Con una participación del 58%, la más alta desde 1998, Colombia eligió por primera vez un presidente de izquierda. Si bien la diferencia de votos, que se sitúa en alrededor de los 700.000, no permite discusiones, porcentualmente los dos candidatos de la segunda vuelta se separaron por apenas tres puntos.

La campaña presidencial de la segunda vuelta fue sucia y difícil. El ganador Gustavo Petro y sus bases apostaron a un discurso reivindicativo de cambio, movidos por un gran descontento social, una pobreza creciente, un desempleo alto y la inflación disparada. No todas las dificultades pueden atribuirse al gobierno saliente, pues no olvidemos los efectos económicos y sociales que ha dejado la pandemia, pero una gestión gubernamental muy cuestionada y con una baja aceptación, impulsaron sin duda al candidato «del cambio».

El opositor en la segunda vuelta fue un sorprendente Rodolfo Hernández, candidato anti establishment, que había enarbolado con éxito la bandera de la lucha contra la corrupción. Un «outsider» que también apostaba al cambio con un discurso simple y efectista movido desde las redes sociales. La falta de un equipo de gobierno, de un proyecto coherente y sus salidas en falso hicieron que, a pesar del amplio sentimiento anti Petro, Hernández no lograra consolidar los votos necesarios para acceder a la presidencia.

Las elecciones revelan una vez más un país muy dividido y polarizado. Las clases dirigentes muestran cautela y temor frente a lo que puede significar un gobierno de Petro, con la sombra de la Venezuela de Maduro que impacta mucho con el imaginario de un futuro catastrófico.

De otro lado, se percibe una división entre el centro andino del país, la zona más rica e industrializada, y la periferia que toca las costas del Pacífico y el Atlántico, el sur y los llanos del oriente, las zonas más pobres y marginadas, que han sido las más afectadas por el conflicto armado y las economías ilegales.

El centro del país, bajo los valores de austeridad, anticorrupción, autoridad y orden, la derecha política, encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe, logró consolidar un sólido bastión electoral que había salido triunfador en las últimas contiendas electorales, incluido el No en el plebiscito de respaldo al acuerdo de paz.

Desde el año 2006, la izquierda ha venido avanzando consistentemente en Bogotá y en las zonas periféricas, con un discurso de cambio y justicia social, y había venido ganando espacio de la mano de una mayor participación de grupos sociales, generalmente poco presentes en las elecciones.

Este mapa político se ha repetido en las últimas elecciones, incluido el plebiscito de apoyo al acuerdo de paz y en las protestas sociales de 2018, que significaron un punto de quiebre frente al gobierno del presidente Iván Duque y en el Paro Nacional del año 2020, que generó una situación de turbulencia y bloqueos económicos durante varias semanas. A Petro lo elige la Colombia marginada, proclive al acuerdo de paz y que se ha manifestado en las calles en los últimos años.

La elección de Gustavo Petro, si bien es inédita, no es inesperada y se puede leer dentro del marco de la inestabilidad social y fragilidad política mundial y que toca a América Latina de modo particular, aunque también como resultado de un proceso de transformación política en el país.

ANTECEDENTES

Para leer la situación política de Colombia, es preciso situarse en el marco del acuerdo de paz, firmado en el 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y los desarrollos y dificultades que ha tenido su implementación, incluido el fallido plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Este último marca un hito en la política colombiana. Fue una confrontación clara entre un grupo de fuerzas más progresistas que buscaban la aprobación del acuerdo de paz por iniciativa del gobierno y un grupo de fuerzas más afines al neoliberalismo que, movidas por una campaña de miedo e incertidumbre, se oponían al acuerdo. Finalmente triunfó el No por un estrecho margen, pero quedó marcada una fractura social y territorial que permanece, como vimos en el comportamiento político y electoral.

El acuerdo de paz pudo implementarse gracias a un convenio político en el parlamento, pero el gobierno elegido en 2018 hablaba en su campaña electoral de «paz con justicia» —en oposición a las instituciones de justicia transicional creadas con el acuerdo de paz— e incluso de «hacer trizas el acuerdo de paz». El acuerdo de paz se ha venido implementando en algunos puntos, a pesar del gobierno y su desidia y, aunque en puntos como los sistemas de justicia transicional es ya irreversible, sigue siendo tema de división y controversia.

En las sociedades que han firmado acuerdos de paz, suele darse un incremento de la participación política y de la protesta social. Esto se debe, por un lado, a que la disminución del conflicto permite a las fuerzas sociales expresarse políticamente con mayor tranquilidad, pero, de otro, a que sectores históricamente estigmatizados e identificados con la insurgencia pueden expresarse y manifestar su descontento y sus reivindicaciones de manera legítima.

A fines del año 2019 se dio un periodo muy agudo de protestas sociales frente a las políticas del gobierno, el manejo del acuerdo de paz y el asesinato sistemático de líderes sociales en las regiones. Estas conflictividades sociales, junto con otras emergentes con movimientos nuevos, como el ambiental o el feminista, quedaron de alguna manera latentes con la aparición de la pandemia del Covid-19 y los consiguientes confinamientos ordenados por el gobierno.

Esta conflictividad apareció de nuevo el 28 de abril de 2021 con unas protestas denominadas Paro Nacional, desencadenadas por un anuncio de una reforma tributaria que finalmente no fue tramitada, que recogían múltiples actores y reivindicaciones de todo orden. Las jornadas de paro llevaron a bloqueos de vías, saqueos, vandalización de bienes públicos y también una respuesta del Estado, que ha sido denunciada como excesiva en el uso de la fuerza policial.

Con este ambiente altamente politizado y conflictivo, empieza la campaña electoral que dio lugar a elecciones parlamentarias el 13 de marzo y a las dos vueltas de las elecciones presidenciales el 29 de mayo y el 19 de junio. En los resultados parlamentarios, el movimiento del presidente Gustavo Petro —el Pacto Histórico— llega a ser la mayor fuerza en el Congreso, pero está lejos de tener la mayoría, de manera que movimientos y partidos tradicionales se reparten el resto de los escaños. Las elecciones presidenciales elijen por primera vez un presidente de izquierda en Colombia.

En medio de estas tempestades, la elección presidencial del 19 de junio se llevó a cabo con orden y tranquilidad. Los perdedores reconocieron el triunfo del ganador y, a pocas horas de cerrar las urnas, el Presidente electo pronunció un mesurado discurso de victoria, llamando a la unidad y a la tranquilidad. Las tormentas no se han disipado completamente y, a pesar de la retórica conciliadora del Presidente y sus esfuerzos para negociar la gobernabilidad, todavía se divisan nubarrones negros en el horizonte.

Paro Nacional de 2021: ambiente altamente politizado y conflictivo con el que empezó la campaña electoral ante las elecciones parlamentarias el 13 de marzo y las dos vueltas de las elecciones presidenciales el 29 de mayo y el 19 de junio.

PANDEMIA: RETROCESO SOCIAL Y EFECTOS ECONÓMICOS

La pandemia del Covid produjo efectos dramáticos en los indicadores sociales (1). La pobreza monetaria pasó de 35,7% en 2019 a 42,5% en 2020, la pobreza monetaria extrema pasó del 9,6% en 2019 a 42,5% en 2020, y la medición de pobreza multidimensional pasó del 17,5% al 18,1% en el mismo periodo, lo que significa que 498.000 personas más tienen sus necesidades básicas insatisfechas. De otro lado, la tasa de desempleo pasó del 10,5% 2019 al 12,9% en 2022, con una economía en crecimiento.

En Colombia el mayor aporte a la reducción de la pobreza viene de la mano del crecimiento y la productividad, mientras que el freno más significativo lo pone la inflación. En un contexto de inflación mundial y local crecientes, el llamado «impuesto de los pobres» golpea fuertemente a la población más vulnerable.

El Estado colombiano mitigó los efectos del Covid a través de una política de expansión del gasto público, en especial a través de subsidios condicionados a las personas en situación de pobreza. Esta política, unida a un recaudo fiscal más bajo, llevaron el déficit fiscal a un nivel alarmante del 5,6% del PIB (2). Según datos de la CEPAL, en 2019 los ingresos del gobierno central correspondieron a un 16,2% del PIB (frente a un 19,1% de Chile).

RESPONSABILIDAD MACROECONÓMICA

Los datos antes referidos nos muestran que uno de los primeros retos del Presidente Petro es mantener la tranquilidad en el manejo macroeconómico y dar señales de responsabilidad fiscal. Por ello, la elección del Ministro de Hacienda y del Presidente del Banco Central son informaciones que están esperando con nerviosismo los mercados.

A pesar de la necesidad de avanzar en políticas de redistribución y proponer una estructura fiscal más progresista, la necesidad de evitar fugas de capital y atraer la inversión extranjera exigirá diálogo, negociaciones y concesiones con un sector privado resistente a las políticas de izquierda, pero que ha dado señales de apertura al nuevo gobierno.

Una de las promesas de campaña, con mucha acogida entre grupos de jóvenes y ecologistas, fue acelerar la transición energética, suspendiendo la exploración de nuevas reservas petroleras y prohibiendo el fracking. Esta promesa contrasta con la realidad de que en 2021 el 1% de los ingresos del gobierno central proviene de la industria del petróleo (3). Aunque se espera una recuperación paulatina, la acción de la petrolera estatal ECOPETROL perdió 20% de su valor durante la primera semana después del anuncio del triunfo de Petro.

El panorama político se está delineando en medio de muchas expectativas de los electores, pero también de incertidumbres e incluso temores en algunos sectores del país, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía.

CAUTELA Y DIÁLOGO

A pocos días del resultado electoral, el panorama político se está delineando en medio de muchas expectativas de sus electores, pero también de incertidumbres e incluso temores en algunos sectores del país, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía.

Los primeros mensajes del presidente Petro han sido muy cautelosos, haciendo un llamado a un gran diálogo nacional. Estos llamados al diálogo y a la concertación han sido bien recibidos por todos los sectores, incluso por el líder de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe.

Estos primeros pasos y señales, que son por lo pronto retóricos, han tranquilizado algunos de los temores presentes en la población: llamado a una asamblea constituyente que replantee el ordenamiento del país, política de expropiaciones y cierre de empresas.

Estos procesos de diálogo y concertación son largos y exigen concesiones. ¿Qué está dispuesto a conceder el presidente Petro para generar tranquilidad y estabilidad?

ACTUAR EN LA DIRECCIÓN PROMETIDA, SIN DEFRAUDAR

Con la gobernabilidad parlamentaria garantizada por la conformación de una coalición de gobierno, y los sectores políticos y económicos a la expectativa de los espacios anunciados de diálogo y la concertación, la situación política parece mucho menos explosiva de lo que se temía inicialmente.

No obstante, el Presidente tiene que lidiar también con las altas expectativas generadas en poblaciones que esperan cambios disruptivos y rápidos, que les abran oportunidades, les mejoren su calidad de vida y los integren a la dinámica nacional. Estas poblaciones están conformadas por jóvenes urbanos marginados, poblaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas, sindicatos, movimientos sociales. Aunque parecería obvio en su programa, llama la atención que el presidente Petro no haya hecho hasta ahora anuncios referidos a la implementación de los acuerdos de paz, donde una serie de medidas pendientes pueden generar efectos cascada y, sobre todo, éxitos tempranos a un gobierno necesitado de ellos.

Con las restricciones que hemos comentado, los cambios no serán tan rápidos ni radicales como esperan las bases del petrismo. ¿Cómo manejar estas altas expectativas y la frustración? La izquierda colombiana, formada por grupos muy diversos que van desde alas muy radicales que apoyan la lucha armada, hasta una social democracia, ha estado siempre muy fraccionada y dividida. No será fácil mantener al tiempo la unidad nacional y una izquierda unida y sólida que respalde al Presidente. ¿Cómo mantener estos difíciles equilibrios?

En síntesis, el inédito triunfo electoral de la izquierda en Colombia ha sido recibido con cautela por algunos y con mucha expectativa por otros. Hay muchas restricciones de orden político y macroeconómico para tomar decisiones radicales o expandir el gasto público. El gran reto del nuevo gobierno será modular el ritmo de los cambios, de manera que pueda responder a las expectativas de sus bases, pero sin afectar la estabilidad del país y sin generar rupturas que afecten la gobernabilidad.

(1)  Angulo, Roberto. «Cambio social en Colombia: Conceptos, diagnóstico y desafíos», conferencia inédita, abril de 2022. Las fuentes de los datos aquí presentados son las siguientes: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2012-2020. 2020: match GEIH-RRAA Ayudas institucionales y pila (Minsalud).
(2)  Fuente: Tomás González, Centro Regional de Estudios de Energía, a partir de datos tomados de: EConcept, Ministerio de Hacienda.
(3) Fuente, ídem.