Política, democracia y convivencia

En nuestra sociedad ha llegado a su término el modo principal de resolución de conflictos y de constitución de actores sociales que prevaleció en Chile, constituido por la política y la política partidaria. La cuestión de fondo es la reconstrucción de la política y la refundación de sus relaciones con la sociedad. Mientras ello no ocurra, la calidad de nuestra convivencia será siempre mediocre y también mezquina.

Manuel Antonio Garretón

04 octubre 2019, 3:49 pm
29 mins

La democracia puede ser vista en dos dimensiones: una institucional, que se refiere al régimen político, y otra cultural, referida a los valores y principios que informan dicho régimen, pero que van más allá del mismo y generan ciertos rasgos fundamentales de la convivencia. Sin duda, ambas dimensiones están relacionadas, aunque tal relación no es mecánica y depende de circunstancias históricas y rasgos de la sociedad. Asimismo, están afectadas por las transformaciones de la sociedad contemporánea de tal modo que puede hablarse de una crisis de la democracia ya no solo por las deficiencias que ella pueda mostrar, sino por su capacidad real de cumplir con su misión originaria de organizar la sociedad y el poder político.

Tanto el paso de la sociedad industrial de Estado nacional a la sociedad posindustrial o informacional globalizada, como los procesos de globalización o de despliegue del modelo de desarrollo capitalista a nivel mundial con debilitamiento del rol dirigencial de los Estados, han significado procesos de desinstitucionalización, descentramiento o vaciamiento de la política, así como una crisis del principio y de las modalidades de representación a las que estábamos acostumbrados. Ello, a su vez, significa una profunda crisis de sentido y mutación de la democracia en las dos dimensiones señaladas(1). Por supuesto, esto no se plantea de la misma manera en todas las sociedades y lo que nos interesa en este artículo es ver cómo estas transformaciones generales se dan en particular en la sociedad chilena de las últimas décadas.

DESINSTITUCIONALIZACIÓN

El proceso de desinstitucionalización significa una creciente desnormativización y una ruptura de la relación entre valores y normas, y también la pérdida de capacidad de las instituciones o reglas del juego, y de las organizaciones para cumplir con la misión o función para las cuales han sido creadas.

Lo anterior es visible en todas las instituciones clásicas de la sociedad moderna, como también son la familia o la educación. De un tipo de sociedad en el que la vida humana y social transcurría a través de instituciones cuyo sentido y legitimidad no eran puestos en cuestión, pasamos a sociedades donde las relaciones de poder en los diferentes niveles —y también las relaciones intersubjetivas— redefinen constantemente lo que es legítimo y las normas de convivencia. De alguna manera, ello va asociado a otros dos procesos, que son la descategorialización (los sujetos dejan de definir sus comportamientos por su pertenencia a categorías clásicas, como la clase social, y se orientan más bien por sus identidades) y la desolidarización (los referentes de acción no son los otros en su conjunto, sino cada uno o los iguales a uno).

Ligado a lo anterior, se produce una disociación entre lo político, entendido como las relaciones de poder orientadas a la conducción general de la sociedad, y la política, como la actividad específica y profesional destinada a ello. Las grandes definiciones de la sociedad parecen venir menos de la política institucional y mucho más de los poderes fácticos, transnacionales o nacionales, sean estos financieros, comunicacionales, militares, o cualquier otro no sujeto al control político. La política deja de ser el espacio central excluyente en el que se definen los conflictos de poder de la sociedad, pues ahora tienen mayor significación ciertos espacios de lucha (sub-política)(2) con actores que definen sus intereses y demandas en ámbitos fuera del campo institucional.

CRISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD

Uno de los rasgos definitorios de la política clásica —más aún de la política democrática— era el principio de representatividad y la consagración de mecanismos de representación. Por algo se le identificaba como democracia representativa. En la democracia se representaban actores o sujetos individuales o colectivos, demandas e intereses, ideologías y proyectos, y el instrumento principal, aunque no exclusivo, eran los partidos políticos. Ahí donde las instituciones eran más débiles, el mecanismo principal de representación eran las organizaciones corporativas (lo que algunos llamaban «pretorianismo») o los liderazgos personalizados (que podían tomar formas populistas). En la medida en que se debilitan los grandes conglomerados clásicos, como las clases sociales, tienden a debilitarse también los grandes proyectos colectivos alternativos, y las demandas e intereses se particularizan en los individuos o en agregados de individuos. Así, la ciudadanía —base social y política de la democracia— tiende a desligarse de su dimensión de pertenencia a la polis para expresar dimensiones de consumo o suma de intereses individuales. Los partidos dejan de ser los elaboradores de los proyectos colectivos y tienden a orientarse casi exclusivamente por sus intereses electorales.

¿DEMOCRACIAS RELEVANTES?

Estos cambios —esquemáticamente señalados acá— implican una profunda transformación de la democracia tanto en su dimensión institucional o de régimen político como en su dimensión cultural(3). Y esta mutación es mucho más acentuada en los países de menor trayectoria democrática o en los que salieron hace pocas décadas de procesos de transición desde regímenes no democráticos, como es el caso latinoamericano.

Desde la dimensión institucional, cabe recordar que la teoría democrática no fue pensada para mercados trasnacionales sino para sociedades en que economía, política, cultura y organización social se daban en un mismo territorio con un centro de decisiones, que era el Estado. De ese modo, en sociedades en que estos ámbitos son atravesados por procesos económicos y culturales que los penetran y desarticulan, el problema de la democracia deja de ser el de las transiciones, que era el de instalar el régimen democrático dejando atrás las experiencias autoritarias, o el siguiente reto que es el de su consolidación y su calidad. El desafío radica, más bien, en tener relevancia: es decir, puede haber una democracia consolidada y de calidad aceptable, pero ella puede no ser el espacio de canalización y resolución de los conflictos principales ni de organización del poder político, la cual puede pasar a expresarse en procesos y mecanismos que quedan fuera del control democrático. La ciudadanía o la gente sienten que no es través de la democracia institucional que se resuelven sus problemas, sino que a través de las redes y las movilizaciones. No hay duda de que las primeras han transformado profundamente las formas de comunicación y convivencia, con efectos no siempre positivos, y que las segundas constituyen para muchos una verdadera experiencia democrática, a veces más importante que el acto de votar. Este escenario obliga a reformular las instituciones democráticas, si no se quiere que sean sustituidas de hecho.

LA DIMENSIÓN CULTURAL

Desde la perspectiva cultural de la democracia, hay, al menos, dos cambios significativos. Por un lado, a los ethos clásicos —el republicano liberal, el igualitarista, el comunitario— se agrega el ethos más individualista del estar bien, o el de la autorrealización o de felicidad (recuérdese, como ilustración, la democracia como «la alegría ya viene»). Por otro lado, el demos deja de ser exclusivamente el pueblo o la ciudadanía y pasan a ser los individuos, que son a la vez ciudadanos, consumidores o portadores de derechos individuales, más que miembros de una polis.

Por supuesto, hablamos de nuevas tendencias que no anulan ni eliminan los rasgos clásicos de la democracia en lo institucional o en lo cultural, sino que conviven con ellos, a veces sustituyéndolos, a veces complementándose. Pero su presencia significativa nos habla de una mutación de la democracia y de la política y, por lo tanto, de las formas de convivencia.

LA HERENCIA SOCIAL DE LA DICTADURA

Las tendencias señaladas permean de manera distinta las diversas sociedades, según sus historias particulares. La chilena presenta rasgos que no pueden entenderse sin referencia a la herencia del fenómeno principal que afectó su historia desde los años setenta del siglo pasado, cual fue la dictadura militar. A diferencia de las otras dictaduras del Cono Sur, la chilena realizó transformaciones que afectaron todas las dimensiones de la vida social, muchos de cuyos rasgos estructurales y normativos continúan hasta hoy, pese a reformas importantes que puedan haberse hecho en democracia, como ocurre con el modelo socio-económico, la salud, la educación, la regionalización, las relaciones laborales, la institucionalidad política cristalizada en la Constitución de 1980. A diferencia de los otros casos prácticamente no hay ningún ámbito de la vida social en que las transformaciones realizadas a sangre y fuego bajo la dictadura no tengan alguna presencia hoy.

Ello no quita que la democratización política y los gobiernos de la Concertación han significado avances significativos en consolidación de un régimen democrático y en desarrollo económico, disminución de la pobreza, modernización general y mejoramiento sustantivo de las condiciones de los sectores populares y medios. Sin embargo, las reformas políticas, si bien superaron enclaves autoritarios, no generaron una Constitución legitimada que fuera plena expresión de la voluntad popular, como tampoco superaron, aunque sí corrigieron parcialmente, el sello neoliberal heredado de la dictadura. Las movilizaciones sociales de los años 2011-2012 plantearon los temas centrales que atendían al modelo socio-económico (educación y reforma tributaria) y al modelo político (nueva Constitución), lo que fue recogido por el programa de candidatura de Bachelet, que amplió la Concertación incorporando al Partido Comunista, sumando las reformas laborales. Sin embargo, la oposición radical de la derecha a estas reformas, el distanciamiento de la Democracia Cristiana del programa de gobierno, la pérdida de la capacidad de liderazgo del gobierno, unido a escándalos de corrupción que tocaron a todo el mundo político, dejaron a estas reformas empantanadas, sin que la cuestión constitucional fuera resuelta. Sobre todo, tanto en la elección presidencial de 2013 —en que votó por primera vez menos de la mitad del electorado— como durante el gobierno Bachelet se consolidó la ruptura entre la política institucional y los actores sociales, lo cual constituye a nuestro juicio el fenómeno principal de la política chilena.

La herencia de la dictadura ya es parte del sustrato cultural de nuestra sociedad, y ella contribuye a que se carezca hoy de un consenso oficial declarado sobre el crimen fundante que fue el golpe de Estado de 1973 que llevó a la dictadura. Que muchos hayan apoyado o simplemente guardado silencio y que no existan actos explícitos de los poderes del Estado y de todas las instituciones en condena a este, implica que habrá siempre una convivencia dañada: unos no se sienten parte de la misma comunidad que los otros. La política y la democracia no ha sido capaces de resolver la gran escisión de la sociedad chilena.

LA POLÍTICA EN TIEMPOS DE LA CONCERTACIÓN

El estilo de la política seguida durante los gobiernos de la Concertación, denominada «política de los consensos» y que no fueron nunca consensos fundamentales sobre un nuevo orden socio económico, político y cultural, sino acuerdos de tipo adaptativo y de carácter elitario, tendió a generalizar esta sensación de la incapacidad de la política institucional para transformaciones profundas. Es preciso recordar que la gran crítica a los gobiernos de la Concertación era que estos tenían una manía de llegar a acuerdos puntuales y evitar los conflictos con la oposición, llevando a sectores importantes a distanciarse de la política institucional, observando que «todos son lo mismo».

Algo semejante ocurre con los temas de corrupción y desconfianza, pues se tiende a darles un carácter causal de la crisis de la política. Es innegable el carácter destructor que tiene la corrupción, pero no es menos cierto que el distanciamiento de la política institucional se había ya producido en 2011-2012, reflejándose en la elección presidencial de 2013, antes del conocimiento masivo de la corrupción. Y la desconfianza es más una consecuencia de las cuestiones culturales y de comportamientos políticos a los que hemos aludido. Ambos no son la causa del distanciamiento de la política.

Lo que estamos planteando es que, en el marco de las transformaciones señaladas en la primera parte de este artículo, hay causas culturales y estructurales de la crisis que no se explican por la corrupción, las disputas políticas ni por las desconfianzas.

LA GRAN RUPTURA

Lo que ha ocurrido en nuestra sociedad es que ha llegado a su término el modo principal de resolución de conflictos y de constitución de actores y sujetos sociales que prevaleció en Chile durante largo tiempo, constituido por la política y la política partidaria(4). Esta era la columna vertebral de nuestra sociedad y en ella los partidos jugaban un rol fundamental: actuaban no solo como organizaciones que representaban intereses y sectores sociales, sino también como subculturas. Todos los proyectos históricos planteados a la sociedad chilena durante la vigencia de la democracia provenían de los partidos, y los proyectos de oposición bajo la dictadura también tuvieron su origen en ellos.

En consecuencia, la crisis de la política institucional —que, como hemos mencionado, es mundial—, ha sido agravada por los rasgos recientes de nuestra historia nacional, haciéndose mucho más profunda por haber sido la política gestionada por los partidos y sus subculturas el principio constitutivo de nuestra sociedad como tal. Es cierto que una política conformada por los actores y los movimientos sociales, y generadora de proyectos históricos, puede reducir todos los conflictos a un conflicto central y dar pie a una alta ideologización y polarización de la sociedad, pero, por otra parte, la ausencia de proyectos colectivos da paso a una sociedad atomizada, desvertebrada, en la que los intereses particulares se enfrentan sin un horizonte común: la sociedad pasa a ser solo un pretexto para la satisfacción de demandas e intereses individuales o, a lo más, corporativos. Y la política se hace un mercado más. La referencia a una sociedad de sectores medios emergentes es un ejemplo de ello: estos se definen por intereses particulares y de ciudadanos cuyas demandas de derechos se acercan a las demandas de consumo y su «empoderamiento» aparente no pasa de ser una ilusión, si no cristaliza en cambios de las relaciones de poder en las instituciones. Parece muy difícil organizar sin mediaciones políticas una sociedad hacia fines comunes a todos. Por eso se produce la desilusión democrática.

LA NUEVA CONFLICTIVIDAD

A lo anterior hay que agregar la aparición de nuevos tipos de conflictos para cuya resolución no existen cultura política ni tampoco instituciones democráticas: los conflictos territoriales, medioambientales, de género, de inter subjetividad, étnicos, migración, por nombrar algunos. Los proyectos alternativos de sociedad que derivan de esos problemas no encuentran en las instituciones existentes ni en los partidos políticos formas de expresión, canalización o resolución. Eso explica, sobre todo en el caso chileno, uno de los más altos porcentajes de desafiliación partidaria, de conflictividad y de adicción a las redes virtuales (mal llamadas «sociales»), como lo muestran diversos estudios(5). Por otro lado, en el plano de la convivencia la pauta de relaciones y conflictos que se establecen sin mediaciones e instituciones creíbles, agudiza las desigualdades, una de cuyas peores expresiones es vivida como desigualdad de trato(6). Es cierto que, según algunos de estos estudios, se asiste a nuevas formas de politización, caracterizadas por una preocupación por nuevas formas de movilización y redefinición de lo público, aunque se trata de formas alejadas de las organizaciones e instituciones de la política tradicional(7). La cuestión es que ello parece difícil de extender a la mayoría de la población, si no hay las instituciones, organizaciones y mediaciones que permitan ver el país como un problema y un destino común.

CONCLUSIÓN

Vivimos en una sociedad cuya columna vertebral histórica, la política partidaria ligada a los actores y movimientos sociales, se ha quebrado y en la que las instituciones democráticas no han logrado resolver significativos problemas del pasado, ni tampoco se muestran capaces de abordar en su integridad los nuevos problemas que enfrenta la sociedad. La cuestión de fondo es la reconstrucción de la política y la refundación de sus relaciones con la sociedad. Mientras ello no ocurra, la calidad de nuestra convivencia será siempre mediocre y también mezquina. La responsabilidad no es solo de los actores propiamente políticos, sino de todos los sectores sociales.

Si bien la necesaria refundación es una cuestión de décadas e intergeneracional, también es cierto que pueden darse pasos desde ya, pasos que tienen efectos acumulativos para esta reconstrucción. Señalemos algunos, solo por la vía de ejemplos.

Por un lado, está la dimensión institucional, que supone básicamente la reconstrucción del espacio político en el que la política se haga relevante para la mayoría de la población. El establecimiento del voto obligatorio con altas sanciones respecto a la abstención, me parece una condición necesaria e indispensable, a lo que puede agregarse la posibilidad de voto voluntario a los 16 años. Otras medidas pueden ser la posibilidad de plebiscitos vinculantes a nivel comunal, regional y nacional y mecanismos de debate y decisión ciudadana para determinados temas que dialoguen con el Congreso. Sobre todo, está pendiente el tema de una nueva Constitución que sea legítima, lo que supone retomar un proceso constituyente ampliamente participativo en el que, junto a los temas fundamentales de cualquier Constitución democrática, se termine con los poderes fácticos y la apropiación privada de los bienes públicos, se haga cargo de la memoria histórica del país respecto de la ruptura institucional de 2013, condenando toda forma de negacionismo, y se debatan las materias emergentes a las que nos hemos referido más arriba.

Por otro lado, está la cuestión de los actores políticos propiamente tales, como son los partidos. Lo más probable es que estos no vuelvan a tener el rol que tuvieron en el pasado. Sin embargo, al menos se debe intentar recomponer un sistema de partidos en que se expresen las nuevas conflictualidades, con proyectos coherentes de futuro, y se constituyan coaliciones fuertes que puedan constituir mayorías estables.

Por último, está la dimensión cultural. Supone una profunda revisión del papel de la educación en la formación ciudadana, una legislación de medios que asegure el pluralismo del que hoy se carece y la existencia de verdaderos medios públicos, que hoy son inexistentes. Se requiere alguna regulación de las redes. la generación de espacios de encuentro entre el mundo político y el mundo de la ciudadanía, y el establecimiento de códigos de conductas democráticas en los diversos ámbitos de la sociedad.

Lo que parece haberse perdido hoy, por razones estructurales, institucionales y culturales, es el sentido de pertenencia y la responsabilidad ante una comunidad histórica, que es el país. En el nivel macro social, esta parece ser la clave de los problemas que afectan nuestra convivencia como sociedad. Y es, por lo tanto, la cuestión política fundamental. MSJ

(1) Retomamos temas planteados hace algún tiempo en Mensaje, «La sociedad de fin de siglo» (N° 473, Volumen XLVII, octubre 1998).
(2) Véase U. Beck, La invención de la política. Para una teoría de la modernización reflexiva. Fondo de Cultura Económica. México, 1999.
(3) P. Rosanvallon, La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires: Manantial, 2007. Para América Latina, I. Cheresky, El nuevo rostro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. Argentina, 2015.
(4) Esto es lo que hemos denominado M.A. Garretón (ed.), La gran Ruptura. Institucionalidad Política y actores sociales en el Chile del siglo XXI. LOM, Santiago, 2016.
(5) PEW Research Center, «Informe sobre adhesión partidaria 2018». PNUD Auditoría la Democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo. Santiago, 2014. F. Calderón (coord.), «La protesta social en América Latina». Cuaderno de Prospectiva Política 1. PAPEP, PNUD, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012.
(6) PNUD, «Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile». Santiago, 2017.
(7) PNUD, «Desarrollo Humano en Chile, los tiempos de la politización». Santiago, 2015.

Manuel Antonio Garretón

Sociólogo; Premio Nacional de Humanidades 2007