Superar la desconfianza

Algunas personas e instituciones no se han percatado de la gravedad del hecho, del dolor de las víctimas, y lo consideran como un hecho aislado, en circunstancias de que ha quedado muy claro que el problema tiene una dimensión estructural que ha permitido la prolongación en el tiempo de los abusos.

Revista Mensaje

29 agosto 2019, 5:16 pm
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Durante estos últimos años, algunas interrogantes se han ido reiterando en nuestra sociedad: ¿Hay otro caso de abuso sexual a menores de edad? ¿A qué congregación religiosa le toca ahora? ¿Qué pasa en —y con— la Iglesia? ¿Qué sucede en la sociedad chilena, ya que se trata de un delito que atraviesa distintas instituciones (familia, iglesias, educación)? Son preguntas que van acompañadas de fuertes emociones de rabia, de vergüenza, de desconcierto, de hastío, de incredulidad…

REMAR JUNTOS

A través de los medios de comunicación y las redes sociales uno se queda con la impresión de que la sociedad está dividida en dos bandos: el de aquellos que exigen conocer públicamente las situaciones de abuso sexual de los menores, y el de quienes insisten en ocultarlas. Esto suele pasar cuando se polarizan las posturas y algunas afirmaciones suben de tono. Así, por ejemplo, sugerir que se tiene que investigar al Padre Hurtado y al cardenal Raúl Silva Henríquez —sin existir ninguna denuncia— sale de toda mesura y proporcionalidad.

Sin lugar a dudas, hay que afirmar con todas sus letras que la sociedad entera está en contra de los abusos a menores. Sobre esto hay un acuerdo unánime. Además, es preciso afirmar que este problema atraviesa la sociedad chilena, dándose en las iglesias, la familia, los establecimientos educacionales, el mundo artístico…

El debate más bien se desarrolla sobre el encubrimiento, ya que se sospecha que algunas personas e instituciones no han sido capaces de transparentar lo que ha ocurrido y, por negligencia o por opción errónea, han permitido la prolongación delictual de un pedófilo. Algunas personas e instituciones no se han percatado de la gravedad del hecho, del dolor de las víctimas, y lo consideran como un hecho aislado, en circunstancias de que ha quedado muy claro que el problema tiene una dimensión estructural que ha permitido la prolongación en el tiempo de los abusos.

Darse cuenta del acuerdo mayoritario resulta clave para enfrentar un problema y no dividirse frente a ello. Obviamente, siempre habrá pequeños grupos que, por una parte, se aprovechan de una situación para sacar beneficio personal (venganza, odio…) y, por otra, otros que prefieren ocultar la verdad y, de ese modo, obstaculizar el ejercicio de la justicia. Pero ninguno de estos dos grupos representa a la sociedad que está empeñada en su gran mayoría para conocer la verdad, apoyar a las víctimas, sancionar severamente a los culpables y crear ambientes sanos.

¿DELITO O FALTA?

En la sociedad está la pregunta: ¿Cómo puede ser que alguien abusó por muchos años y nadie se dio cuenta? Entonces, concluyen algunos, tiene que haber existido encubrimiento. Sabían, pero no hicieron nada para impedir un comportamiento delictual.

Así, impera la lógica de que, si alguien sabía lo que pasaba, entonces es un encubridor y tiene que ser penado por la ley. Pero, al respecto, surge un problema, porque lo que se entiende socialmente por encubrimiento (saber y no hacer nada) no coincide con la comprensión legal del acto. Es decir, hay dos comprensiones frente a un mismo acto, que permite la distinción entre una falta ética y un delito penal, porque pertenecen a dos planos distintos.

A nivel legal (cf. Código Penal chileno, artículo 17), el encubrimiento no es simplemente conocer un cierto hecho y quedarse callado. Es una acción positiva que supone el conocimiento de un delito, siempre después de que se haya cometido, y en que el encubridor se ha aprovechado de ese hecho (obteniendo algún beneficio) o ha permitido que los responsables se aprovechen, ha ocultado objetos o personas relacionadas con ese delito, o bien ha entregado protección a los «malhechores» para que evadan la acción de la justicia.

El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, reaccionó a los resultados de la investigación contra el sacerdote Renato Poblete Barth ordenada por la Compañía de Jesús (cf. El Mercurio, 31 de julio de 2019). Cisternas explicó: (a) frente a la comisión de un delito existe, en primer lugar, el autor, luego los cómplices y finalmente los encubridores; (b) el encubridor es aquel que en este tercer orden presta de alguna forma o grado colaboración, o sea, tiene que haber una actitud positiva, actuaciones en función de ocultar a alguien sabiendo que se ha cometido un delito; (c) sin embargo, no es encubrimiento desde esta perspectiva el hecho que alguien no dé noticia a las autoridades de algo que sospeche que está pasando, si no tiene la obligación de denunciar; y (d) por tanto, los hechos sí podrían implicar responsabilidades éticas; a veces hay situaciones en las que dentro de la sociedad las personas prefieren abstenerse por no meterse en problemas y eso puede traer consigo responsabilidades éticas, pero no necesariamente encubrimiento.

Esta distinción entre un delito y una falta ética no aminora la gravedad del acto, sino que corresponde a dos lecturas que pertenecen a dos planos distintos (lo legal y lo ético). En otras palabras, constatar que se trata de una falta ética resulta muy grave porque contradice el marco valórico (condiciones indispensables) para una sana convivencia en una sociedad.

Así, por ejemplo, mentirle a un amigo no está penado por la ley, pero constituye una falta ética porque hace daño a la persona ya que cualquier relación interpersonal se sostiene en el horizonte de la verdad.

Por tanto, esta distinción entre encubrimiento y falta ética tiene la finalidad de poder dialogar con toda propiedad y rigurosidad, porque, lamentablemente, en algunos medios de comunicación social y profesionales también se está dando una liviandad que solo produce aún más daño a las víctimas. Las noticias falsas y actuaciones poco profesionales hacen perder credibilidad en la calidad de la denuncia, o, por otra parte, crean víctimas inocentes.

¿SABÍAN O NO SABÍAN?

La sociedad desconfía cuando oye a alguien confesar que, aunque convivía con él en la misma casa, nunca se dio cuenta de lo que hacía el otro. Se presume que convivir con una persona implica automáticamente conocerla. Además, este argumento fundamenta la hipótesis de que entonces la institución es corrupta porque, sabiendo, ocultó los hechos. Es decir, a pesar de que los individuos sabían, la institución, para defenderse y no perder su prestigio frente a la sociedad, prefiere negar lo que está sucediendo.

Sin negar que esta lógica es correcta en algunos casos, hay otras explicaciones que podrían hacer comprender lo que pasó, siendo verdad que no se sabía. No se trata de justificar, sino de explicar y comprender un fenómeno, porque solo desde esa comprensión correcta se puede establecer un camino de superación correspondiente.

Convivir y no darse cuenta significa que no se hizo una correcta interpretación de los hechos. Así, por ejemplo, si alguien llega muy tarde todas las noches, uno lo puede interpretar como una persona muy apostólica y así no caer en la cuenta de que sus visitas nocturnas no eran apostólicas. A la vez, esta mala interpretación de los hechos se comprende porque no cabía pensar de buena fe otra alternativa. Es decir, las salidas nocturnas para realizar comportamientos delictuales o cometer abusos no entraban en la cabeza como posible explicación de un hecho; simplemente era impensable que un sacerdote podía hacer algunas cosas. La mentalidad clericalista, una mentalidad que considera lo religioso como un monopolio de algunas personas consagradas, impedía pensar en la mera posibilidad de una actuación delictual.

Además, existe la necesidad de sentirse seguro y confortable dentro de una institución. Por tanto, se tiende a justificar el funcionamiento de un sistema del que se forma parte, porque es una manera de poder vivir tranquilo y seguro dentro de él. Así, por ejemplo, en una familia se puede negar algo, como una infidelidad, porque su aceptación destruiría a la familia.

Por último, tampoco se puede obviar la habilidad de una persona enferma, probablemente un psicópata, quien es capaz de vivir una doble vida sin que los demás se den cuenta. Sin embargo, esto no descarta la urgente y necesaria evaluación de la calidad de la vida comunitaria en las congregaciones religiosas. Se convive, pero ¿se conocen? Esta interrogante es especialmente relevante en las congregaciones apostólicas, donde las personas pasan mucho tiempo fuera de la comunidad.

Hay que repetirlo: son elementos para comprender y no para justificar, porque este desconocimiento tuvo graves consecuencias sobre personas concretas que fueron víctimas de abusos. En este sentido se puede hablar éticamente de un desconocimiento culposo o negligente, porque provocó daños muy severos.

En el fondo, cabe preguntarse sobre la antropología dominante que ha permitido una cultura del abuso. ¿No ha habido una pérdida del sentido de la responsabilidad por el bien del otro? ¿No se ha apagado esa actitud de hacerse cargo del otro, constitutiva de la propia vida y configuración de la propia identidad, especialmente como signo de ser un cristiano? Es el individualismo asocial que se queda con el cumplimiento de un rol sin la preocupación auténtica por el otro. Es decir, hice lo que pude, pero la responsabilidad era de otro.

Vivir es convivir, porque el ser humano es un ser relacional. La actual crisis cuestiona muy profundamente la calidad de la vida en comunidad. ¿En los espacios comunes (trabajo, educación, famillia…) se conoce realmente al otro? ¿Hay un interés sano en la vida del otro, en sus dolores y gozos? No se trata de vigilar en el otro un potencial delincuente, sino de cuidarse mejor entre todos y todas.

¿Qué pasó con la figura del Buen Samaritano que inspiró a la Vicaría de la Solidaridad? ¿Qué pasó con la Iglesia que se comprometió a favor de los derechos humanos, más allá —o en contra— de lo que exigía la responsabilidad legal?

Es la pregunta que hace el Papa Francisco a los obispos de Chile: «La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abusos de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones han sido abordadas, deja en evidencia este cambio de centro eclesial. Lejos de disminuir ella para que apareciesen los signos del Resucitado, el pecado eclesial ocupó todo el escenario concentrando en sí la atención y las miradas» (mayo, 2018).

URGENTE: UNA COMISIÓN NACIONAL

Revista Mensaje apoya totalmente el pedido de la Congregación de los Sagrados Corazones, que con fecha del 5 de agosto de 2019 propuso: «Consideramos que dada la situación que como Iglesia estamos enfrentando por las innumerables denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes y personas ligadas a la Iglesia Católica, se hace urgente conformar una comisión a nivel nacional que permita recibir los testimonios e investigar de manera autónoma y transparente, de acuerdo con los tiempos de cada víctima, y que sean remitidas a la justicia».

Una Comisión Nacional que reciba las denuncias, apoye a las víctimas, remita los antecedentes a la justicia y estudie las causas que permitieron los abusos es simplemente imprescindible para poder superar, o aminorar, las situaciones de abuso en la Iglesia y en la sociedad. Una Comisión formada por profesionales que gocen del respeto de la sociedad chilena. En Chile ya se tiene la experiencia de eso con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Presidente Aylwin, 1990), con la publicación final del Informe Rettig; y, posteriormente, con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Presidente Lagos, 2003) y la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Presidenta Bachelet, 2009).

En Chile, ya se tiene experiencia, como también hay personas aptas. Tal Comisión asegura la seriedad investigativa y la transparencia correspondiente para analizar las denuncias. Más importante aún, podría ser un momento de sanación para la sociedad, como fueron las Comisiones anteriormente señaladas, y la consecuente recuperación de la confianza ciudadana para poder construir juntos un proyecto país, basado en el respeto por la dignidad de toda la ciudadanía.

No cabe duda. La experiencia ha mostrado que se necesita una presencia y ayuda profesional para enfrentar y superar la crisis. Pero, también, es importante señalar que no basta con una solución jurídica, sino que también es necesario que se vaya creando, a la vez, una calidad de vida comunitaria.

RECONSTRUYENDO CONFIANZAS

Se hace camino al andar, reza la canción. Por cierto, esta crisis ha tomado por sorpresa a la sociedad, en el sentido de que el silencio al respecto por parte de algunas instituciones ha sido escandaloso e inexplicable.  Lo importante ha sido visibilizar a las víctimas, dando crédito a su testimonio y acogiéndolas de la mejor manera para sanar y reparar el dolor oculto por tantos años.

Ciertamente, también las instituciones se han vuelto más transparentes y más dispuestas a colaborar con el Ministerio Público. Resulta esencial este cambio de actitud, para que vuelvan a ganar la confianza y recobren plena legitimidad frente a la sociedad. El proceso largo de recuperar la confianza es el único camino de colaborar juntos, haciendo de la crisis una oportunidad única para crear ambientes sanos. MSJ

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