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Las máximas autoridades de la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado dialogan sobre algunos de los tópicos del actual debate sobre la educación superior en Chile, en tiempos de reformas y tensiones financieras. El rol de la enseñanza universitaria, la apertura a más diversidad e inclusión, los aportes concretos de cada proyecto universitario y las incertidumbres que despertaría el reemplazo del CAE se sitúan en el centro de la conversación.
A mediados de julio, un documento de veinte páginas presentado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, contenía las últimas indicaciones del Gobierno al proyecto de ley que busca crear un nuevo instrumento de Financiamiento a la Educación Superior (FES), en reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) y que condona y reorganiza las deudas de la educación universitaria. Básicamente, apuntaban a otorgar mayor flexibilidad en su uso por parte de los estudiantes y señalar un tope en el pago mensual que estos debería hacer. Según el ministro, el conjunto de propuestas añade fórmulas para asegurar una mayor sostenibilidad y evitar un excesivo cargo fiscal: «Reduce el gasto público, alivia las condiciones financieras de las familias chilenas, y mejora el control de los recursos en educación».
Sin embargo, el debate no se ha atenuado y continúan oyéndose advertencias sobre eventuales riesgos de operatividad, amenazas a la autonomía e, incluso, riesgos para las finanzas públicas en el mediano plazo.
Sobre esta materia específica y la actividad universitaria en el Chile hoy, dialogamos con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien en varios sentidos ha tenido un rol relevante en estas discusiones en las últimas semanas. También, con Cristián del Campo S.J., rector de la Universidad Alberto Hurtado, plantel que cuenta con una altísima proporción de alumnos en gratuidad y, por tanto, observa muy de cerca lo que se resuelva en materia de nuevas estructuras de financiamiento estatal.
— Juan Cristóbal Beytía S.J. (J.C.B.): Teniendo a la vista que nuestro país necesita crecer tanto en términos económicos como humanos, ¿cómo observan Uds. el rol social de la universidad? ¿Cuál es el gran aporte que está haciendo? ¿Qué podrían hacer las universidades de nuestro país en este momento de la historia?
Cristián del Campo S.J. (C.D.C.): Es un privilegio estar aquí con la rectora Rosa Devés, por lo que significa y lo que ha significado en nuestra historia la Universidad de Chile, que ha acompañado desde mediados del siglo XIX la idea de país que queremos formar y los valores fundamentales que nos van a constituir como comunidad.
Creo que en el contexto de hoy, de mayor polarización y menor diálogo, de mayor desconfianza con lo político como posibilidad de construir verdadera comunidad, la universidad puede contribuir como espacio formativo para una ciudadanía activa y la construcción del bien común. También, para la investigación y la reflexión en temas que nos urgen como sociedad. Es una vía para no dejar de creer en el diálogo ni en la pluralidad de nuestras miradas en una sociedad muy diversa, que se resiste a soluciones autoritarias o simplemente de fuerza, que siempre están al acecho.
Rosa Devés (R.D.): Totalmente de acuerdo con lo que dice el rector en cuanto a que las universidades cumplen, especialmente hoy, un rol fundamental ante las situaciones que viven las sociedades a nivel global, que requieren mucho de ciencia y conocimiento para abordar problemas muy complejos. Nuestra Universidad de Chile nació antes de que el Estado se fortaleciera completamente y, por lo tanto, existe esa vocación de construir lo público.
Nuestro país debe felicitarse por tener una Ley de Educación Superior que en su primer artículo reconoce la educación superior como un derecho, reconocimiento que tiene consecuencias y responsabilidades muy grandes, pues implica exigencias de equidad y de constituir comunidades diversas. Es algo que estamos trabajando las distintas universidades en Chile mientras, por ejemplo, son atacadas en Estados Unidos, donde las iniciativas de diversidad están siendo incluso prohibidas. Otra singularidad de Chile es que existe confianza ciudadana en las universidades, la cual se está perdiendo en muchas naciones. Y eso nos entrega también más responsabilidades. Por ejemplo, en el segundo proceso constitucional se pidió a las universidades —por encima de los municipios o las gobernaciones— que coordinaran los procesos de participación ciudadana, poniéndolas como actores principales y, por cierto, con responsabilidades políticas para favorecer la unidad y construir y fortalecer la República.
— J.C.B.: En su función social de formación, históricamente, la universidad ha estado asociada a una élite que podía acceder a la formación universitaria. Hoy, con la ley de gratuidad, ese acceso ha sido bastante masivo. Sin embargo, hay posturas que señalan que la formación universitaria tendría que restringirse a la élite y que para los otros sectores se debería haber ampliado la formación técnica, tal vez en ámbitos económicos, como de organización de las industrias, por ejemplo. ¿Cómo aprecian eso?
C.D.C.: Es indudable que la formación técnico profesional es fundamental y que los centros de formación técnica y los institutos profesionales cumplen una labor gigantesca, mientras los sistemas de acreditación han ido logrando que se consolide su calidad.
Ahora bien, me resisto a la idea de la elitización de las universidades, idea que involucra, de partida, una contradicción, porque la universidad es universal. Y lo es no solo en las materias que se enseñan o en la libertad de cátedra, sino también que permita la posibilidad del acceso universal. Es un riesgo enorme que la universidad termine convertida en otro mecanismo que reproduzca la desigualdad y la segregación; tiene que ser precisamente lo contrario, un mecanismo que nivele la cancha, que se distinga por ser un espacio diverso, donde se pueda producir un encuentro de realidades, lo que no se da en el resto de la ciudad segregada en que vivimos, ni en la mayoría de las dimensiones de nuestra convivencia. Esto, entre otros aspectos, está simbolizado en nuestra Universidad Alberto Hurtado en la ubicación de su campus en el cruce de la Alameda con la carretera Norte-Sur, en el centro de la ciudad: queremos una universidad a la que acceda gente de distintas trayectorias. Y eso, por lo demás, lo favorece una política de financiamiento vía gratuidad.
R.D.: En nuestro país, frecuentemente se confunde el talento o el mérito con las oportunidades que se han tenido para adquirir una educación que permite altos puntajes en las pruebas de ingreso. Y, sin más, se supone que los más altos puntajes son las personas que deben tener acceso a la educación de más alto nivel. Se desconoce con eso la enorme segregación social, económica y social que hay en la educación escolar y que distribuye las oportunidades de manera muy desigual e inequitativa. Así, en la Universidad de Chile tenemos la convicción de que la calidad está directamente relacionada con la equidad por una razón ética, pero también por una razón fundada en lo cognitivo asociada a la diversidad, pues la complejidad y la calidad se pueden alcanzar en la educación cuando se reúnen estudiantes que provienen de trayectorias de vida distintas. Una educación de calidad requiere una universidad diversa. Desde hace quince años estamos trabajando fuertemente por la equidad y la inclusión. Si se quiere seguir llamando «de Chile», esta universidad tiene que romper activamente con la tendencia elitizadora que da la selectividad.
R.D.: Me ha correspondido directamente instalar la idea en la universidad de que corresponde trabajar para permitir accesos especiales o vías distintas en pro de la inclusión y la diversidad. Abrimos una vía para el acceso de estudiantes que provenían de la educación pública y de colegios de alta vulnerabilidad. Es decir, no de colegios emblemáticos, sino de colegios de Educación Pública desde los cuales nunca había ido un estudiante a la Universidad de Chile. Después, hemos buscado más equidad en materia de género, más apertura a pueblos originarios, mejor acogida a personas con discapacidad. Se han abierto vías especiales de acceso, lo que es un cambio profundo en la forma de entender la universidad.
— J.C.B.: Una función esencial de las universidades es la generación de conocimiento; ojalá, un conocimiento pertinente, útil o enriquecedor para la sociedad. Y, asociado a eso, hay un sistema que hace rankings de universidades y profesores según el número de publicaciones y proyectos Fondecyt. Esto es un factor que puede apartar a esos mismos profesores de su rol de maestros. Se observa a veces un reclamo ahí, en cuanto a que se asocia esto a la pérdida del espíritu o del alma universitaria.
R.D.: Eso viene de antiguo, pero creo que hemos avanzado en el sentido de la valorización de la docencia. Se ha profesionalizado. Por ejemplo, tenemos mucho pensamiento sobre innovación docente o sobre didáctica en la educación superior en distintas disciplinas. Se da en esto que llaman The college of teaching, en el que hay una academia que es específica sobre la enseñanza y el aprendizaje.
Y, en relación con lo que se publica o se innova, se ha dado un cambio muy sustantivo. Cuando ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, había mucha exigencia en cuanto a que había que investigar, y predominaba la idea de que en función de la investigación se debía ejercer la docencia, que resultaba entonces muy bien fundada. Sin embargo, en cuanto a la didáctica, existía muy poca conversación. La didáctica estaba, más bien, asociada a personas que no investigaban. Eso ha cambiado. Hemos avanzado. Por otra parte, en la Universidad de Chile hemos establecido rúbricas para la evaluación académica, buscando la integralidad del quehacer académico, en la que hemos considerado, por ejemplo, el factor de vinculación con el medio. Aunque todos estos son cambios culturales difíciles, soy relativamente optimista en eso.
El aporte directo, en el caso de las universidades públicas o del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), va muy vinculado a los resultados de las actividades de investigación y eso es problemático. Sin embargo, si uno mira lo que ha pasado en treinta años, aprecia que actualmente la formación de los estudiantes está en el centro del quehacer universitario. Lo está, aunque requiere de cambios profundos, como también los requiere la investigación. La interdisciplinariedad, por ejemplo, es un concepto necesario y lo impulsamos, lo que implica reducir barreras interfacultades para lograr realmente un trabajo conjunto.
C.D.C.: La búsqueda permanente de altos estándares es una tensión en un escenario de recursos acotados. El trabajo de los organismos acreditadores me parece fundamental en el aseguramiento de la calidad que tenemos que proveer como sistema. El desafío, o derechamente el problema que enfrentamos, es cómo se puede cuadrar el círculo cuando queremos entregar una formación de alta calidad y con altos niveles de inclusividad, con una investigación de punta y pertinente, siendo además una institución muy vinculada con su entorno… ¿cómo lo podemos hacer cuando los recursos del sistema son estrechos?
Es un desafío que tendremos que enfrentar con renovada creatividad. El desafío de formar a nuestros estudiantes requiere innovación pedagógica, requiere académicos y académicas que están investigando. No queremos entregar contenidos maqueteados. De hecho, el nuevo proceso de acreditación institucional por el que tienen que pasar las universidades —y por el que la Universidad Alberto Hurtado acaba de pasar— incluye la investigación y la innovación docente para la mejora del proceso formativo. Asimismo, una de las cuestiones que más destacan los estudiantes, cuando hacemos las evaluaciones, es que sus profesores investigan, y que esa investigación es parte del ejercicio docente que ellos reciben.
El compromiso por una investigación y una docencia de calidad, es especialmente relevante por el perfil del ingreso de los estudiantes que recibimos. Tenemos el 70% de ellos en gratuidad. El 95% proviene de colegios particulares subvencionados y colegios públicos. Por lo tanto, con mayor razón, investigar e innovar en los procesos formativos es una responsabilidad fundamental, más todavía cuando ha cambiado mucho la población universitaria y hay tecnologías de alta incidencia en la vida de los estudiantes.
R.D.: Es más evidente que antes, debido a la velocidad de los cambios, que estamos educando para un mundo que no sabemos cómo será. Nuestro reto tiene que ver con cómo se enfrenta una educación que tiene que preparar para algo que desconocemos. Se requiere una reflexión profunda. Es cierto que nos podemos ocupar de los valores, que son lo más importante, lo más permanente. Sin embargo, ¿cómo se educa?… Está la pregunta de qué es lo que tenemos que aprender. Me refiero a todos. Porque se dice que los estudiantes no tienen el mismo nivel de concentración y ya no son los mismos de antes. Pero, los profesores, ¿tienen también las mismas condiciones y características de antes?
«Investigar e innovar en los procesos formativos es una responsabilidad fundamental, más todavía cuando ha cambiado mucho la población universitaria y hay tecnologías de alta incidencia en la vida de los estudiantes» —Cristián del Campo S.J.
— J.C.B.: Leyendo el ranking QS aparecido en julio, pareciera que las universidades chilenas han perdido posicionamiento. ¿Qué importancia tiene esto?
C.D.C.: Los rankings son útiles. Los parámetros deberían ser mirados por las universidades, pero evidentemente tienen límites. Por ejemplo, hay algunos rankings que expresan cuál es la «mejor» universidad, pero no toman en consideración qué tipos de estudiantes son los que cada universidad recibe desde su día uno. Y, por lo tanto, si eso no se considera, ¿cómo se evalúa cuál es el progreso que esa universidad logra? ¿Cuál es la transformación o el cambio que puede lograr con ese estudiante a lo largo de su trayectoria formativa? En las comparaciones que habitualmente se hacen, no se observan los mismos puntos de inicio, pese a que es hiperrelevante conocerlos. Sería interesante un indicador que contraste entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso, sobre todo después de unos años de trayectoria profesional. Es una variable difícil de medir, es cierto, pero es lo que a nosotros nos moviliza misionalmente.
Los rankings hay que mirarlos para mejorar, evidentemente, pero no para estar esclavizados.
R.D.: El QS es un ranking muy reputacional. Interesa mucho a las empresas y a los empleadores. Es importante lo que dice, pero no necesariamente indica la calidad de una institución. Hay otros rankings que se ocupan específicamente de la investigación. Pero hay que decir que nos va bien en el concierto latinoamericano a las universidades complejas chilenas. Y existen grandes universidades en nuestro continente, como varias mexicanas, brasileñas o argentinas.
— J.C.B.: En el sistema de acreditación que tenemos, hay dos aspectos que podrían parecer cuestionables. Uno es que los años de acreditación que se obtengan se asocian a mayores aportes del Estado para los alumnos en gratuidad. Es decir, se paga más a las universidades que tienen más años de acreditación. Eso podría generar una segregación de universidades, a la larga… Y lo otro es la tensión que esto provoca entre el control del Estado y la autonomía institucional. ¿Qué opinión tienen de este sistema?
R.D.: El tema del financiamiento y su vínculo con, por ejemplo, la acreditación o con la naturaleza de las universidades, como lo estamos viendo en el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (fes), es un tema altamente complejo. El financiamiento vinculado a la acreditación, si uno lo quiere mirar como asociado a la complejidad de las instituciones, puede ser razonable. Uno esperaría que efectivamente una universidad más compleja va a requerir mayores aportes del Estado porque tiene niveles de incidencia también mayores.
Ahora bien, ocurre que acá hay una fórmula que empuja al sistema completo, como si todas las universidades tuviesen que llegar a lograr una acreditación por siete años. Y la idea de eso implica que tienen que conseguir un muy alto impacto en sus actividades de formación o de investigación, y que, eventualmente, muchas universidades tendrían que llegar a los niveles que tiene hoy la Universidad de Chile, de 42 doctorados. Pero no es posible. Soy muy defensora de la idea de que una universidad tiene que tener capacidad de crear conocimiento, pero estoy consciente de que el país no puede tener 55 o 58 universidades de alta complejidad. En consecuencia, espero que en el actual estudio de una estrategia de educación superior podamos acordar una arquitectura de la educación superior, que sea diversa, sustentable y que contemple en su mérito a cada caso.
Se requiere una reflexión también sobre qué significa ser una universidad pública o estatal. A veces se dice que tendríamos privilegios, pero no los hay. La ley de las universidades estatales es muy exigente en cuanto a lo que se pide a las instituciones. Y los financiamientos no alcanzan para cumplir esas funciones de desarrollo/país o de vínculo con las regiones.
— J.C.B.: Tiene su lógica financiar las instituciones que son de mayor calidad y complejidad. Ahora bien, está el problema de que hay instituciones a las que no les llegan aportes suficientes y van recibiendo sistemáticamente menos.
C.D.C.: El tema es la arquitectura del sistema. Si uno analiza los instrumentos por separado, les puede encontrar sentido, pero El tema es la arquitectura del sistema. En su base está la pregunta por el tipo de educación superior que quisiéramos. Está sobre la mesa la importancia de reconocer la contribución que hacen las universidades públicas y estatales, y también la contribución de los proyectos privados. Hay que considerar, por lo demás, que hay universidades que tienen ciertos focos. Por eso coincido con la rectora en cuanto a que, teniendo los criterios y estándares una utilidad indiscutida, no estuvieran empujando a una estandarización de los proyectos universitarios.
La Universidad Alberto Hurtado, por ejemplo, tiene muy buenos resultados en investigación, particularmente en áreas, como las humanidades y las ciencias sociales, que son áreas que disponen de menos incentivos o menos recursos para la investigar y publicar. Por eso los rankings o cualquier otro tipo de incentivo que estandarice demasiado va a afectar la contribución de ciertos proyectos de alta calidad y pertinencia, y que, además, se hacen cargo de formar seriamente a estudiantes que han tenido menores oportunidades de recibir una educación de calidad. Por otra parte, es evidente que cuando ciertas universidades concentran altas tasas de estudiantes en gratuidad, más dependencia del financiamiento estatal van a tener. Por tanto, decisión política, cada cambio, cada nueva decisión en el ámbito del financiamiento tiene un enorme impacto, sean los niveles de los aranceles regulados, sea una decisión a nivel de acreditación institucional —pues el nivel de los aranceles regulados también se establece sobre la base de un polinomio en el que inciden los años de acreditación.
Finalmente, respecto de la autonomía y el financiamiento, a propósito de la discusión por el FES, es legítimo pensar que si dependemos más y más de un financiamiento estatal—que ya es muy alto cuando se tienen altos niveles de gratuidad—la autonomía se puede ver afectada, no porque necesariamente se vaya a restringir la libertad de los proyectos universitarios, pero evidentemente que sí esa autonomía se puede ver afectada por la menor disposición de recursos, sea, por ejemplo, por la fijación de aranceles, o por los factores que más o menos pesan a la hora de financiar proyectos.
R.D.: Uno de los problemas que tiene el financiamiento de nuestra educación superior es que está muy centrado en la demanda, en la gratuidad o en el futuro fes, y saca de la discusión el tema de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación.
Para estructurar el financiamiento, estamos muy basados en la competencia, como se ve en el intento de levantamiento de centros de investigación universitarios: predomina el mecanismo de la competencia y no hay una adecuada visión estratégica. Esto llevó a que quedara de lado el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, que, recordemos, fue crucial para salvar directamente tres mil vidas durante la pandemia: logró interacciones entre la ingeniería y la medicina, permitiendo que muchos niños siguieran con vida. Además, tuvo un destacado rol en el combate al virus sincicial el año pasado. Lamentablemente, tras veinte años de estar realizando aportes, pasó a no obtener recursos de parte del Estado.
Hoy están postulando 181 centros para 29 plazas en el sistema. Cuando se conozcan esos resultados, la desilusión será gigante en el sistema universitario en general. Probablemente el país no puede financiar tantos centros, pero tenemos que encontrar algún sistema que dé más estabilidad a estos desarrollos que ha costado tanto levantar. De todos modos, que en el pasado hayamos levantado esos centros es una razón para estar optimistas, porque revela que tenemos la capacidad, aun sin tanto apoyo estatal.
— J.C.B.: Es bastante evidente y de consenso que el CAE debería cambiarse. Hay una morosidad muy alta y ha crecido enormemente el pago de garantías del crédito por parte del Estado. El año 2024 fue 357 mil millones de pesos. Ahora se está proponiendo el FES. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de esta propuesta?
R.D.: Es positivo que se ofrezca una salida a la insostenible situación financiera actual. El FES pareciera ser un sistema mucho más eficiente de recaudar los recursos y, en ese sentido, la propuesta asume una responsabilidad que hasta el momento se había descuidado.
El FES formula algo que no se trata exactamente de un préstamo, ya que es solidario. Y que sea solidario es difícil de entender en nuestra sociedad, que no está dispuesta a aceptar mecanismos solidarios de financiamiento. Es un tema bien profundo y no sé si se ha discutido suficientemente y la conversación sobre esta propuesta se hace más compleja.
Se propone un sistema donde las personas devuelven según un mecanismo contingente a los ingresos que obtenga en su vida laboral. Igualmente, todos hemos dicho que en esta fórmula tiene que haber algún copago, ya que es importante para que sea sostenible para las instituciones.
Quiero recalcar que es positivo que se busque regular el sistema, porque hoy crece sin ninguna normativa, con aranceles absolutamente libres. Eso no es adecuado y alguna regulación debe existir. Por ejemplo, una universidad chilena compró una sede en Estados Unidos y uno se pregunta no solo si eso es necesario, sino también cómo es posible que se den excedentes tan importantes en un plantel cuyo objetivo es la enseñanza. Así, me parece que la regulación tanto del crecimiento como del nivel de los aranceles tiene buen fundamento. Resulta responsable proponerse que no crezca inorgánicamente el sistema.
«El FES formula algo que no se trata exactamente de un préstamo, ya que es solidario. Y que sea solidario es difícil de entender en nuestra sociedad, no dispuesta a aceptar mecanismos solidarios de financiamiento» —Rosa Devés.
C.D.C.: Respecto del CAE, evidentemente es un avance importante en un contexto en el que hay visiones ideológicas en este tema. ¿Cuánto de mercado y cuánto de aporte privado puede entrar en el ámbito de la educación, y cuánto puede el privado determinar el acceso a la educación? Hemos dado pasos fundamentales como país; primero, con el Crédito con Aval del Estado y después, fundamentalmente, con la gratuidad para consolidar la idea de que la posibilidad de estudiar no dependa del poder adquisitivo. Y, en un contexto demográfico donde sabemos que no habrá un gran crecimiento de estudiantes de pregrado en el futuro, es importante abordar estas materias.
Para aquellas universidades que dependemos mucho del financiamiento del Estado por estar comprometidas fuertemente con la gratuidad, es fundamental saber con mucha precisión qué efectos tendría la eliminación del copago en los deciles 7 al 9 (con sus diferentes simulaciones).
En síntesis, para muchas universidades como la nuestra —que no recibimos aportes basales para investigación, sino solo un monto compensatorio— el panorama resulta complejo. Insisto en la necesidad de tener mucha claridad en las simulaciones que se están realizando, para que haya más certeza para poder proyectar cómo nos afectaría una reforma del tipo planteada con el FES.
La situación del CAE era insostenible. Las correcciones hechas son importantes. Y, por cierto, coincido con la rectora en cuanto que no estamos acostumbrados a asumir el principio de la solidaridad. Sin embargo, es muy comprensible que la parte más importante de la discusión se haya centrado en el impacto que puedan sufrir las instituciones. Desde el CRUCH hemos hecho esfuerzos para calcular eso y para dialogar con el ministerio para hacer ver los efectos que tienen los distintos escenarios. Es de esperar que, si esto sigue avanzando, no se perjudique a las universidades que estamos comprometidas con una política de acceso amplio a la educación superior, y que lo hacemos con una propuesta de reconocida calidad e impacto positivo.
