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Se trata de un pilar esencial para preservar la libertad académica, a partir de la cual se hace posible el aporte de las universidades a la sociedad, pero hoy afronta riesgos evidentes, tanto externos como derivados de sus propias dinámicas internas. Estas instituciones están desafiadas a mantener una vigilancia activa de las amenazas a su autonomía, entre las que pueden estar injerencia del Estado, factores financieros o mecanismos de cancelación de la expresión de ciertas ideas. [También disponible en audio]
La autonomía universitaria es de gran relevancia para el devenir del país, ya que se vincula con la búsqueda de la verdad, la libertad de pensamiento, la mirada crítica de la sociedad y, en el caso de las universidades católicas, se relaciona con el valor de lo trascendente, en la búsqueda del diálogo fe-razón, es decir, de un bien mayor para la sociedad. Es crucial, ya que se refiere al grado de libertad de que gozan las universidades para tener su propio gobierno, definir su misión y proyecto académico, sus líneas de desarrollo estratégico, la libertad académica de sus profesores, los programas académicos, la contratación de sus docentes, el desarrollo de la investigación y la administración de sus recursos financieros; todo esto, sin tener impedimentos o injerencias externas.
La autonomía universitaria es un componente esencial del buen funcionamiento del sistema universitario, vinculado estrechamente a la libertad académica y a la calidad de la educación e investigación, su entrega y aporte a la sociedad. Es importante revisitar estos conceptos porque tanto en Chile como a nivel internacional hoy existen tensiones crecientes sobre la autonomía universitaria, debido a factores políticos, financieros, sociales, religiosos y también culturales.
Desde el origen de las universidades —hace casi mil años—, el tema ha estado en tensión, ya que su autonomía es clave y es una condición necesaria para que aporten de manera crítica a la sociedad, a través de la formación integral de los jóvenes, la investigación y su aporte social, y cultural al país.
Existen diferentes modelos de gobierno universitario, que se relacionan con las características de cada universidad. Difieren en sus mecanismos de elección de autoridades, estructuras de gobierno corporativo y en el rol e influencia de cada uno de los estamentos que están involucrados. Independientemente del tipo de estructura, en cada caso lo relevante es contar con estatutos y reglamentos objetivos, transparentes y conocidos, que permitan seguir sus directrices y establecer normas oficiales y aceptadas por la comunidad universitaria. Esto contribuye a una gestión institucional legítima, convocante y respaldada por los distintos actores de la comunidad.
De esta forma, la gestión universitaria debe regirse por una serie de principios éticos que aseguren su legitimidad y eficacia. La transparencia en la presentación de resultados, cifras e indicadores objetivos es relevante en el desempeño institucional. Esto es esencial para generar confianza y evitar la desinformación. La rendición de cuentas frente a las autoridades y a la comunidad no solo implica el cumplimiento de las normativas legales, sino que conlleva también la disposición a explicar decisiones y corregir errores. La participación de la comunidad universitaria fortalece el sentido de pertenencia y legitimidad en los procesos de toma de decisión, garantizando que todos los actores sean escuchados y valorados.
No hay duda de que las universidades enfrentan múltiples tensiones, siendo una de las principales la que se da entre la autonomía universitaria y las crecientes exigencias de control y auditoría externa, que en ocasiones puede limitar la libertad académica. La existencia de un código de ética institucional, debidamente difundido y aplicado, puede orientar la conducta de los diferentes actores universitarios, sirviendo de referencia en la resolución de dilemas éticos. Así, la formación ética puede permear todos los niveles de la institución, desde las autoridades unipersonales hasta los estudiantes, promoviendo una cultura de compromiso y responsabilidad compartida. De esta manera, la ética en el gobierno universitario se convierte en un aspecto clave para sostener la credibilidad y relevancia de las instituciones de educación superior.
En las últimas décadas, la gobernanza universitaria se ha consolidado como un eje central en los estudios de educación superior, dada su relevancia para comprender cómo se estructuran, gestionan y transforman estas instituciones en los distintos contextos nacionales e internacionales. Los modelos de gobernanza universitaria han sido influenciados por las reformas que redefinen las relaciones entre el Estado, las instituciones no estatales de larga tradición y las universidades privadas fundadas en los últimos treinta y cinco años en nuestro país.
Lo descrito ha impulsado una mayor autonomía organizacional, la profesionalización de la gestión y exigencias de mayor rendición de cuentas. No obstante, la autonomía institucional no ha significado una desvinculación del control estatal, ya que los gobiernos han participado activamente en la configuración del sistema mediante políticas públicas, regulaciones y mecanismos de aseguramiento de la calidad. Si bien la literatura sobre gobernanza universitaria ha avanzado en la descripción de estos procesos, suele centrarse en los aspectos estructurales, funcionales y organizacionales, relegando a un segundo plano los componentes éticos, que en la práctica son inherentes a todas las decisiones institucionales.
Desde los orígenes de las universidades en Occidente, la autonomía ha sido considerada un valor fundamental, ya que toda universidad debe ser —y desarrollarse— de manera libre. Ya von Humboldt, en su diseño de la Universidad de Berlín (1810), defendió que la misión universitaria debía basarse en la unidad de investigación y docencia bajo el principio de libertad académica. Proclamó que la universidad debía estar libre de injerencias externas para permitir la búsqueda desinteresada de la verdad, sin estar sometida a intereses políticos o de la sociedad. Por su parte, el cardenal John Henry Newman, en su libro Idea de la Universidad, destacó que la universidad debía cultivar el conocimiento por sí mismo, sin dependencia de la utilidad económica o técnica, para lo cual eran necesarias la autonomía y libertad donde el saber dialogara con las humanidades, las artes y las ciencias. Posteriormente, se ha vinculado la autonomía universitaria con la libertad académica, el pluralismo, la crítica social y cultural1.
En la universidad el permanente esfuerzo por la búsqueda de la verdad debe ser siempre libre, no debe estar subordinada a intereses particulares. Esta es la única forma de proclamar el sentido de la verdad, que está en el centro de la libertad académica y del respeto por la dignidad de la persona. La misión, identidad y autonomía de las universidades católicas, está nítidamente expresado en cartas, encíclicas y en la propia Constitución Apostólica de San Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae cuando expresa «La universidad goza de aquella autonomía institucional necesaria para cumplir sus funciones y garantiza a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común»2.
De acuerdo con lo que se ha expresado, desde sus orígenes las universidades han considerado la autonomía como un valor fundamental, y su cautela es una de las principales tareas de quienes las lideran. A través de cuidar este preciado valor, se enriquecen el currículo y la docencia universitaria, la investigación y su aporte a la sociedad, así como la sustentabilidad financiera y su relación virtuosa con las comunidades de base y la sociedad.
Esta autonomía puede verse afectada por frentes diversos, algunos de los cuales pueden estar interrelacionados.
El primero dice relación con la injerencia del Estado. Sin duda, este debe velar por la calidad académica y la estabilidad financiera de las instituciones, para así responder a la confianza de las familias y los estudiantes. Sin embargo, en los diferentes gobiernos y autoridades —desde hace largo tiempo y en todos los países— suele existir la voluntad de influir y regular el sistema de educación superior más allá de los límites que establece la misma legislación. Un ejemplo es el serio conflicto en torno a la autonomía académica y la entrega de financiamiento para labores de investigación, que se ha presentado entre el actual Gobierno de Estados Unidos y prestigiosas universidades líderes a nivel mundial.
En nuestro país, la presentación del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) también afecta seriamente la autonomía universitaria. Lo hace, pues deja al Estado a cargo de financiar a los primeros nueve deciles de los estudiantes, eliminando el copago, lo que significa un riesgo a la autonomía, una dependencia de los Gobiernos de turno y una exposición muy significativa a los futuros vaivenes de las cuentas fiscales. Ningún país está libre de estos riesgos, que se presentan afectando de manera muy significativa el desarrollo de las universidades.
Por su parte, en las universidades católicas, cuya misión y visión se alinean con el magisterio de la Iglesia y cuya labor se orienta a la búsqueda trascendente de la verdad, es central que el rol de las autoridades de la Iglesia quede claramente delimitado. Ya se ha citado la constitución Ex Corde Ecclesiae, que destaca la autonomía de las universidades, lo que es garantía de la seriedad y profundidad de su tarea académica al servicio de la sociedad. Así, debe existir un adecuado respeto y diferenciación con las labores de docencia, formación, investigación y creación de nuevo conocimiento, junto con la vinculación con el medio con el que interactúan y sirven las universidades.
Desde una perspectiva interna, también existen riesgos asociados a la captura de las instituciones por parte de los estudiantes o profesores. Esto puede manifestarse a través, por ejemplo, de las tomas de los espacios universitarios, limitando el libre desarrollo de las labores universitarias, impidiendo que se realicen las tareas propias de la institución, las que favorecen a estudiantes, profesores, personal profesional, administrativo y a la sociedad en su conjunto.
Así también, se afecta a través de diversos actos de cancelación de expresión de ideas, o a través de acoso presencial o por redes sociales, que se han visto entre estudiantes. Esto también ha incluido a profesores, fenómeno muy dañino, observado tanto en Chile como en el extranjero.
Asimismo, es afectada la autonomía cuando se propende a la perpetuación de un pensamiento único a través de influir en los procesos de contratación de académicos, con decisiones sesgadas que pueden tener razones políticas, culturales o de intereses personales, consolidando así lo que se ha llamado una «voz oficial y continua» al interior de una facultad, escuela, instituto o departamento de la universidad. Esto sin duda limita y empobrece la riqueza de ideas diversas, diferentes y complementarias. Estos riesgos son reales, están presentes y se han observado de manera frecuente en nuestro sistema universitario nacional desde hace muchos años.
Otro factor de riesgo es el financiamiento universitario. Este debe ser estable, planificado con cautela y prudencia para evitar endeudamientos más allá de lo razonable, cuidando las líneas de crecimiento y desarrollo de cada institución. En los últimos años hemos observado un número importante de universidades que han tenido problemas financieros por asumir riesgos mayores a lo prudente, terminando en un gran endeudamiento, pérdida de autonomía, situaciones muy críticas de desvinculaciones masivas y, en casos extremos, riesgos de la sostenibilidad y las proyecciones del proyecto universitario.
En quinto lugar, hay riesgos con los recursos que pueden ser aportados por privados a las instituciones. Las universidades, al requerir aportes externos tanto de personas naturales como de empresas para su crecimiento en áreas específicas, llevan adelante campañas de donaciones ampliamente difundidas en la sociedad. A través de estas iniciativas se busca constituir fondos patrimoniales o endowment para su desarrollo. Sin embargo, estos aportes, que son necesarios y de gran relevancia para el necesario crecimiento de las universidades —y a través de este entregar un mayor aporte al país—, deben realizarse sin condiciones y con total prescindencia de las políticas de docencia e investigación; es decir, sin afectar la autonomía institucional, garantizando la libertad de desarrollo del proyecto universitario.
Las condiciones y amenazas descritas están siempre latentes y se pueden presentar sin aviso, por lo que las autoridades de la institución —y, en especial, su máxima autoridad—, deben estar alertas y mantener siempre la capacidad para detectarlas, adoptar las medidas apropiadas y resguardar así la autonomía universitaria.
En nuestro país, la presentación del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) también afecta seriamente la autonomía universitaria.
Debido a lo descrito, sin duda es importante implementar medidas para resguardar la necesaria autonomía universitaria.
En primer término, es necesario contar con estatutos universitarios que expliciten las condiciones del trabajo universitario. En algunos países esta autonomía está incluso consagrada en la Constitución. Por cierto, para resguardarla, se necesitan liderazgos competentes, un sistema formal y conocido de elección de autoridades académicas, estructuras de gobierno interno bien diseñadas y personal administrativo con capacidad técnica.
Por otra parte, es importante el control de calidad y evaluación de los procesos, transparencia en las decisiones y presentación de resultados, con adecuados sistemas de gestión y evaluación interna.
Junto a esto, es clave tener políticas que resguarden la libertad académica, la integridad del currículo, presencia internacional y redes académicas de solidaridad que puedan apoyar en situaciones difíciles.
En el aspecto financiero, se requiere diseñar presupuestos acordes a la realidad de la institución, registros y mecanismos de rendición de cuentas que sean transparentes, conocidos, con rendición estricta de los recursos públicos y presupuestos que favorezcan la diversidad de la misión de toda universidad.
La autonomía universitaria constituye un pilar esencial para preservar la libertad académica, el desarrollo de la docencia e investigación, la calidad e innovación, y el aporte de las universidades a la sociedad. El Estado debe velar por la calidad académica a través de los sistemas de acreditación institucional. En estas líneas se han descrito los riesgos que pueden afectar la autonomía universitaria, tanto desde el frente externo, como también desde su interior debido a las dinámicas de la propia institución.
El desafío es mantener una vigilancia activa de las formas de vulneración de la autonomía, implementar medidas para resguardarla y realizar las acciones que fomenten su cuidado y desarrollo. En el largo plazo, sin duda, la autonomía universitaria es vital para el desarrollo y aporte de la universidad a la sociedad. Analizar, intercambiar experiencias y debatir es muy importante para prevenir estos riesgos descritos. De esta manera, se favorece el desarrollo institucional y el aporte al país de las instituciones universitarias.
1 Ver, por ejemplo, «Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior», artículos 17 a 21, presentada en la 29ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, 11 de noviembre de 1997. Esta declaración ha sido posteriormente referenciada por diversos organismos internacionales sobre la materia.
2 Constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, 12, 15 de agosto de 1990.
