Mientras el Estado no asuma una verdadera política de rehabilitación y reinserción social, las decisiones sobre beneficios penitenciarios continuarán manejándose de forma arbitraria.

Desde hace dos décadas se ha preocupado incansablemente de la realidad de las mujeres privadas de libertad: «Es un compromiso que debe ser de todos los chilenos, porque de una u otra forma, todos nosotros también generamos delincuencia y pobreza con nuestra indiferencia». «Creo que tenemos que conocernos más. Saber quiénes son los que están en la cárcel. Ese es el desafío que tenemos como sociedad, permanentemente».

Solidaridad con los que sufren, con los pobres y marginados, será pues un imperativo para la acción.