Elementos para una Comisión de Verdad y Reparación independiente

El Ministerio Público ha sido insuficiente, y el derecho canónico y la jerarquía de la Iglesia han sido incapaces de reparar a las víctimas y asegurar garantías de no repetición de los abusos. Una nueva instancia parece necesaria. La experiencia internacional ofrece fórmulas a observar, que podrían ser recogidas en Chile para comenzar a transparentar y reformar estructuras, procedimientos y una cultura que facilita el abuso.

Daniela Bolívar

Judith Schönsteiner

06 noviembre 2018, 3:51 pm
24 mins

Prácticamente todas las semanas nos enteramos de nuevos abusos cometidos en la Iglesia Católica. Algunos ocurrieron hace muchos años; otros, hace muy poco. Al sufrimiento de las víctimas se une la convicción de que los abusos responden a patrones estructurales. No es posible dar vuelta a la página sin mirar con detención lo que ha sucedido y aún puede estar sucediendo. Debemos esta revisión no solo a las víctimas, sino también a la Iglesia y a toda la sociedad. Y por qué no decirlo: la manera como enfrentamos estos crímenes en Chile podría servir de ejemplo, por lo menos, para los otros países en Latinoamérica donde se reciben las primeras, aún muy resistidas, denuncias.

La respuesta de la Iglesia chilena no ha estado a la altura de las circunstancias ya que los discursos o soluciones planteados hasta ahora no son suficientes ni para las necesidades individuales de las víctimas ni para garantizar la prevención de futuros casos. Por otra parte, el derecho canónico ha fallado en su respuesta a los abusos. Aunque se hayan hecho reformas en el tratamiento de algunos crímenes (por ejemplo, es un aspecto valorable el levantamiento de la prescripción para este tipo de delitos), el secreto pontificio para los casos más graves —exactamente los que más nos preocupan— no logra garantizar ni el debido proceso para los acusados ni, mucho menos, justicia para las víctimas y garantías de prevención de futuros abusos.

Por parte del Estado, una respuesta muy necesaria, pero aún insuficiente, es el trabajo del Sistema Judicial. Nuestra legislación impide dar respuesta judicial a casos prescritos. Y, cuando no se encuentran en situación de prescripción, sabemos que los resultados judiciales no son del todo prometedores. En general, las estadísticas indican que el porcentaje de casos de violencia sexual que logran sentencia condenatoria es reducido, debido a las dificultades para probar estos delitos —más allá de toda duda razonable—. A esto se agrega la dificultad de realizar investigaciones penales cuando existe la política eclesial de cambiar de diócesis a los perpetradores.

Entonces, ¿no hay solución? Nosotras pensamos que sí la hay. O, al menos, existe un mecanismo que nos permitiría acercarnos a ella. Pensamos que debemos apuntar a levantar la verdad, lo que significa dar cuenta tanto de la voz de las víctimas como de las estructuras y los factores que permitieron o facilitaron el abuso. Reconocer el dolor de las víctimas e identificar las estructuras nos debe llevar a desarrollar estrategias de reparación que sean significativas para las personas agredidas, y que nos permita considerar, además de lo pecuniario, otras formas de reparación y garantías de no-repetición que no están contempladas en nuestro derecho.

Por tanto, proponemos una Comisión de Verdad y Reparación independiente e interdisciplinaria enfocada específicamente a abordar los casos de abuso en el contexto de la Iglesia católica.

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Daniela Bolívar

Psicóloga, profesora de la Escuela de Trabajo Social, PUC

Judith Schönsteiner

Abogada, profesora del Centro de Derechos Humanos, UDP