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El presidente Rodrigo Paz Pereira asumió el 8 de noviembre tras irrumpir con fuerza en la etapa final de la campaña presidencial boliviana: desplazó a toda una generación de políticos y puso fin a la hegemonía del Movimiento al Socialismo, MAS, el que ya se encontraba muy fracturado por diversas disputas. [También disponible en audio]
Es conocido el difícil momento que atraviesa Bolivia, tanto en materia de gobernabilidad, como en su economía. En principio, el nuevo gobierno, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, tiene las bases suficientes para garantizar el funcionamiento institucional, además de la legitimidad que le confiere su victoria y una importante bancada en el Congreso. Entre sus primeras decisiones, estuvo un acercamiento con las fuerzas de Unidad, partido que postuló al empresario Samuel Doria Medina en la primera vuelta. La suma de las dos bancadas garantiza una buena relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por otra parte, los sectores de la Alianza Libre, que apoyaron a Tuto Quiroga, ven con relativa simpatía a la nueva administración, superando los roces de la segunda vuelta presidencial.
El flamante presidente procedió a designar su gabinete, concentrándolo en catorce secretarías (anteriormente eran diecisiete) y la síntesis muestra una conjunción de exfuncionarios de organismos internacionales (especialmente, económicos), exministros, empresarios y profesionales. Al mismo tiempo, el gabinete refleja el entendimiento con Samuel Doria. Una cuota del nuevo gobierno también lo representan exfuncionarios que acompañaron a su padre, Jaime Paz, cuando fue presidente.
En el estratégico Ministerio de la Presidencia asumió José Luis Lupo, exdirectivo del Banco Interamericano de Desarrollo BID y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), exministro. Fue el candidato a vicepresidente que acompañó a Samuel Doria en la primera vuelta. Por su parte, el exfuncionario internacional Fernando Aramayo encabeza la Cancillería. El economista de tendencia liberal, José Gabriel Espinoza, tendrá a su cargo el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras Sergio Medinaceli quedó a cargo del Ministerio de Hidrocarburos, e interino en Minería. El exdiputado del MIR, Marco Oviedo, que también fungió de ministro del Interior en tiempos de Jaime Paz, asumió ahora como ministro de Gobierno. En Justicia fue nombrado Fredy Vicovic.
Una grave crisis sacudió a Bolivia los últimos meses de la administración presidencial de Luis Arce. La escasez de combustible virtualmente paralizó a amplios sectores de la economía: Bolivia carecía de divisas para importar combustible, a raíz de la caída de las exportaciones (especialmente, gas) y al agotamiento de las reservas estatales. Todo esto, con el precio del combustible subsidiado.
La molestia generalizada de la sociedad boliviana contra la situación explica en gran parte el resultado electoral. La campaña tuvo como epicentro esa crisis. La escasez de combustible semi paralizó las actividades económicas, se produjo desabastecimiento, la inflación golpeó y la bronca se dirigió contra el gobierno. Su candidato solo obtuvo un 3% de la votación y la oposición fue asumida desde la derecha hasta Evo Morales, quien llamó a sus partidarios a tomar carreteras y bloquear el país. Dado que ese remedio era peor que la enfermedad, el propio Morales figura entre los derrotados, porque si bien llamó a anular el voto, al final quedó fuera del gobierno y del Congreso.
Bolivia enfrenta un doble desafío: necesita un plan de reactivación de su economía (donde la normalización del suministro de combustible es vital) y definir cuál ha de ser la estrategia de desarrollo a adoptar, más allá de la coyuntura.
El PIB boliviano no supera los 50 mil millones de dólares anuales. Desde que asumió el MAS, se trató de impulsar un proceso industrializador, cuyo balance es malo. Como se sabe los gobiernos de Evo se beneficiaron con el incremento de las exportaciones de gas: algunos calculan en 60 mil millones de dólares las divisas ingresadas. Con ello se impulsó un gran programa social de inclusión —uno de los principales logros del llamado «proceso de cambios»— y se llevaron adelante valiosas obras de infraestructura, como el colosal teleférico de La Paz. Cuando las exportaciones de gas se fueron agotando, el ritmo del gasto público se mantuvo y este se financió echando mano a las reservas en divisas, hasta que estas empezaron a agotarse. Hoy Bolivia necesita recursos frescos para resolver sus necesidades más inmediatas.
Por otra parte, Bolivia requiere avanzar en su gobernabilidad. En principio, el contundente triunfo de Paz Pereira le otorga una sólida legitimidad interna y externa. Con su Partido Demócrata Cristiano boliviano obtuvo 16 senadores (de 36) y 49 diputados (de 130). Aclaremos que no todos son militantes del partido, pero sí leales a Rodrigo Paz. Con la alianza establecida con Unidad, de Doria Medina, puede sumar 7 senadores y 26 diputados más. O sea, tiene mayoría en ambas cámaras a lo que pueden agregarse algunos parlamentarios de Libre. Resumiendo, el flamante presidente posee legitimidad social-electoral y mayoría parlamentaria.
Por supuesto, no todo es sencillo. Rodrigo Paz había elegido al joven deportista Sebastián Careaga Campos —su compañero de fórmula—, como vicepresidente. Sin embargo, en mayo de este año, este renunció y decidió postularse como senador en Unidad. Ante esto, Paz logró el concurso del excapitán de policía Edman Lara como su nuevo compañero de fórmula. Este había cobrado notoriedad por sus denuncias contra la corrupción. La dupla Paz-Lara inició un laborioso recorrido por Bolivia, lo que la distinguió de las grandes campañas publicitarias de los candidatos que entonces aparecían como más potentes: Doria y Tuto.
En este cuadro, pocos imaginaron lo que se desencadenaría. Desde un primer momento el vicepresidente Lara asumió una vocería autónoma del resto del gobierno, para luego asumir verdaderos contornos de plena independencia. A ello debemos sumar la destitución del ministro de Justicia por antecedentes judiciales: al parecer este había sido un nombramiento propiciado por el vicepresidente. Es difícil en tan corto tiempo explicar el distanciamiento: las hipótesis van desde que el vicepresidente Lara construye su relato mediante redes, en las cuales manifiesta su crítica al gobierno y al presidente Paz, hasta su inexperiencia y desconocimiento de las atribuciones de ambas investiduras.
En el alegato de Lara asoman acusaciones no menores. Según él, Paz no gobernaría, su patrón sería Samuel Doria. Alega que a él lo quieren alejar de la toma de decisiones. Y reclama que no lo invitan a reuniones de gabinete. Hace muy poco anunció que a las próximas elecciones subnacionales de marzo 2026 concurriría separado del oficialismo. En marzo se eligen gobernadores y alcaldes.
Ha trascendido que presidente y vicepresidente no se han reunido desde que asumieron el mando. La vocera de gobierno responde señalando que Lara ha tenido muchos viajes al extranjero. Y el presidente Paz ha señalado que él no dialoga por Tik Tok, el canal preferido de Lara.
Sin lugar a dudas, nadie vaticinó un conflicto tan temprano en las alturas del nuevo gobierno. Pero es una piedra en el zapato que deberá resolverse de alguna manera, y pronto.
En recientes declaraciones el ministro de Economía anunció que deben hacerse ajustes de un 30% del gasto público, pero no detalló qué planes podrían ser afectados. Junto a ello, se eliminaron impuestos (entre ellos, el que afectaba a altos ingresos), como mecanismo para promover inversión, aludiendo a que representaban el 1% del total de la recaudación fiscal. El nuevo gobierno instruyó el retiro del proyecto de presupuesto para impulsar su reelaboración, conforme a las nuevas orientaciones.
Los subsidios constituyen parte importante del gasto fiscal y uno de los más sensibles es el del combustible. La harina para el pan también está subsidiada, pero su escasez provoca mercado negro, lo que conduce a inflación. Como consecuencia, la marraqueta escasea y se achica. El gobierno, eso sí, se ha preocupado de reafirmar que continuarán aquellos subsidios que benefician directamente a los sectores más postergados, como es el caso del bono «Juancito Pinto», que estimula la educación de la niñez.
Por otro lado, el mercado de divisas se mueve. El valor del dólar oficial es de casi 7 bolivianos. Pocos meses atrás, el dólar «blue» —como lo llaman en Argentina—, llegó a 14, pero después empezó un descenso gradual y hoy bordea los 10 bolivianos. Algunos economistas argumentan que la devaluación ya se habría producido a finales del gobierno de Arce.
Como se ha señalado, lo más urgente reside en la economía, donde el abastecimiento de combustible es prioritario. Ello requiere nuevos recursos, que no abundan hoy en día. Al mismo tiempo, la administración tiene por delante las elecciones subnacionales de marzo de 2026, en medio de una sociedad esperanzada pero también con poca paciencia. Si a lo anterior agregamos las dificultades con el vicepresidente, el panorama se ve plagado de desafíos.
Finalmente, un plano donde se viven cambios es el internacional. A la toma de posesión de Rodrigo Paz asistió media docena de mandatarios, medio centenar de delegaciones internacionales, encabezadas por vicepresidentes y cancilleres, especialmente del mundo occidental. Contrasta con la escasa presencia internacional con ocasión del Bicentenario (agosto 2025), oportunidad en la cual solo acudió la presidenta hondureña. Paz ha sido categórico al señalar que Bolivia se abriría al mundo, lo que implica el abandono de la llamada «diplomacia de los pueblos» que caracterizó el período del MAS. Por su parte, Nicolás Maduro anunció que Bolivia quedaba fuera de la alianza bolivariana ALBA, al tiempo que EE. UU. confirmaba una virtual reanudación plena de relaciones (recordemos que en septiembre del 2008 el entonces embajador Philip Goldberg fue declarado persona non grata por el gobierno de Evo Morales).
Paz ha sido categórico al señalar que Bolivia se abriría al mundo, lo que implica el abandono de la llamada «diplomacia de los pueblos», que caracterizó el período del MAS.
El presidente Boric estuvo entre los presentes en la ceremonia, dando una fuerte señal de reafirmación de una política de nuevo tipo entre ambos países, la que venía gestándose en los últimos tiempos. En efecto, en los últimos años de una manera discreta, pero eficiente, ambos países hemos avanzado hacia una etapa de cooperación: profundización de los lazos consulares, mejoría en el servicio de fronteras, ayuda chilena a Bolivia para enfrentar su reciente epidemia de sarampión (donación de vacunas), facilitación en el puerto de Arica para el suministro de combustible que arriba por vía marítima, son, entre otros, logros concretos y eficientes de la diplomacia de ambos países. El presidente Paz ha sido invitado a Chile.
Ese clima de mutua cooperación puede ser profundizado en beneficio de ambos países, la reanudación del ferrocarril de Arica-La Paz ayudaría enormemente a descongestionar y facilitar el intercambio bilateral. Si, además, la red occidental de los ferrocarriles bolivianos se unificara con su red oriental, podría ser un poderoso factor de integración no solo entre ambos países, porque serviría de enlace con el noroeste argentino y el Matto Grosso brasileño, capital de la soja que hoy fluye a China y el Asia en general dando la vuelta por el canal de Panamá. Es una oportunidad concreta para el capital público y privado sudamericano, que dinamizaría los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta.
Por cierto, un tema no menor es la mutua seguridad amenazada por la presencia de las bandas de delito organizado, que azotan a todo nuestro subcontinente. Unos de los aspectos más visibles de ello son la trata de personas, el contrabando, el narcotráfico y las redes de inmigración ilegal. Un buen entendimiento entre ambos países ayudaría a disminuir y eventualmente neutralizar esta común amenaza.
