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«Chile 2025: reconstruir el vínculo en tiempos de incertidumbre» es el título de la edición de ese trabajo, que se presenta a mediados de agosto en el marco del Mes de la Solidaridad. Vivienda, capacidad de emprendimiento, migrantes, educación, territorio mapuche y sociedad civil: temáticas en el foco del nuevo volumen. [También disponible en audio]
La tesis que organiza este balance es directa: la fractura social que atraviesa al país no se explica únicamente por la desigualdad material. También se produce cuando las instituciones reconocen derechos, pero levantan o toleran barreras que impiden ejercerlos; cuando las políticas incluyen formalmente a las personas, pero no transforman el trato, la estima social ni las condiciones de reconocimiento que permiten sentirse parte de una comunidad compartida.
Tal idea, expresada en el Balance de su publicación impresa, sintetiza en buena medida el sentido de la Cartografía Social de Chile 2025. Reconstruir el vínculo y la convivencia, que será presentada a mediados de agosto.
Esa expresión destaca que la contradicción ahí descrita es un factor que en nuestro país debilita el vínculo entre ciudadanía e instituciones, y convierte la convivencia en una tarea cada vez más difícil. Plantea que reconstruir los vínculos y la convivencia exige más que ampliar coberturas sociales, y que requiere construir reconocimiento, justicia, participación y confianza ahí donde la vida común se vuelve frágil.
Con la edición de Nicolás Pedemonte Rojas y Jorge Castillo Tabilo, el volumen será presentado por el Hogar de Cristo, TECHO-Chile, Fundación Súmate, Centro Vives UAH, Fundación Lican, Servicio Jesuita a Migrantes y Fondo Esperanza.
Esta es una nueva versión de una colección que busca, año a año, producir conocimiento sobre la realidad social en Chile a partir de la experiencia y la reflexión de organizaciones de la sociedad civil. Su propósito es aportar a los análisis para el diseño de políticas públicas.
Este año, el Catálogo retoma la preocupación por los márgenes y las desigualdades. Esta se presentó en el tomo del año pasado, pero ahora desplaza la mirada hacia dimensiones más difíciles de medir y de intervenir: la cohesión social y la convivencia.
Según se señala, resulta más difícil porque la exclusión también se da dentro de comunidades formalmente integradas y porque la precariedad de los vínculos es característica central en la pobreza contemporánea.
El volumen cuenta con una presentación de Carol Bown, alcaldesa de San Miguel, y otra de Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú.
El volumen, asimismo, pasa revista a los factores que inciden en el déficit de vivienda. Recuerda que el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile registró 120.584 familias viviendo en 1.428 campamentos, la cifra más alta desde 1996. El número de asentamientos creció 10,6% respecto del catastro anterior y el de familias 5,8%. Postula distinguir entre la pobreza habitacional que empuja a miles de familias a vivir en campamentos y las prácticas delictivas que se instalan en algunos territorios aprovechando vacíos institucionales.
En relación con los inmigrantes, advierte que Chile reconoce la migración como una realidad estructural, pero sigue enfrentándola muchas veces desde la sospecha, la restricción y la indolencia ante la irregularidad. Según el Censo 2024, más de 1,6 millones de personas migrantes viven en el país, equivalentes al 8,8% de la población: ya no se trata de un fenómeno excepcional, sino de una dimensión permanente. El capítulo del Servicio Jesuita a Migrantes muestra que, aunque Chile avanzó al reconocer el derecho al cuidado y crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados mediante la Ley 21.805, ese reconocimiento pierde fuerza si quienes realizan labores de cuidado quedan fuera de las condiciones mínimas para ejercer sus derechos.
En materia de pobreza. Expresa que medirla no es un ejercicio neutro. Advierte que, con el nuevo estándar, la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3% en 2024. Al aplicar retrospectivamente esa metodología, la pobreza de 2022 no habría sido 6,5%, sino 20,5%. Y añade que la diferencia es enorme y obliga a leer con más cuidado la historia reciente.
Aborda la situación en el territorio mapuche, indicando que no se ha construido una salida política suficientemente robusta. El capítulo respectivo se pregunta qué cauces políticos, comunitarios e institucionales son necesarios.
En educación, indica que una urgencia es la de miles de jóvenes que están fuera del sistema. Y que se requieren financiamiento, equipos preparados y una institucionalidad capaz de acompañar trayectorias marcadas por pobreza, vulneración de derechos, responsabilidades familiares y experiencias previas de fracaso escolar.
En materia de emprendimiento popular, se aboga por robustecer instancias de apoyo a pequeños emprendedores, recordando que hay más de siete mil bancos comunales organizados en Fondo Esperanza.
Igualmente, expresa que hay un aumento de organizaciones en el ámbito de la sociedad civil, cuya tarea es importante donde el Estado no puede llegar a tiempo. Y advierte que el aumento de organizaciones de la sociedad civil no garantiza por sí solo mayor cohesión. «Chile cuenta con cientos de miles de organizaciones formales, pero sigue mostrando niveles muy bajos de confianza interpersonal e institucional», se recalca.
Con el nuevo estándar, la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3% en 2024.
