Nuevo financiamiento estudiantil: Un desafío crítico

El paso del Crédito con Aval del Estado al nuevo Sistema de Financiamiento Solidario no debe consagrar la coexistencia de dos regímenes para los estudiantes universitarios: eso consolidaría la segmentación vigente hoy en todo el sistema educacional. La actual propuesta del Gobierno debiera incorporar de mejor manera los conceptos de solidaridad y bien común, para que no represente un retroceso en la generación de una sociedad más solidaria y cohesionada.

Ricardo Carbone B.

01 octubre 2018, 5:02 pm
17 mins

En los últimos treinta años, Chile ha implementado una serie de políticas tendientes a alcanzar una mayor equidad y calidad en el sistema educacional tanto escolar como superior. La gratuidad ha sido un paso muy significativo y en la línea correcta, su fortalecimiento y consolidación se hacen imprescindibles. Para ello, es necesario hacer algunos ajustes en su financiamiento, de modo que las universidades adscritas no vean perjudicados sus proyectos académicos y que se sumen otras universidades que cumplan con los requisitos de calidad, participación y no lucro, que la ley determina.

En este contexto, la presentación del nuevo proyecto que crea el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS), debe ser coherente con la decisión de fortalecer la gratuidad y no debilitarla perjudicando proyectos universitarios de calidad y, especialmente, a los estudiantes que optaron por ellos.

Como muestra el presente artículo, el SIFS tiene aspectos positivos y otros que deben ser revisados, a fin de evitar que en el sistema de educación superior se reproduzca y refuerce el alto grado de segmentación socioeconómica y sociocultural que tiene el sistema de educación escolar.

El número de estudiantes en educación superior ha crecido de manera muy significativa en los últimos treinta años, llegando actualmente a casi 1.200.000 estudiantes. En este periodo la matrícula universitaria pasó de 125.529 estudiantes en 1988, a 673.143 en 2018(1). Esto significa una tasa muy cercana a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El crecimiento experimentado ha permitido un alto acceso a la educación superior, aunque marcado por la falta de regulación y con dificultades para asegurar adecuados niveles de calidad.

Desde la perspectiva del financiamiento, es importante hacer ver que, aún después de la gratuidad, Chile tiene una de las tasas más bajas de financiamiento público de la educación superior, el 35,7%, siendo 69% el promedio de los países miembros de la OCDE(2). Esto significa que, prácticamente 2/3 del costo de la educación superior son financiados con recursos de las familias.

Por otra parte, Chile presenta uno de los promedios de aranceles más altos de los países miembros de la OCDE, aproximadamente US$ 8.000 anuales(3), siendo superado únicamente por Portugal. Aún cuando comparada con la región nuestra eficiencia interna es mejor que la mayor parte de países latinoamericanos, los datos muestran un sistema con una deserción del 23% al finalizar el primer año y una baja titulación oportuna.

Como la mayor parte de las familias no dispone de los ingresos suficientes para pagar, han debido recurrir a créditos tanto estatales como de la banca comercial. La combinación, de escaso financiamiento fiscal, aranceles altos y bajas tasas de eficiencia interna, ha producido un alto nivel de endeudamiento, tanto de estudiantes que finalizan sus estudios como de los que desertan. A fines del 2017 se estimaba que la deuda total por Crédito con Aval del Estado (CAE) llegaba a los US$ 8.000 millones(4).

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Ricardo Carbone B.

Universidad Alberto Hurtado