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El debate sobre el secreto de los antecedentes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura sería principalmente un asunto ético-político, más que jurídico-penal. Si esa información puede constituir el punto de partida de futuras indagaciones judiciales, abrir su acceso tiene legitimidad: en derecho penal, el interés público es superior al interés individual(*).
