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En este país, la violencia contra las comunidades, y en particular contra los defensores de tierras, está íntimamente relacionada con la expansión de modelos económicos extractivistas vinculados a la minería, la tala ilegal o la agroindustria, y las empresas están implicadas en las agresiones, así como el crimen organizado y agentes del Estado, que participan directamente o por omisión.
