¿Qué hacer para que nadie se quede fuera de la escuela?

Es posible proteger trayectorias educativas al modo de Uruguay. En nuestro país, unos 230.000 niños, niñas y jóvenes se encuentran fuera del sistema escolar, y es urgente corregir ese déficit.

Jaime Portales Olivares

Cristóbal Madero Cabib S.J.

Ana Verocai Masena

01 julio 2021, 1:23 pm
19 mins

En la edición N° 690 de Mensaje, hace un año, nos referimos a causas y consecuencias del drama de la exclusión escolar en Chile. Como señalamos en esa ocasión, aun considerando la existencia de leyes como la que establece doce años de escolaridad obligatoria, la Ley de Inclusión, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y los subsidios especiales a la retención, además de otras políticas, seguimos teniendo alrededor de 190.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema escolar. Este número se incrementó en cerca de 40.000 niños, niñas y jóvenes en el contexto de la pandemia del Covid-19. Miles de ellos en nuestro país no están recibiendo la educación que por derecho les corresponde.

¿Cómo nos responsabilizamos como sociedad de manera oportuna y competente de esta realidad? Contar con un sistema de protección de trayectorias educativas es una respuesta a este desafío fundamental, sobre todo en un contexto en que crecientemente los países están reconociendo su responsabilidad en garantizar el derecho a la educación escolar, primaria y secundaria, para todas y todos.

Chile cuenta con una serie de políticas y programas que se preocupan de la retención y el reingreso escolar. Sin embargo, estos dispositivos no están articulados entre sí. Si lográramos dar a estas iniciativas mayor coherencia sistémica, podríamos conformar un sistema de protección de trayectorias educativas muy potente. Este artículo aborda la política que ha empleado Uruguay al respecto, y reflexiona sobre cómo fortalecer una acción equivalente en nuestro país.

ALCANCE UNIVERSAL CON ANCLAJE TERRITORIAL

El Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (SPTE) uruguayo se sostiene en una premisa fundamental: es el Sistema Educativo Uruguayo (SE) quien asume la responsabilidad de generar la “situación pedagógica” para que todos puedan permanecer y aprender en la escuela. Tal situación consiste en el despliegue de acciones tales como aprender de las situaciones que desprotegen las trayectorias y generar estrategias en cada territorio para intervenir a tiempo sobre ellas. El SPTE se caracteriza por su alcance universal con anclaje territorial: a todos y en todas partes. Implementar el sistema supuso adoptar decisiones organizacionales sobre la articulación de los sistemas de información, la generación de nuevos sistemas de seguimiento y control, así como en la territorialización de las políticas educativas. Se creó, a su vez, un grupo del SPTE conformado por representantes de cada Subsistema Educativo de la educación pública (inicial, primaria, media inferior, media superior), con el propósito de articular y generar estrategias para la implementación de la política de protección de trayectorias, asumiendo la perspectiva de la educación inclusiva.

En concreto, los principales componentes o dimensiones del SPTE (CODICEN, 2016; 2017; 2018) son:

Seguimiento de cohortes de estudiantes: se monitorea a los estudiantes que egresan de la educación inicial y primaria, y se procura que continúen vinculados al sistema educativo en la educación media. De ser necesario, se toma contacto con la familia o se realizan visitas domiciliarias o gestión interinstitucional en el territorio.

Interciclos o “política de enlaces”: se los acompaña en su transitar desde educación inicial y primaria a media básica, y de media básica a media superior. Hay trabajo conjunto entre profesores de primaria y de media, involucrando a estudiantes y sus familias, asegurándose de que estén inscritos en el siguiente nivel. Se trabaja con figuras clave de cada centro educativo, que son el Equipo de Referentes de Trayectorias Educativas (ERTE).

Territorial: Desde el nivel territorial se identifican tempranamente situaciones que pueden constituir un riesgo educativo para la o el estudiante. Una vez determinado ese riesgo, se realizan intervenciones de índole educativa, social y familiar. Se concretan mediante las Comisiones Descentralizadas de la Administración Nacional de Educación Pública y Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración Educativa, las que se articulan con los centros educativos y las instituciones locales para acompañar a los estudiantes en sus trayectorias.

Trayectorias informadas: cuatro módulos conforman la plataforma informática que acompaña las trayectorias educativas. El primero implica inscribir de manera temprana a los estudiantes que egresan de educación primaria e ingresan a media. El segundo módulo es el de alertas tempranas, una de las cuales se genera cuando un estudiante falta a clases tres veces de forma consecutiva, o dos veces en cinco días. El tercer módulo vincula al estudiante, su familia y el centro educativo. Es una aplicación (app) que habilita consultas e intercambios. Finalmente, actualmente se desarrolla un módulo de acompañamiento en donde la familia puede visualizar el desarrollo educativo de su hijo.

A través de estos componentes se hace posible actuar e intervenir a tiempo, anticipándose a la desvinculación del estudiante.

Aún restan desafíos, pero por primera vez en su historia Uruguay logró universalizar el ingreso a educación Media: 99,2% de quienes egresan de primaria se inscriben en media. Hoy se sabe dónde está cada uno y así se le puede acompañar. Incluso a los que no están en el sistema de educación formal se les acompaña con otras propuestas de educación no formal, para volver a vincularlos al sistema formal.

Chile, en tanto, cuenta con dos tipos de políticas en esta área: las de retención escolar y las de reingreso educativo. A diferencia de Uruguay, estas no están suficientemente articuladas entre sí, y funcionan aisladas o disgregadas, sin coherencia sistémica.

POLÍTICAS DE RETENCIÓN

En nuestro país existen políticas que buscan asegurar la permanencia de estudiantes que, sin haber salido del sistema escolar, están en riesgo de hacerlo. Se busca implementar políticas y programas para que completen su escolaridad. Una iniciativa es la subvención pro-retención (SPR), subvención especial a establecimientos educacionales que logren retener a estudiantes de entre 7° Básico y IV Medio dentro del 40% más pobre de la población de Chile Solidario. Sin embargo, esta subvención, que opera como transferencia directa, no está condicionada a que los recursos se utilicen en, efectivamente, implementar estrategias de retención. Además, esta política no se articula con otras orientadas a la continuidad educativa.

Otro programa es el Programa de Apoyo a la Retención Escolar: Enriquecimiento de la Experiencia Educativa (PARE PeeE), iniciativa de promoción de la continuidad de trayectorias educativas en establecimientos escolares cuyos estudiantes están en alto riesgo de ser excluidos. Entrega recursos y desarrolla estrategias tales como el desarrollo de capacidades profesionales en docentes y directivos, monitoreo de asistencia de estudiantes, apoyo y reforzamiento (talleres de recuperación de contenidos, reforzamiento de contenidos y habilidades, etc.) y acompañamiento personalizado a estudiantes en riesgo de abandono (tutorías individuales y grupales, aprendizaje servicio, etc.). Cada uno de estos componentes presenta distinto nivel de desarrollo, privilegiando inicialmente las acciones preventivas a nivel de la escuela más que el acompañamiento personalizado a estudiantes, lo cual es un desafío pendiente. Además, el programa abarca un número muy reducido de establecimientos.

POLÍTICAS DE REINGRESO

Con respecto al reingreso, este se relaciona con hacerse cargo de niños, niñas y jóvenes que han salido del sistema escolar regular, y que han estado uno, dos o más años fuera del sistema sin haber completado su escolaridad obligatoria. En Chile existe una oferta limitada de escuelas de reingreso o segunda oportunidad (no más de veinte a nivel nacional), y programas socioeducativos de educación no formal, que reincorporan a estos niños, niñas y jóvenes al sistema y los prepara para dar exámenes libres. Por otra parte, existen centros de educación integrada de adultos (CEIA), en su mayoría de dependencia pública, cuya matrícula de estudiantes corresponde, en parte, a jóvenes con perfil de reingreso, es decir, a estudiantes de entre 18 y 24 años que presentan un alto rezago escolar y no han completado su escolaridad obligatoria. Según el Ministerio de Educación, este perfil de estudiantes se ha expandido en la educación de adultos en los últimos años, llegando a equivaler al 67% de la educación de jóvenes y adultos en el año 2018 (Ministerio de Educación, 2019).

Para lograr la articulación de la oferta señalada, la creación de una modalidad de reingreso educativo –recientemente aprobada por el Consejo Nacional de Educación– parece ser un paso muy relevante. Sin embargo, el desafío va más allá: se necesita generar coherencia sistémica entre las políticas y programas tanto de retención como de reingreso, y para eso la creación y desarrollo de un Sistema de Protección de Trayectorias Educativas en el país es fundamental.

¿QUÉ APRENDER DEL SPTE URUGUAYO?

Un primer elemento es el seguimiento de cohortes y contar con trayectorias informadas de las y los estudiantes. Hoy en día, tenemos en Chile un sistema de información específico al alero del programa PARE PeeE. Además, en los últimos años un sistema de alerta temprana georreferenciada de la exclusión escolar permite predecir su ocurrencia. Está en proceso de implementación en los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y en municipios, pero su uso podría expandirse, incentivando su uso a niveles nacional, regional, provincial y local, y por distintos sostenedores educativos (servicios locales, municipios y entidades públicas y privadas ligadas a educación).

Un segundo elemento relevante del SPTE uruguayo es su fuerte trabajo a nivel territorial y local. Este trabajo se ha materializado a través de las Unidades Coordinadoras Departamentales de Inclusión Educativa (UCDIE), las cuales se alojan institucionalmente en cada departamento del país. Apoyan a los establecimientos educativos en el seguimiento y monitoreo de las trayectorias educativas de los estudiantes. También acompañan la gestión del sistema de alertas tempranas en cada escuela, y colaboran en articular los subsistemas educativos de primaria, secundaria y media técnico profesional en lo que dice relación con la transición entre un nivel y otro.

Considerando estos antecedentes, la implementación de la Nueva Educación Pública en Chile constituye una gran oportunidad para establecer un sistema de protección de trayectorias educativas en el país. Esta nueva institucionalidad surge de una ley promulgada en 2017 (Ley N° 21.040) e implementada desde 2018. En concreto, en el periodo 2018-2020 se han instalado once Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los cuales agrupan a municipios que antes proveían la educación pública en sus territorios. Al final del proceso de implementación, se espera contar con setenta Servicios Locales a lo largo del país, articulados sistémicamente desde una Dirección Nacional de Educación Pública (DEP) similar a la Administración Nacional de Educación Pública uruguaya.

Uno de los aspectos más destacados de la ley de Nueva Educación Pública es que señala que una de las principales funciones de los SLEP es asegurar la continuidad de las trayectorias educativas de las y los estudiantes en su territorio. Para cumplir con dicha función, los SLEP debieran poder convertirse en los principales implementadores y articuladores de las políticas y programas de retención y reingreso escolar en su jurisdicción. Esto supone, entre otras cosas,  contar  con sistemas informáticos que permitan hacer seguimiento a la trayectoria educativa de sus estudiantes, e implementar programas preventivos de la exclusión escolar, como el PARE, desde una perspectiva sistémica y territorial. También, administrar y gestionar los recursos dirigidos a la retención escolar en su espacio geográfico, contar con una red de escuelas, aulas y programas de reingreso educativo, acordes a las necesidades de su territorio, entre otros elementos.

Para terminar, hay una figura en el SPTE uruguayo llamada los referentes de trayectoria educativa: equipos y personas que trabajan en los establecimientos educativos o en el nivel territorial, haciendo seguimiento y acompañamiento personalizado a las niñas, niños y jóvenes para que continúen su trayectoria educativa. Estos profesionales podrían ser una figura muy relevante en el marco de un sistema de protección de trayectorias educativas a nivel territorial en Chile. En nuestro país, hoy existe en algunos establecimientos educativos la figura de los tutores, profesores o asistentes de la educación en la escuela, quienes acompañan pedagógica y socioemocionalmente a las niñas, niños y jóvenes en pos de completar su escolaridad. Esta figura, a nivel micro, podría ser fortalecida en el marco de la creación de un Sistema de Protección de Trayectorias Educativas chileno. MSJ


REFERENCIAS

– CODICEN. (2015) Resolución N°80, Acta N°95 de fecha 2/12/2015, el Consejo Directivo Central resuelve crear un Grupo de trabajo técnico a los efectos de diseñar y garantizar la ejecución de un Sistema de Protección de Trayectorias Educativas.
– CODICEN. (2016). Resolución N°14, Acta N°17 de 5/4/16, el Consejo Directivo Central aprueba la propuesta para un SPTE así como el Protocolo de Protección, elaborado por el grupo de trabajo técnico citado precedentemente.
– CODICEN. (2017) Resolución N°10, Acta N°32 de fecha 7/7/2017, el Consejo Directivo Central aprueba la integración de los Equipos de Trayectorias Educativas (ERTES) y sus cometidos. · CODICEN. (2018) Resolución N°8, Acta N°18 de fecha 11/4/18 el Consejo Directivo Central aprueba y autoriza: a) la Plataforma del SPTE presentada por el grupo de trabajo técnico citado en el literal b), la que consta de tres Módulos a saber: Módulo de Ausentismo, Módulo de Acompañamiento y Módulo Familia. b) autoriza la aplicación del piloto en los centros educativos de EMB de los Consejos de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional.

Jaime Portales Olivares

Jefe del Área de Estudios e Incidencia, Fundación Súmate

Cristóbal Madero Cabib S.J.

Académico, Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas, y Facultad de Educación U. Alberto Hurtado

Ana Verocai Masena

Directora Sectorial de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, Uruguay