Reflexiones sobre la reforma a la Salud

Es altamente valorable el espíritu antidiscriminatorio que tiene la reforma propuesta, y algunos de sus contenidos pueden contribuir a un sistema más solidario, pero es básico que ella avance hacia un plan de seguros verdaderamente unificado entre los sectores privado y público. Si consideramos los determinantes sociales de salud de la población, entenderemos que una reforma realmente integral al sistema de salud chileno debe ser intersectorial y las políticas públicas deben trascender la mera provisión de los cuidados de salud.

Pablo Celhay

Rodrigo López

Alejandra Vives

01 julio 2019, 6:00 pm
14 mins

En abril de este año el presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de reforma al sistema de salud, buscando eliminar las discriminaciones y preexistencias, mejorar la protección y eliminar la cautividad en las isapres. Si bien nuestro país goza de indicadores globales de cobertura sanitaria bastante adecuados y comparables a muchos países desarrollados (acceso al plan de vacunación, por ejemplo), el costo de algunas prestaciones o insumos, como los medicamentos, no está suficientemente cubierto por los distintos planes de salud, debiendo ser asumidos por las familias desde sus propios bolsillos. Se estima que el 4,1% de los gastos de un hogar se destinan al sector Salud, siendo uno de los más alto de los países de la OECD. Con una cobertura que alcanza a casi la totalidad de la población de Chile, la reforma busca disminuir el impacto financiero que tiene en las personas las prestaciones en esta área.

La reforma establece la creación de un Plan de Salud Único (PSU), el que considera prestaciones ambulatorias y hospitalarias con una cobertura del 80%. Este seguro contempla la existencia de deducibles, pero existe un monto anual máximo a ser cubierto por el cotizante «de su bolsillo», el que alcanzaría, como máximo, un 40% del ingreso promedio anual del grupo familiar. Esto pondría un límite importante al gasto de bolsillo en salud.

Además, una de las novedades de la reforma es el Plan Nuevo Asegurado (PNA). Las personas que deseen contratar por primera vez un seguro del sistema privado tendrán que cotizar este plan por un mínimo de dos años, el que entrega una cobertura del 40% sin tope de gasto total ni deducible. En otras palabras, antes de poder entrar al sistema privado nuevo, se debe permanecer en un «limbo» de aseguramiento.

Otro pilar que mejora la calidad de la cobertura privada es la eliminación de preexistencias en los planes de salud de las isapres. Actualmente es necesario llenar una declaración de estado de salud para contratar un seguro privado y las instituciones privadas tienen el derecho de rechazar la contratación o cambios de seguros de personas de «alto riesgo». Esto genera una población cautiva: la de personas que enferman y necesitan un mejor plan al que no pueden acceder, porque el sistema no se los permite. Esto es particularmente problemático para Fonasa porque, por ejemplo, una persona que cotizó durante muchos años en el sistema privado y es diagnosticada con alguna enfermedad de alto costo, está obligada a quedarse con una cobertura que firmó cuando inició su contrato, aunque la cobertura no sea la adecuada, o bien debe migrar al sistema público, ya que Fonasa tiene la obligación de recibirla y financiar su tratamiento; el sistema público pierde, así, años de cotización del paciente que podrían haber cubierto parte del costo. La eliminación de las preexistencias permitiría una mayor movilidad para las personas entre los seguros de salud público y privados, y disminuiría el riesgo de «descreme» o de selección de personas con menos riesgo de salud en el sistema privado de aseguradoras.

Otro elemento fundamental de la reforma, relacionado a un espíritu antidiscriminatorio, es el fin a las diferencias en los costos de los planes basadas en el sexo. Las mujeres en edad fértil pueden requerir atenciones de salud con mayor frecuencia y/o mayor costo que los hombres al momento de tener hijos, y el sistema actual las obliga a hacerse cargo de esta situación, aumentando el precio de sus seguros de salud. Al eliminar los planes diferenciados por sexo, los costos deben ser asumidos por toda la población, repartiendo los riesgos (al menos, desde el punto de vista financiero), siendo así más solidario.

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Pablo Celhay

Ingeniero Comercial, doctor en Políticas Públicas, U. de Chicago. Académico en la Escuela de Gobierno, PUC

Rodrigo López

Médico. Académico en el Magíster de Bioética, PUC

Alejandra Vives

Médico. Académica en el Departamento de Salud Pública, PUC