Sr. Director:
Pueden ser razonables algunos fundamentos del proyecto de ley que tramita el Senado para prohibir a los docentes que envíen tareas para el hogar. Sin embargo, ¿realmente la sobrecarga de ellas es hoy uno de los problemas de fondo en la educación? Y, si así fuera, ¿le corresponde al Congreso resolver esta cuestión? ¿No debería ser la propia escuela la llamada a liderar una solución al respecto? ¿Por qué no lo ha hecho?
Una respuesta es que la escuela, como sistema, vive hoy una tensión que la distrae de su verdadera misión. Ella es receptora de la neurosis de nuestra sociedad profundamente individualista, centrada en el consumo y la competencia. En ella no somos ciudadanos, sino consumidores que exigimos derechos, pues pagamos. Esto se expresa al interior de la comunidad escolar, desvirtuando objetivos.
Desde una perspectiva humanista y trascendente, la escuela busca formar personas íntegras, capaces de desarrollar habilidades intelectuales, emocionales y sociales que las faculten para construir su proyecto de vida. Se suponía que el cambio a una Jornada Escolar Completa (mayo, 1996) ayudaría a esa finalidad. La favorecería por medio de la música, el arte, el deporte, el teatro. Pero ¿qué hicimos con ese espacio? Lo llenamos de más contenidos tradicionales, ¡pues los alumnos debían mejorar sus resultados académicos! Hoy sabemos que el impacto de este cambio fue escaso. La obsesión por los puntajes (SIMCE y PSU) fue creciendo y la escuela empezó a invadir el espacio de la casa. Que los profesores manden tareas es expresión de un modelo escolar que ha perdido el foco de su misión. Se buscan resultados y no una educación verdaderamente integral.
¡Y ahora resulta que serán los senadores de la República quienes van a corregir esta situación! La señal no puede ser peor. Quitar autoridad a los educadores, e impedir que ejerzan los criterios propios del ejercicio de su profesión, solo debilita a la escuela como sistema, minimizando el rol de los profesores ante la comunidad. Flaco favor. La singularidad, el ritmo de aprendizaje o el nivel de exigencia son cuestiones propias del quehacer educativo. No las pueden administrar los apoderados, los sostenedores ni los legisladores.
Por un lado, declaramos inclusión y formación integral, pero, por otro, seguimos actuando con la misma inconsistencia de siempre; dando señales equívocas y no apuntando al fondo de la cuestión. Lamentablemente, una vez más, en relación a la escuela y sus desafíos, volvemos a colocar “la carreta delante de los bueyes”.
Juan Ignacio Canales — Profesor
