Sr. Director:
Uno de los principales rasgos de la democracia representativa radica en la distancia entre las altas expectativas que la ciudadanía deposita en sus presentantes y la limitada capacidad de las instituciones. Hoy varios candidatos ofrecen «fórmulas maestras» para resolver los dilemas. Una de las más reiteradas es la promesa de combatir el crimen organizado, convertida —según lo señalan portales como El Mostrador— en eje central de diversos programas de gobierno.
Sin embargo, muchas de estas propuestas resultan ser meramente prescriptivas, quedando atrapadas en el choque con la realidad del poder y con la crisis estructural que enfrentan los nuevos gobiernos. Como ha planteado el sociólogo Alberto Mayol, todo presidente comienza a «devaluarse» el mismo 12 de marzo, apenas un día después de asumir: emergen restricciones que no solo impone la oposición, ya que también se derivan de la compleja realidad inmediata.
Hoy todo indica que la seguridad será tema dominante. Observamos la debilidad preventiva del Estado frente a redes transnacionales que han encontrado terreno fértil para delitos violentos. Esto arrastra, además, un efecto colateral preocupante: la asociación entre migración y delincuencia en la opinión pública, con la consecuente estigmatización de comunidades específicas. El problema se agrava porque la democracia chilena misma se ve tensionada ante la incapacidad estatal, lo que genera desafección ciudadana. Volvemos, así, al punto de partida: la constante tensión entre lo que se promete en campaña y lo que finalmente se logra en el poder.
De allí la necesidad de un ejercicio político más responsable, que no alimente expectativas desmesuradas; al contrario, que busque mínimos comunes que garanticen la cohesión social. Porque, al final del día, más importante que los candidatos son el país y su futuro.
Fabián Bustamante Olguín
Doctor en Sociología