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Una serie de iniciativas internacionales dan cuenta de que hay cada vez más conciencia de que el «desarrollo» ya no puede obtenerse al precio de contaminar el medio ambiente o permitir abusos. Exigir la responsabilidad de los distintos actores es imposible sin participación y organización de la sociedad civil. Es responsabilidad del Estado fomentar esta participación, con una institucionalidad adecuada y financiamiento oportuno.