¿Hacia una democracia sin partidos?

La caída de la participación ciudadana en los procesos electorales plantea la pregunta acerca de si el nuestro es el gobierno del pueblo o más bien el de una minoría. El sistema binominal deterioró la competencia y, por ende, el interés ciudadano: el nuevo sistema electoral podría abrir espacios al multipartidismo y a un mayor interés de los habilitados para votar.

Carlos Huneeus(*)

01 Septiembre 2017, 11:32 am
21 mins

Las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales del 19 de noviembre próximo se realizan en un difícil contexto, con graves problemas en el sistema político, especialmente en los partidos, y por el fin de la Nueva Mayoría (NM). Por primera vez, la «centroizquierda» lleva dos candidatos presidenciales, la senadora Carolina Goic (PDC) y el senador independiente Alejandro Guillier, apoyado por el PRSD, PPD, PS y PC. El PDC y la izquierda compiten en las elecciones parlamentarias en dos listas.

Son las primeras elecciones en que las parlamentarias se realizan sin el sistema binominal, eliminado en 2015 en una reforma política de enormes alcances al poner fin a una práctica de tres décadas que marcó a los partidos y a los parlamentarios. Con la excepción del PDC y el Frente Amplio (FA), esas colectividades se resisten a su eliminación, porque estaban acostumbrados a una competencia limitada y a los apoyos, directos e indirectos, de los socios de coalición.

DEBILITAMIENTO DE LOS PARTIDOS

Los partidos se han debilitado ante el electorado, como organización y en sus capacidades para participar en el Gobierno (party government), siguiendo la diferenciación de Key (1964). Estas tres dimensiones están estrechamente vinculadas entre sí, siendo la tercera más importante, de acuerdo a Strom (2000), porque políticas mal preparadas e implementadas no permitirán resolver los principales problemas del país, perjudicando a las colectividades y causando tensiones y conflictos que dañan su organización.

Además, se han fragmentado por conflictos internos, proceso que comenzó hace más de una década, con rupturas en el PPD, el PDC y el PS, aumentando el número de partidos con representación parlamentaria de seis que había en 2006 a once, siete de los cuales forman la NM. Se ha debilitado su cohesión, porque desde el 2014 diez diputados y cinco senadores han renunciado al partido por el cual fueron elegidos en los comicios de 2013.

Hay una nueva colectividad, el FA, surgido fuera de los partidos tradicionales, que busca ocupar el espacio dejado por los de izquierda, con dos diputados elegidos el 2013 y el alcalde de Valparaíso, elegido el 2016. Está constituido por doce colectividades, con diferentes orientaciones políticas y sin un liderazgo definido, que dificulta su capacidad de acción, como se mostró en la conformación de su lista parlamentaria.

El debilitamiento de los partidos se refleja en las encuestas. Tienen una pésima imagen ante la ciudadanía, un 4% en junio de 2016, la menor confianza entre las veinticuatro instituciones consideradas en la encuesta Barómetro de la Política(1): en junio de 2017 una amplia mayoría, 64%, no opta por un partido en la pregunta (cerrada) sobre intención de voto, clima de opinión muy diferente al de anteriores elecciones. En las de 1993 apenas un 26% no mencionaba a qué partido votaría. Este porcentaje aumentó en cada una de las elecciones presidenciales posteriores(2).

Los partidos tradicionales reciben un bajísimo porcentaje de menciones en la pregunta (cerrada) de intención de voto parlamentario. Esto explica que, al proclamar su candidato presidencial, es bajo el impacto en la opinión pública, como le ocurrió al ex presidente Ricardo Lagos después de ser nominado por el PPD. Sus dirigentes se guían por las encuestas para elegir al candidato presidencial y a los candidatos al Congreso, prefiriendo a personajes conocidos. El PS y el PPD recurrieron al senador Alejandro Guiller, periodista. Similar decisión optó el FA, que nominó a la también periodista Beatriz Sánchez.

La debilidad de los partidos se ha acentuado en estas elecciones. El senador Manuel José Ossandón (RN) y el diputado José Antonio Kast (UDI) renunciaron a su partido porque se les impidió competir como candidato presidencial.

¿QUIÉN GOBIERNA (EN CHILE) REALMENTE?

Se ha destacado al crecimiento económico como uno de los principales pilares de la democracia. Sin embargo, esto tiene limitaciones, las que van desde la dependencia de la explotación de los recursos naturales y la debilidad del Estado para cumplir sus obligaciones regulatorias, hasta la concentración económica y de la riqueza. Según Forbes, Chile tiene doce billonarios que acumulan una riqueza que representa el 17% del PIB, una excepcionalidad a nivel internacional. Colombia y Argentina tienen dos y cuatro billonarios y su riqueza representa el 2% y el 6% del PIB, respectivamente. Uno de los chilenos es el ex presidente Sebastián Piñera. Los otros controlan las principales áreas de nuestra economía. En los últimos años actúan en política a través de las principales organizaciones patronales (Sofofa y CPC), controladas por personalidades cercanas a varios de ellos.

Respecto de la altísima concentración de la riqueza. Siguiendo la metodología de los economistas Saez y Piketty, que examina las declaraciones de impuestos, Engel (2013) ha estimado para Chile que el 1% más rico concentra un 28,7% del ingreso(3), porcentaje muy superior a los demás países de la base de datos de ambos investigadores, en los cuales ningún país llega al 20%. Si se considera un grupo más reducido de personas, el 0,1%, «los notables económicos» según Dahl (1961), la concentración del ingreso alcanza al 13,7%, la que es más alta que la que existe en EE.UU. (10,5%). Si se examina el ingreso que posee un porcentaje menor de la población, el 0,01% (unas 1.700 personas), ellas concentran el 6,2% del ingreso (en EE.UU. es 4,08% lo que concentra ese mismo segmento). Ante esta concentración de la riqueza y la intervención en la política de los billonarios y de sus cercanos colaboradores, cabe plantearse la pregunta que formuló Dahl en su clásico estudio: «¿Quién gobierna realmente?».

En Chile, en los últimos procesos electorales no se otorgó financiamiento público a los partidos. Fue uno de los errores más graves de la democratización, pues empujó a sus dirigentes y parlamentarios a recurrir al financiamiento a través del patronage del Estado y al financiamiento ilegal y alegal de empresas, restringiendo su autonomía.

El rasgo más distintivo del sistema político es la caída de la participación. En la primera vuelta de las presidenciales de 2013 votó el 49,3%, nueve puntos menos que en las de 2009, y Michelle Bachelet ganó con 46,7%, lo que es un 22,6% del padrón electoral. En las municipales de 2016 votó todavía menos gente: 34,92%, nueve puntos menos que en las municipales de 2012 (cuando ya había caído respecto a las del 2008).

Si la democracia se define como «gobierno del pueblo y para el pueblo», ¿hasta cuándo puede seguir cayendo la participación electoral para que la democracia siga siendo el gobierno «del pueblo»?

También afecta la calidad de la democracia, porque la menor participación tiene un sesgo de clase (Schäfer, 2011; Merkel y Petring, 2012; Offe, 2013): es relativamente alta en las personas con mayor educación y nivel económico. El contraste entre el 45% de participación en Vitacura y el 21,3% de La Pintana en las municipales de 2016 confirma esta generalización. Como advierte Offe (2013), este sesgo tiene importantes consecuencias políticas, pues las políticas públicas se definen de acuerdo a las preferencias de los votantes (y de los financistas de las campañas) e ignora a quienes no votan(4).

No se tomaron medidas para detener la caída de la participación y hasta se adoptó una decisión que la acentuaría, cuando se introdujo el voto voluntario. Este aumentó la abstención, confirmando la experiencia internacional (Lijphart, 1997).

CAUSAS «EXTERNAS» AL DEBILITAMIENTO DE LOS PARTIDOS

El debilitamiento de los partidos también se explica por decisiones de los gobiernos, en especial, por haber optado por una estrategia de legitimación de la democracia que giró en torno a la gestión económica (Huneeus, 2014; 2017). Se creyó que el crecimiento económico crearía bienes políticos que fortalecerían los apoyos a la democracia. Se redujo la pobreza, pero se descuidó la concentración económica y la riqueza, así como descuidó a los partidos y a la competencia política.

Esta decisión impuso la primacía de la agenda económica por sobre las cuestiones políticas, sin dar importancia a los factores políticos, entre los cuales estaba estimular la participación y apoyar a los partidos, a los que no se otorgó financiamiento público. Este recién se estableció el 2015, a raíz de la presión de los escándalos provocados a partir del financiamiento ilegal por empresas, y no hubo para campañas electorales.

La falta de financiamiento de la política fue una de las decisiones más erradas de la democratización, pues tuvo pésimas consecuencias en el desarrollo político. Empujó al patronage del Estado a nivel local, regional y central, y a buscar financiamiento ilegal y alegal de empresas, el que sería luego reforzado por aportes legales, pero secretos, de parte de empresas, dirigidos especialmente a candidatos de derecha. Todo esto creó una estrecha relación entre los financistas, por un lado, y los alcaldes, parlamentarios y los gobiernos, por otro. Se limitó así la autonomía de los políticos, confirmada por políticas amistosas hacia las empresas que ha caracterizado la gestión de los gobiernos y la labor legislativa.

Políticos de la Concertación incluso recurrieron a SQM, empresa emblemática de las privatizaciones de la dictadura, controlada desde entonces por Julio Ponce Lerou, yerno del general Augusto Pinochet (Huneeus, 2000). Este financió a políticos de todos los partidos, construyendo un campo minado para defender sus intereses. El conocimiento público del financiamiento ilegal y alegal fue una bomba de racimo a la democracia y un golpe al corazón de los partidos de la Concertación.

En segundo lugar, la gestión económica se guió con una visión tecnocrática en la toma de decisiones, como si los problemas económicos debieran ser analizados solo de acuerdo a la ciencia económica y únicamente por parte de sus especialistas. Se desconoció que la política económica es una cuestión política, impulsada por los gobiernos, que «son criaturas políticas» (Hall: 1986, 274). Las autoridades económicas no consideraron que la política también interviene en la evaluación de sus policies, pues los ciudadanos lo hacen según sus lealtades partidistas e ideológicas. Este estilo decisorio contribuyó a la despolitización del debate económico y social.

LA INERCIA DEL BINOMINAL Y EL TEMOR A LA COMPETENCIA ELECTORAL

El reemplazo del sistema electoral binominal por uno proporcional abre un nuevo escenario político que puede dar espacio al sistema multipartidista que ha caracterizado la historia política de Chile. Además, debiera favorecer una mayor competencia política. Sin embargo, quedará en el papel si se mantiene la lógica de bloques surgida en el plebiscito de 1988, los alineamientos del Sí y el No. Es como si en 1964 se siguiera empleando la lógica del parlamentarismo que dominó hasta 1924.

La Concertación perdió su carácter por el ingreso del PC y la formación de la NM, reforzando un carácter de coalición dominada por la izquierda. Ello se acentuó por el debilitamiento del PDC, partido que perdió votación porque descuidó su identidad histórica y programática, especialmente la económica.

El fin del binominal ha sido resistido por los partidos de izquierda y de derecha, acostumbrados a una competencia limitada y a acuerdos partidistas para distribuirse los escaños. La UDI y RN han resentido la integración de candidatos de Evopoli en la lista parlamentaria común. El pacto del PS con el PC, que incluía el apoyo del PC a tres candidatos a senados del PS y de este a uno del PC, el diputado Lautaro Carmona (PC), por Atacama, significó rechazar la decisión de la organización regional del PS, que había proclamado al ex ministro José Miguel Insulza(5). Este se vio forzado a trasladar su candidatura a Arica-Parinacota.

El binominal acentuó la continuidad de los bloques, todo lo cual restringió la competencia política, que no hubo al interior de cada bloque, sino entre los bloques (Huneeus, 2017 A). Los partidos descuidaron el desarrollo de ideas, no expresaron sus identidades programáticas, privilegiando las del bloque. Así, los ciudadanos no apreciaron diferencias relevantes en las policies de los partidos y sus candidatos: no se interesaron, porque estimaron indiferente quién resultara elegido(6).

El PDC rompió la práctica de bloques y asumió el fin del binominal, concurriendo a primera vuelta de las elecciones presidenciales con la senadora Carolina Goic y con una lista parlamentaria propia(7). Es una decisión audaz, que implicará exponer su identidad histórica y programática para diferenciarse de Guiller y la izquierda. Es cuestionada al interior del PDC, especialmente por parlamentarios, y es rechazada por sus antiguos socios, que han optado por una estrategia de camino propio, que niegan al PDC.

La decisión del PDC debe mucho al liderazgo de la senadora Goic, quien, en menos de un año, fue empujada a la presidencia del partido —por la renuncia de su presidente por acusaciones de financiamiento ilegal— y a la candidatura presidencial, mostrando una singular fuerza política para seguir una candidatura que todos vaticinaron que no prosperaría.

Los comicios de noviembre definirán quien será el próximo Presidente, la distribución de fuerzas partidistas en el Congreso y en los CORES y, muy importante, si acaso se pondrá fin a la práctica del binominal y a la política de bloques. Estas definiciones hacen que esa contienda sea una elección crítica. El fin de los bloques permitirá reflejar la realidad de un sistema múltiple de partidos, flexibilizará la alternancia de gobiernos y favorecerá los cambios institucionales. Ello dependerá de otros factores, como del presidencialismo, el cual, en un sistema político con un multipartidismo extremo, aunque no polarizado (Sartori, 1976), impone gobiernos de coalición. También dependerá del liderazgo presidencial y de la disposición de los partidos de la futura oposición para lograr acuerdos en el Congreso para llevar adelante las reformas que necesita el desarrollo político y económico del país. MSJ

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(*) El autor agradece los comentarios de Esteban Szmulewicz.
(1) Los resultados de encuestas que se emplean son del Barómetro de la Política CERC-MORI, distintos años.
(2) Encuesta CERC junio o julio del año respectivo: en las de 1999 fue un 33%, 41% en el 2005, 53% en el 2009 y 57% en la de 2013.
(3) En Uruguay es 14,1%; Argentina, 16,75%; Colombia, 20,45%; España, 8,24%. http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu
(4) Una reforma educacional de la alcaldía de Hamburgo que se proponía favorecer a los sectores populares fue detenida por un referendo por la mayor movilización electoral de los estratos más educados, que se oponían a ella, y por la baja movilización de los potenciales beneficiarios. http://blog.zeit.de/zweitstimme/2010/07/19/warum-die-primarschule-in-hamburg-gescheitert-ist/
(5) Los candidatos del PS son el presidente del partido, ex ministro Alvaro Elizalde (Maule), la senadora Isabel Allende (Valparaíso) y Camilo Escalona (Aysén).
(6) Esta actitud confirmó la experiencia internacional sobre el impacto de la convergencia programática de los partidos en la caída de la participación electoral (Merkel y Petring, 2012).
(7) La lista se concreta junto a la IC y el MAS, dos pequeños partidos de izquierda.

Carlos Huneeus(*)

Profesor titular, Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.