canal de TV, dieran a conocer la gravedad de lo que estaba sucediendo, y más bien se dedicaran a amedrentar a la población para desmovilizarla.

Hasta a mis compañeros de la misión de la CPAL, junto con otras personas designadas para recibir en el aeropuerto de San Pedro Sula a la delegación de EE.UU., les tocó ser víctimas de una pequeña dosis de represión por parte de militares. Estos detuvieron el autobús particular en el que se transportaban y arbitrariamente obligaron a bajar tanto a los hombres como a las mujeres para someterlos a una rigurosa revisión personal y de sus pertenencias.

Por otra parte, pudimos darnos cuenta que JHO recibió el apoyo del gobierno de EE.UU., el reconocimiento de los demás países de la OEA y de la Unión Europea y la oferta de colaboración del Secretario General de la OEA, quien, dando marcha atrás a sus declaraciones iniciales, terminó manifestando, el 22 de enero de 2018, “su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras”.

Todo ello contribuyó a que el 27 de enero pasado, JHO, no obstante haber sido anticonstitucional y fraudulenta su reelección, iniciara su segundo periodo presidencial y lograra contar con una mayoría en el Congreso, el control del poder judicial, el apoyo incondicional de los militares y de la mayoría de los medios de prensa, radio y TV.

En consecuencia, es previsible que en adelante el gobierno de JHO trate de contrarrestar su deslegitimidad con el abuso de fuerza, sobre todo de manera selectiva. Ya está logrando, junto con otros políticos, blindarse contra juicios de corrupción. Por otra parte, buscará impulsar programas populistas para desmovilizar y dividir a la oposición.

Con ello se abre una nueva coyuntura de mediano plazo en que el pueblo hondureño, en general, y el P. Melo y el personal de la radio y el ERIC, en particular, seguirán necesitando nuestro apoyo solidario, afectivo y efectivo. Los nuevos objetivos serán no solo contribuir a su protección y funcionamiento, sino también apoyarlos para que, junto con el movimiento social hondureño, continúen promoviendo la defensa y promoción de los DD.HH. y la construcción de condiciones objetivas que permitan un verdadero diálogo orientado a la restitución del Estado de derecho.

Lo sucedido en Honduras no solo tendrá repercusiones internas en dicho país, también reforzará la tendencia creciente en LAC a promover el fraude electoral, a defenderlo mediante la violencia militar, a querer continuar en el poder estatal al margen de la voluntad popular. Todo ello también nos invita a seguir defendiendo en cada uno de nuestros países la auténtica democracia, desde nuestro propio carisma y misión.

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Fuente: www.cpalsocial.org [1] / Fotografía: Flickr – PBS News Hour [2]. Licencia Creative Commons.