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El Ministerio Público ha sido insuficiente, y el derecho canónico y la jerarquía de la Iglesia han sido incapaces de reparar a las víctimas y asegurar garantías de no repetición de los abusos. Una nueva instancia parece necesaria. La experiencia internacional ofrece fórmulas a observar, que podrían ser recogidas en Chile para comenzar a transparentar y reformar estructuras, procedimientos y una cultura que facilita el abuso.