Actores y proceso político en la Primavera chilena

Las movilizaciones –sobre todo, las de carácter masivo, como las de octubre y noviembre– corresponden a coaliciones de diversos actores y organizaciones a quienes pueden sumarse otros participantes sin una agenda o estructura predefinida.

Nicolás Rojas Pedemonte

03 diciembre 2019, 4:44 pm
19 mins

Existe consenso generalizado sobre la raíz estructural e institucional del actual ciclo de protestas. No dudamos en diagnosticar una crisis del modelo de desarrollo y, sobre todo, la deslegitimación del sistema político. Se identifica, asimismo, una crisis de las instituciones sociales, así como otra intersubjetiva, que incluye malestar y descohesión (erosión del tejido social).

El ciclo de protestas es una expresión particular, histórica y contingente de la crisis estructural que afrontamos. El nivel de violencia alcanzado y las violaciones a los derechos humanos no son un resultado directo y mecánico de la crisis, sino un producto de la interacción entre los actores confrontados: por un lado, las organizaciones movilizadas y sus aliados y, por otro lado, la autoridad. Es decir, tanto los costos sociales y humanos del ciclo de protesta como su impacto político son un resultado en construcción, no de individuos aislados ni de estructuras metasociales, sino de la interacción misma entre actores en disputa.

El ciclo de protestas es el resultado de una relación histórica de larga data entre las élites y los actores movilizados, aunque también de una disputa cotidiana que se da en los medios, las calles y los espacios de toma de decisiones. Siempre existe la tentación de encontrar una explicación omnicompresiva a este “estallido social”, pero podemos afirmar que lo que hemos visto desde octubre no era inevitable ni, mucho menos, estaba predeterminado. Los diagnósticos macro aportan perspectiva en el análisis, pero requieren hoy de un lente más atento a los actores y a sus relaciones para entender lo ocurrido, y evaluar así posibles cursos y escenarios. El conflicto social es un proceso dinámico, multidimensional y en construcción, más político que épico. Es necesario hacer un zoom a las calles, a las autoridades, a la clase política, a las audiencias y medios de comunicación para entender las interacciones.

Las movilizaciones –sobre todo, las de carácter masivo, como las de octubre y noviembre– corresponden a coaliciones de diversos actores y organizaciones a quienes pueden sumarse otros participantes sin una agenda o estructura predefinida. Dada la diversidad de quienes concurren, se instaló la idea de que se trata de un movimiento sin liderazgos ni interlocutores. Sin embargo, la estructura de movilización (plataforma organizativa y comunicacional) y la alta capacidad disruptiva del movimiento se vinculan desde el primer momento a los estudiantes secundarios y su entorno, a sus organizaciones, asambleas y redes territoriales. Posteriormente, se sumaron organizaciones populares, sindicales, feministas y estudiantiles de la educación superior, como también grupos excluidos de la periferia, sectores medios y, por cierto, el progresismo social. Así emergió también en el mundo “adulto”, un conglomerado diverso de federaciones y organizaciones territoriales que se hizo llamar Unidad Social, alcanzando amplia resonancia y poder de convocatoria. Aun en presencia de estos actores y organizaciones, se continuó hablando mediática y políticamente de un movimiento supuestamente descabezado sin interlocutores.

PUESTA EN ESCENA

Luego de dos décadas de articulación y movilizaciones, desde “El mochilazo de 2001” hasta el contexto reciente de “Aula Segura” en los liceos, los estudiantes secundarios iniciaron desde la segunda semana de octubre pasado la movilización social más disruptiva desde el fin de la dictadura. Estudiantes del Instituto Nacional y organizaciones y asambleas secundarias de diversos liceos de Santiago comenzaron a evadir el pago del Metro como protesta al alza del pasaje. Sus líderes tuvieron apariciones en medios de comunicación e interpelaron duramente al gobierno y a los políticos. No obtuvieron respuestas y entonces la movilización secundaria aumentó progresivamente su convocatoria y capacidad disruptiva a lo largo de la tercera semana de octubre. Finalmente, el viernes 18 cientos de estudiantes secundarios desafiaron el control policial en las estaciones del Metro. El servicio se vio colapsado y fue suspendido. A media tarde encapuchados coparon la Alameda Bernardo O’Higgins entre Santa Lucía y Baquedano. La historia posterior es conocida: en Plaza Italia la policía fue sobrepasada por cerca de quinientos encapuchados, se quemaron buses del Transantiago, hubo un incendio en el edificio de la transnacional Enel, y en las periferias de la ciudad eran incendiados estaciones del Metro y pórticos del TAG, y saqueados grandes supermercados. Al día siguiente, el presidente Piñera decretó Estado de Emergencia, enviando al Ejército a las calles.

El Estado de Excepción Constitucional, con Toque de Queda incluido, era considerado por el Poder Ejecutivo –e incluso por ciertos sectores de la oposición– como una manera necesaria y efectiva para reestablecer el orden y desmovilizar. Sin embargo, esta represión indiscriminada (no selectiva) aumentó la adhesión ciudadana a las protestas, radicalizando las posturas, sin neutralizar a los actores más disruptivos que colapsaban el orden público. La autoridad había sido sorprendida y superada policialmente. Y evidentemente no contaba con un diagnóstico acabado de los actores movilizados. Respondió policialmente a un nuevo actor político, ahora flanqueado por nuevos y diversos actores que se sumaban a la protesta. El Estado de Emergencia no tuvo más que un efecto radicalizador y acarreó serios problemas al gobierno: manifestantes abatidos y violaciones a los derechos humanos. La protesta se extendió a diversas partes de Santiago y regiones.

Durante cuatro semanas el gobierno cayó estrepitosamente en su popularidad por sus actitudes erráticas y escasa disposición de diálogo: recién el sábado 19 optó por suspender el alza del transporte, demoró cinco días en plantear una agenda social y otros cinco más en remover a ministros cuestionados. En la cuarta semana, el Gobierno reconoció estar superado policialmente por los manifestantes, esbozó un primer gesto de perdón frente a la ciudadanía y pidió a los partidos políticos que acordaran una respuesta institucional a las demandas. Así, el 14 de noviembre –mientras las movilizaciones conmemoraban el asesinato de Camilo Catrillanca– los partidos se reunieron a redactar el acuerdo parlamentario para una nueva Constitución. Este fue ampliamente celebrado por sectores socialdemócratas y progresistas, pero no así por el Partido Comunista y sectores importantes del Frente Amplio, como tampoco por organizaciones estudiantiles, feministas y Unidad Social.

En tal escenario, se abren ineludibles interrogantes. Los efectos políticos del acuerdo son impredecibles, aunque en perspectiva histórica podrían constituir uno de los mayores triunfos de una movilización social. Al interior de las coaliciones partidarias, los mayores desafíos internos parece tenerlos hoy el Frente Amplio por sus fracturas y discrepancias internas y por su nuevo distanciamiento con las organizaciones de la sociedad civil movilizada, de la que alguna vez fueron parte. Por su parte, son precisamente estas las menos satisfechas: tildan al acuerdo de ilegítimo e ilustrativo de las viejas prácticas de la política. Anuncian que mantendrán las movilizaciones. En este contexto, ¿cuál es la proyección del conflicto y del ciclo de protestas?

¿QUIÉNES Y CÓMO CONTINUARÁN PROTESTANDO?

Una explicación gráfica de este acuerdo es que, por lo pronto, ha desmovilizado a Plaza Nuñoa, pero no a Plaza Italia. Ha desmovilizado a sectores moderados, principalmente a los mayores de treinta años que resintieron el desgaste cotidiano de la alteración de sus rutinas y que se inclinan por una democracia representativa. Han dejado de cacerolear en las esquinas y de aportar masividad a las manifestaciones. Con todo, los actores con mayor capacidad disruptiva y radicalidad, aquellos que no se conforman con la democracia representativa, que apuestan por una política nueva y participativa, y que exigen justicia y reparación frente a la violación a los derechos humanos, siguen protestando y anuncian que lo seguirán haciendo. Son estos actores, principalmente jóvenes y/o estudiantes, quienes asumen los mayores costos de la represión policial y mantienen alterado y colapsado el orden público. Para realizar sabotajes no se requiere masividad, sino una capacidad y experiencia de protesta que ellos han conseguido al fragor de la lucha en calles, liceos y universidades. Este nuevo actor ha demostrado con creces contar con esta capacidad, sobre todo desde octubre.

Este nuevo actor de las movilizaciones no se limita a los estudiantes secundarios, pero sus bases son parte de su ecosistema contracultural juvenil: asambleas territoriales y organizaciones estudiantiles, feministas, anarquistas, anticapitalistas, indígenas y ambientalistas. Se trata de un nuevo actor político, que porta una cultura movimentista forjada en las últimas dos décadas en una conflictiva relación con el poder, la autoridad y las instituciones políticas partidarias. Se trata de un actor nuevo que encarna una nueva política, una política de la calle, de las asambleas y de las tomas, con experiencia insurrecional acumulada frente a un sistema político que le ha excluido.

Este nuevo actor en las movilizaciones es producto de la cerrazón de un sistema político socialmente deslegitimado y escasamente participativo, pero también es resultado de las nuevas tecnologías de la comunicación: no necesita organizarse para movilizarse, pues ya está organizado e interconectado. Tampoco requiere jerarquías convencionales, pues se organiza horizontal y reticularmente, y tiene una muy extensa imbricación con organizaciones territoriales de base. Precisamente, eso lo hace difícilmente neutralizable y allí descansa su gran capacidad organizativa y disruptiva. Si bien principalmente está constituido por sectores populares y de los liceos, no cuenta con un clivaje de clase tradicional ni con un compromiso ideológico con instituciones partidarias. Se trata de una nueva izquierda, ideológicamente versátil y posmaterial (como diría Ronald Inglehart), que además cuenta con cierta sintonía con el movimiento antiglobalización y anticapitalista, el anarquismo internacional (Black Bloc, A.C.A.B., etc.), la lucha insurreccional de los ochenta, el movimiento feminista, el ambientalismo y los movimientos indígenas.

Este nuevo actor, y la nueva política que encarna, gana más resonancia y legitimidad social junto a las organizaciones “adultas” que lo acompañan en las calles, como aquellas que conforman Unidad Social. Las juventudes más excluidas y socialmente dañadas, tildadas violentamente de “lumpen”, también se suman. Como actor político, puede ser mediáticamente invisibilizado y sus voceros pueden ser excluidos de la vitrina pública, pero sus integrantes tienen poder en calles, asambleas y liceos. Es, en ese sentido, ilustrativa la “funa” (escrache) a líderes del Frente Amplio efectuada el domingo 17 de abril en las calles. En ella, el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, junto a otros manifestantes, increpó a Beatriz Sánchez por el modo en que se gestó el acuerdo por una nueva Constitución. La excandidata presidencial nunca le respondió y seguramente tampoco supo quién era ese líder estudiantil. Esta escena no hace más que evidenciar la profunda distancia entre la política institucional y la ciudadanía con su “política de las calles”, y también da cuenta del abismo generacional que puede perpetuar exclusión y violencia en nuestras ciudades.

La clase política y el gobierno durante este ciclo de protestas no le han hablado horizontalmente a este nuevo actor. Lo han negado así en su dimensión política. No le han reconocido el protagonismo en el proceso y solo ha sido criminalizado. No ha habido gestos para ellos, salvo el cuestionado cierre del año académico en algunos liceos emblemáticos.

El desafío que tenemos como sociedad hoy es acerca del nivel de inclusión que se alcance en el proceso constituyente y su resultado, pero también es un reto cómo se le otorga hoy participación y voz a estos nuevos actores políticos, que son capaces –en caso de ser reprimidos y negados– de mantener incendiados las ciudades, plazas, universidades y liceos.

El rol del gobierno será clave y es perentorio que su interacción con este actor pase de la negación al reconocimiento y el diálogo. Por lo pronto, desde este no se ha dirigido ninguna invitación o señal al colectivo ni a sus organizaciones formales, como las de los secundarios (únicos puentes formales a este nuevo actor). Hoy a estos solo se les radicaliza mediante la represión policial.

Finalmente, el curso de la protesta siempre es impredecible, pero una lectura atenta a la experiencia internacional y nacional más reciente permite suponer una institucionalización parcial de los manifestantes durante el proceso constituyente. No se prevé una institucionalización o desmovilización de este nuevo actor en las condiciones actuales que el gobierno y la clase política plantea: negación y represión. Es probable que el movimiento gane radicalidad mientras pierde masividad, y que los manifestantes sufran el desgaste de tantas semanas en las calles. Esto haría que las movilizaciones diarias sean insostenibles en el tiempo, pero no le quita a este nuevo actor la posibilidad de dar muestras recurrentes de su capacidad disruptiva. Solo una nueva política, legítima y participativa, y una interacción no punitiva ni adultocéntrica del gobierno con este actor podría canalizar democráticamente esta energía movimentista que, sin duda, amenaza el orden social y la paz de nuestras ciudades. La represión policial y militar ya demostró no contenerlo. Necesitamos avanzar hacia su reconocimiento, para no pasar de una democracia de la bomba lacrimógena a otra del carro bomba.

Urge resolver las raíces de la crisis estructural y, aunque una nueva Constitución ayuda mucho, requerimos hacernos cargo de las consecuencias acumuladas por décadas en nuestra sociedad. Sobre todo, debemos reparar y reducir con urgencia los costos sociales y humanos del ciclo de protesta y de la represión en curso. Enfrentamos un contexto estructural de crisis, pero también hay actores en disputa (autoridades y manifestantes) que llevaron este proceso al nivel de violencia desatada, y ellos mismos tienen mucho que decir en el curso futuro de la Primavera chilena. MSJ

Nicolás Rojas Pedemonte

Doctor en Sociología y director del Centro Vives de la U. Alberto Hurtado