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Las soluciones a largo plazo a la criminalidad y la violencia requieren un enfoque más holístico que aborde las causas subyacentes de estos fenómenos, como la desigualdad, la falta de oportunidades educativas y laborales, y las dinámicas de exclusión social.
INTRODUCCIÓN – LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL PAÍS
La situación de violencia en Ecuador es un fenómeno multidimensional que refleja las complejidades inherentes a las transformaciones sociales, económicas y políticas del país y la región en el siglo XXI.
La escalada de violencia, particularmente notable en el último quinquenio, puede ser entendida como el resultado de una serie de factores interconectados, que no se limitan a la estructura socioeconómica, como la desigualdad, el desempleo, la precariedad laboral, el bajo acceso a la educación, la desatención estatal; pues además se vincula con el fenómeno transnacional del narcotráfico y la criminalidad organizada. Esta situación se ve exacerbada por el debilitamiento institucional y la falta de políticas públicas eficaces para abordar la raíz de las causas de la violencia y promover la reinserción social de población en conflicto con la ley penal. Por último, no existe una política sólida y permanente para la generación de oportunidades sociales y económicas que se contrapongan a las economías ilegales.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revelan que, hasta junio de 2023, la pobreza se ubicó en 27% y la pobreza extrema en 10,8%. Ambas cifras superan los niveles de 2022. Otro dato que resulta relevante, según la misma fuente y hasta el mismo periodo, es que 4,8 millones de ecuatorianos vivián con 3 dólares diarios y 1,9 millones con 1,60 centavos por día (INEC, 2023).
La desigualdad socioeconómica constituye un terreno fértil para la violencia, ya que las personas en situaciones de desventaja a menudo encuentran pocas oportunidades legales para mejorar sus condiciones de vida, lo que puede llevar al involucramiento en actividades delictivas como medio de subsistencia. De acuerdo con los datos del INEC, a finales de 2023, la tasa de desempleo fue de 3,4%, mientras que el subempleo se registró en 21,2%. Estas cifras superan las registradas a finales de 2022. Aunque la desigualdad en Ecuador ha tenido un descenso histórico en el último siglo, al alcanzar sus cotas más altas en el año 2004, con 0,58, en la actualidad se encuentra en 0,45 (2022), pero con una estructura de desigualdad que marca una diferencia entre el campo y la ciudad (Banco Mundial, 2024).
La falta de empleo estable, el crecimiento del sector informal de la economía y la precariedad laboral contribuyen significativamente a la violencia. De acuerdo con el Boletín Técnico N° 03-2024-ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, en el periodo de octubre a diciembre de 2023 “la mayor proporción de empleo en el área urbana se concentró en el empleo en el sector formal (55,3%), lo contrario ocurre en el área rural, donde el 19,6% del empleo se encontró en el sector formal” (ENEMDU, 2024).
Sin acceso a trabajos dignos y seguros, las personas, particularmente entre los rangos etáreos más jóvenes, se vuelven vulnerables frente a las economías delictivas. El tercer trimestre de 2023 reportó que el 24,1% del total de jóvenes entre 18 y 29 años, no trabajaba ni estudiaba. El 63,6 % de jóvenes del área rural solo trabajaba. El desempleo en jóvenes llegó al 7,8% (Cámara de Comercio de Quito, 2024).
Aunque los factores socioeconómicos y sociales (desempleo, desigualdad y pobreza) favorecen a la violencia, se debe tener en cuenta que estos factores no explican por sí solos la problemática, pues los cantones más pobres, desiguales y con mayor precariedad de empleo de Ecuador (básicamente ubicados en la Sierra centro y en la Amazonía) no son los más violentos.
En el contexto descrito, es importante considerar que Ecuador está situado geográficamente en una posición estratégica entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína a nivel mundial, por lo cual se ha convertido en un país clave para el tránsito de drogas, lo que ha fomentado la proliferación de grupos criminales y la conflictividad social, que lo inserta en dinámicas transnacionales más complejas que la sola estructura social. Esta dinámica ha contribuido al aumento de la violencia, que se manifiesta en homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos que afectan directamente la seguridad, el bienestar de la población y el cumplimiento de los derechos humanos.
Según los datos de la Policía Nacional de Ecuador, en 2023 se registraron 7.592 muertes violentas, lo cual representa una tasa de homicidio de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes (Primicias, 2024), lo que ha convertido al país en uno de los más violentos del mundo, con zonas como Esmeraldas y Durán que son las más violentas de la región. En 2022 se reportaron 4.603 muertes, con lo cual en 2023 se reporta un incremento de más del 60% con relación al 2022.
Aunque la violencia medida por la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes ha crecido significativamente, el problema de la escalada de violencia no puede adjudicarse solamente a políticas gubernamentales, pues la inserción de Ecuador en el mercado mundial del narcotráfico ha sido gradual desde los años 90 y se fue consolidando durante décadas, aunque el estallido de la violencia sea un fenómeno más bien reciente (Carrión Mena, 2023). Por supuesto, la escalada de violencia ha creado un imaginario social sobre lo inédito de la situación, pero esto no se compagina con el carácter gradual del crecimiento de los negocios ilícitos en el país. La violencia puede ser explicada por varios factores, como una mayor inserción del país en el negocio transnacional, los cambios en el mercado regional de las drogas tras la pandemia, entre otros.
La respuesta del Estado ecuatoriano a esta problemática ha privilegiado la perspectiva securitista, incluyendo estrategias de militarización y propuestas para la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecimiento de penas. Desde el pasado 8 de enero, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción para todo el territorio nacional por grave conmoción interna. Medida vigente por 60 días, esto es, hasta el 8 de marzo de 2024. Este decreto implica la limitación de: i) libertad de reunión, ii) inviolabilidad de domicilio, iii) inviolabilidad de correspondencia y iv) libertad de tránsito (Detons, 2024).
Las alternativas securitistas constituyen un conjunto de políticas públicas y estrategias implementadas por el Estado con el objetivo de garantizar la seguridad interna y el orden público, particularmente en respuesta a fenómenos de violencia y delincuencia organizada. Este enfoque se caracteriza por la priorización de medidas de seguridad, que a menudo involucran el incremento de la presencia y capacidad de acción de las fuerzas del orden, así como el fortalecimiento del marco legal para la persecución de delitos.
En el contexto ecuatoriano, las alternativas securitistas han incluido la militarización de ciertas áreas o contextos específicos donde la incidencia de la violencia y la actividad de grupos delictivos es particularmente alta. Esta militarización se traduce en el despliegue de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna en el territorio nacional y de manera específica en los centros de privación de libertad, una práctica que, aunque busca reducir los niveles de violencia y criminalidad, también ha suscitado debates sobre los derechos humanos y la adecuación de las respuestas militares a problemas de seguridad pública. Cabe recalcar que la Constitución del país especifica el rol de las fuerzas armadas fuera de la seguridad civil, por lo que se apela a reformas en este sentido a través de una consulta popular.
En el contexto ecuatoriano, las alternativas securitistas han incluido la militarización de ciertas áreas o contextos específicos donde la incidencia de la violencia y la actividad de grupos delictivos es particularmente alta.
La propuesta para el endurecimiento de las penas a través de reformas al COIP es otra faceta de las alternativas securitistas. Esta medida busca disuadir el cometimiento de delitos mediante el incremento de las sanciones penales, operando bajo la lógica de que penas más severas resultarán en menores incentivos para la actividad delictiva. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia es objeto de debate tanto en el ámbito académico como en el ámbito social.
Las alternativas securitistas reflejan una aproximación principalmente punitiva y de mano dura a la problemática de la seguridad, centrada en la fortificación del aparato represivo del Estado y en el endurecimiento del sistema penal. La eficacia de estas medidas en la reducción a corto plazo de ciertos índices de criminalidad puede ser atribuible a la visibilidad inmediata de la acción estatal y el efecto disuasorio que la presencia reforzada de fuerzas de seguridad y la severidad de las penas pueden generar sobre “potenciales infractores”. Si bien estas medidas pueden ofrecer resultados a corto plazo en la reducción de ciertos índices de criminalidad, también es importante considerar sus posibles efectos colaterales, incluyendo la estigmatización y marginalización de comunidades vulnerables, así como el riesgo de violaciones a los derechos humanos, elementos que tienen gran impacto sobre el tejido social a largo plazo.
Uno de los efectos de este tipo de medidas es la vigilancia dirigida hacia ciertos grupos sociales, basadas en preconcepciones de riesgo y peligrosidad asociadas a características como la clase, raza, etnia, edad o lugar de residencia. Esta focalización puede reforzar estereotipos negativos y perpetuar un ciclo de desconfianza que conduce a la “racialización de la problemática” y la consecuente erosión del tejido social. La marginalización resultante de estas prácticas dificulta la integración social y económica de estas poblaciones, contribuyendo indirectamente a la perpetuación de dinámicas delictivas al limitar las oportunidades económicas y sociales de la población.
De otro lado, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en contextos donde su entrenamiento y mandato están orientados hacia la defensa nacional más que hacia la gestión de dinámicas sociales complejas, puede resultar en un uso excesivo de la fuerza o detenciones arbitrarias. Estas acciones no solo afectan a los individuos directamente involucrados, sino que también pueden generar un clima de temor que deteriora la credibilidad de instituciones estatales.
Un tercer elemento importante a considerar es que el endurecimiento de penas, debe estar acompañado de una política de rehabilitación social que permita procesos de reinserción para la población privada de libertad. Entre 2006 y 2021, la población privada de libertad en Ecuador aumentó en un 132% (CIDH, 2022). El encierro de la población no garantiza la solución de la problemática de criminalidad y violencia. Se requiere de una perspectiva integral que dignifique, genere capacidades y fortalezca el tejido social.
La evidencia sugiere que las soluciones a largo plazo a la criminalidad y la violencia requieren un enfoque más holístico que aborde las causas subyacentes de estos fenómenos, como la desigualdad, la falta de oportunidades educativas y laborales, y las dinámicas de exclusión social. Es fundamental que cualquier intervención estatal en materia de seguridad cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, asegurando que las medidas adoptadas no solo sean efectivas, sino también justas y respetuosas de la dignidad de todas las personas involucradas. Esto implica un balance entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos fundamentales, orientando las políticas públicas hacia una visión más inclusiva y respetuosa de la diversidad social y comunitaria.
— Banco Mundial (2024). Índice de Gini – Ecuador. https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EC
— Boletín Técnico N° 03-2024-ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), IV Trimestre 2023.
— Cámara de Comercio de Quito (2024) Empleo Juvenil en Ecuador: Oportunidades y desafíos para el 2024.
— Carrión Mena, F. (2023). La violencia en el Ecuador, una tendencia previsible. Ecuador Debate, 117, 15-40.
— CIDH (2022) Informe Personas Privadas de Libertad en Ecuador.
— Detons (2024) D Decretos Ejecutivos No. 110 de 08 de enero de 2024 y No. 111 de 09 de enero de 2024. https://www.dentons.com/es/insights/articles/2024/january/12/decretos-ejecutivos-no-110-de-08-de-enero-de-2024-y-no-111-de-09-de-enero-de-2024#:~:text=2024%20y%20No.-,111%20de%2009%20de%20enero%20de%202024%2C%20el%20Presidente%20de,la%20Constituci%C3%B3n%20de%20la%20Rep%C3%BAblica
— Human Rights Watch. (2021). World Report 2021: Events of 2020. New York: Human Rights Watch.
— Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2023), Indicadores de Pobreza y Desigualdad.
— Primicias (2024) Las cifras que convirtieron a Ecuador en el país más violento de la región en 2023 https://www.primicias.ec/primicias-tv/seguridad/ecuador-pais-violencia-latinoamerica-homicidios/
Imagen: Otakudog, FreeImages.
