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El proceso de Consulta busca que los pueblos originarios tengan reconocimiento constitucional, resguardando sus derechos económicos, sociales y culturales; y, especialmente, sus derechos políticos, para que no sean otros los que hablen por ellos. Se está saldando una parte sustantiva de la deuda histórica y cumpliendo en justicia con derechos de los pueblos que estaban antes que nosotros en esta tierra, cuyas identidades hoy se vitalizan y enriquecen nuestra convivencia como sociedad.