COP 26: No hay planeta B

La conferencia de la ONU sobre cambio climático no ofrece perspectivas muy alentadoras. Grupos de presión y procesos de deforestación contribuyen a frenar expectativas, aunque en el horizonte surjan avances tecnológicos esperanzadores.

La Conferencia de las Partes (COP) de la ONU sobre Cambio Climático no puede saltar más arriba de su ombligo, para utilizar una metáfora anatómica. En la COP 26, en Glasgow los primeros días de noviembre, han competido, como es habitual, discursos sobre quién está más preocupado por el impacto del calentamiento global. En silencio, sin embargo, fuertes grupos de presión encabezados por empresas petroleras, junto a otras industrias emisoras de gases de efecto invernadero, movilizan sus agentes para impedir restricciones a sus actividades contaminantes. Es tradicional que el gobierno anfitrión avance una señal positiva, declarando sus planes de descarbonización. Londres decepcionó al mundo ambientalista al no fijar plazos precisos para algunos de sus objetivos. Es el clásico: sí, lo prometí, pero no dije cuándo. La experiencia enseña que las declaraciones de intenciones a menudo suelen quedar en eso: intenciones. Así, se anticipa lo que ha sido la tónica de las sucesivas COP: un festival de retórica grandilocuente, pero con ofertas ambiguas.

Los ejemplos de doble discurso abundan, como lo demuestra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vertiendo lágrimas de cocodrilo por la destrucción del Amazonas. “Llegaremos a Glasgow unidos para abordar un asunto muy importante y querido para todos nosotros: nuestra querida, rica y deseada Amazonía”, declaró, tras reunirse con su par colombiano Iván Duque, en Brasilia. Bolsonaro no pestañó ante las cámaras al asumir el compromiso de que Brasil para el 2030 habrá eliminado la deforestación de la vasta selva amazónica, que juega un papel clave en el equilibrio climático del planeta. Las estadísticas indican que la deforestación en ese país viene de alcanzar el nivel más alto de la década. Desde que Bolsonaro asumió la presidencia, en 2019, han sido destruidos más diez mil kilómetros cuadrados, el equivalente a toda la Región Metropolitana chilena. Un estudio reciente muestra que la Amazonía ha perdido en los últimos 35 años una cobertura forestal equivalente a la superficie de Chile. Según estimaciones de expertos brasileños, en 2021 la tasa de deforestación será 50 por ciento superior a la del 2018, antes que Bolsonaro asumiera la presidencia. En junio, Ricardo Salles, su ministro de medio ambiente, debió renunciar luego que una investigación policial sobre tala ilegal en la Amazonía fue bloqueada por él. Tras ello, se han observado algunos cambios cosméticos. Tropas han sido desplegadas para controlar la deforestación luego de que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Pero expertos señalan que siguen vigentes las medidas gubernamentales que favorecen la exportación de madera talada ilegalmente. Tampoco ha sido enmendado el debilitamiento de los organismos de control ambiental.

Junto a la destrucción de los bosques, los combustibles fósiles comparten el banquillo de los acusados a causa de las emisiones de CO2. Arabia Saudita es el principal productor de petróleo mundial y viene de declarar que tiene planes para alcanzar el estatus de emisiones de carbono cero para el 2060. Esa es la recomendación de los asesores en relaciones públicas para mejorar la imagen deteriorada de la monarquía gobernante. Según una serie de documentos recién revelados por la BBC, la cadena televisiva estatal británica, un asesor del Ministerio del Petróleo saudí exigió que “frases como ‘la necesidad de acciones de mitigación urgentes y aceleradas a todas las escalas…’”. deberían eliminarse del informe». Estos «informes de evaluación» son elaborados cada seis o siete años por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es el organismo de Naciones Unidas que monitorea el estado de la atmósfera.

La misma filtración reveló que Arabia Saudita, Japón, Australia, Argentina y Brasil se encuentran entre los Estados que piden a la ONU que minimice la necesidad de dejar de usar rápidamente los combustibles fósiles. Varios países argumentan a favor de tecnologías emergentes —que actualmente son costosas— diseñadas para capturar y almacenar el dióxido de carbono permanentemente de forma subterránea. La mayoría de los grandes productores o usuarios de combustibles fósiles, así como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no están dispuestos a renunciar a su gallina de los huevos de oro. Para muchos Estados, el petróleo representa su principal ingreso, junto al carbón. Es el caso de Australia en que la producción carbonífera ha sido vital para su economía. Pese a que el país ha sufrido enormes incendios forestales atribuidos al calentamiento global, su gobierno estimula planes para expandir algunas de las minas. El año pasado, Canberra exportó 40 mil millones de dólares del más contaminante de los combustibles fósiles. Muchos gobiernos, como el australiano, admiten el daño causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, antes que reducir la producción, buscan soluciones paliativas que hasta hoy no han demostrado su eficacia. El método más importante es la captura y almacenamiento de carbono (CAC), que consiste en capturar y separar el CO2 durante la producción de energía o en procesos industriales y luego almacenarlo, en vez de liberarlo a la atmósfera. Hay dudas, sin embargo, acerca de si los sumideros, como el almacenamiento subterráneo, podrán contener las masivas cantidades de carbono en forma segura.

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Un anticipo sobre el nivel de compromiso de los países participantes es el perfil de las delegaciones asistentes. Es parte del lenguaje diplomático. El número de jefes de Estado es una señal sobre la seriedad que los países asignan a la convocatoria. En la decisión de los países gravita la conciencia sobre temas ambientales, que está dictada por un balance entre el impacto del calentamiento global y los intereses económicos, y, por supuesto, cómo ello gravita en la percepción de los electorados respectivos. Además, las COP son ya parte del tejido de las relaciones internacionales y en ellas se reflejan las necesidades e intereses de las naciones. Una conferencia bien concurrida por delegaciones del más alto nivel es un éxito para el país convocante. Influyen, pues, las relaciones de las diversas capitales con Londres que, dicho sea, pasa por uno de sus puntos más bajos de influencia política internacional, luego de su salida de la Unión Europea y sus fricciones con China y Rusia.

En Glasgow, de entrada, fueron anunciadas importantes deserciones de mandatarios. La más importante fue la del presidente chino Xi Jinping, quien ha estado confinado en su país desde el comienzo del Covid-19 y que optó por participación vía comunicación remota. En su lugar, asiste Xi Zhenhua, el enviado especial para temas ambientales. También se registra la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien enfrenta un serio embate de la pandemia. El papa Francisco ha sido otra ausencia. Por América Latina, se cuentan las ausencias de Bolsonaro y del presidente mexicano Andrés Manuel López.

El mandatario que despierta el mayor interés es el presidente Joe Biden que, a su llegada a la Casa Blanca, solicitó un informe sobre el impacto del calentamiento global sobre el planeta. El conjunto de sus servicios de inteligencia y el Pentágono participaron en la redacción del recién publicado National Intelligence Estimate (NIE) destinado al cambio climático. El NIE, que refuerza informes anteriores, identifica a once países en la categoría de “riesgo agudo” ante los rápidos cambios del entorno natural por causas climáticas De ellos, cinco pertenecen al hemisferio y son Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. El enfoque del NIE señala que el cambio climático es un multiplicador de las crisis. A medida que suben los termómetros, “se apreciará un círculo vicioso en el que crecerá el impacto sobre vastas regiones donde se multiplicará el número de refugiados, se agudizará la desigualdad y la inestabilidad política con las crecientes temperaturas, que además ensancharán cada fisura social”. Ya más de veintiún millones de personas debieron desplazarse cada año, entre 2008 y 2016, fruto de fenómenos climáticos. Muchos de los eventos provocan grandes movimientos humanos que cruzan fronteras nacionales. En el NIE emerge el ángulo de análisis castrense que pone incluso las tragedias en la perspectiva de una pugna de poder. “Las potenciales consecuencias políticas y militares de la devastación podrían representar un peligro para Estados Unidos”, advierte el informe. Aliados de Estados Unidos pueden resultar desestabilizados por las migraciones resultantes de la crisis climática, en tanto que adversarios, como China y Rusia, podrían aprovechar la circunstancias “para buscar acrecentar su influencia brindando apoyo a los países afectados que enfrentan inestabilidad política debido a la inmigración”. Claro que los militares se abstienen de señalar que ellos están entre las principales fuentes de contaminación. Un estudio académico viene de señalar a las fuerzas armadas estadounidenses “como uno los mayores contaminadores en la historia con un consumo mayor de combustibles líquidos y emitiendo más gases de efecto invernadero que la mayor parte de los países de tamaño mediano”.

LA AGENDA DE LA COP 26

Unas veinticinco mil personas, provenientes de doscientos países, participan en esta suerte de gran jamboree medioambiental: es la suma de las tres partes convocadas por la ONU, que son Estados, empresas y organizaciones no gubernamentales. La primera COP tuvo lugar en 1995 en Berlín. Desde entonces se han realizado progresos, pero insuficientes dada la magnitud del deterioro ambiental que exige impedir que el calentamiento global supere los 1,5 grados. Algo que, desde ya, muchos científicos anticipan que no será posible.

Algunos cifran sus esperanzas en cambios tecnológicos, como la introducción de los autos eléctricos. Aquí hay signos alentadores: Hertz, la empresa de autos de arriendo, viene de adquirir cien mil vehículos eléctricos Tesla. Amazon, por su parte, ha ordenado cien mil unidades electromóviles por un valor de 4,2 mil millones de dólares. Estos se cuentan entre los pedidos más importantes realizados. Esta masificación impulsará la instalación de estaciones de recarga de baterías. El otro lado de la moneda es que muchos Estados dejarán de percibir enormes ingresos por concepto de impuestos al combustible. En el caso británico, ello representa 37 mil millones de libras anuales. En Chile la recaudación por el impuesto específico a los combustibles representó 2.800 millones de dólares en 2019.

Otro problema es que en la actualidad una proporción importante de la electricidad es generada con combustibles fósiles. De tal manera, los gases que no saldrán por el tubo de escape lo harán por las chimeneas de las plantas termoeléctricas y, en especial, las carboneras. La crisis energética de los últimos meses ha puesto en duda los plazos para erradicar el carbón. Un campo en que es posible avanzar es en el freno a la deforestación. Pero en todos los campos serán necesarios financiamientos. Los inmensos gastos que ha representado para los Estados la emergencia del COVID-19 redundan en arcas fiscales deficitarias. Las naciones más ricas ya han pospuesto para el 2023 el aporte de 100 mil millones de dólares anuales a los países menos desarrollados. Ello, tras la meta de lograr una transición hacia una matriz energética más limpia. Además, son necesarias inversiones para proteger la población, especialmente en zonas costeras.

Según el informe Stern, comisionado por el gobierno británico a Nicholas Stern en 2005, fuertes medidas tempranas compensan largamente los costos posteriores. Mantener el statu quo costará más del 5 por ciento del PIB mundial, pero, si las cosas empeoran, podrá alcanzar hasta 20 por ciento del PIB planetario. Con razón se dice que más vale prevenir que curar. MSJ

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