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Integrantes de la Comisión Experta expresan a Mensaje por qué para Chile importa una carta fundamental que, junto con establecer bases institucionales, derechos y también deberes, permita que el quehacer político futuro sea el que asuma las definiciones más específicas.
Perspectivas esperanzadoras pueden fortalecerse, o bien pueden abrirse, al escuchar sobre el trabajo de la Comisión Experta a dos de sus integrantes, que tienen en común ser jóvenes abogados constitucionalistas… aunque patrocinados para esa instancia por tiendas políticas distantes una de otra.
El diálogo con ambos trasunta el espíritu constructivo que más de alguien ha señalado que existió en la labor (6 de marzo al 5 de junio) desarrollada por los veinticuatro escogidos para entregar el «Anteproyecto de nueva Constitución» al Consejo Constitucional. Sin embargo, en esta conversación también se develan puntos de incertidumbre y quedan de manifiesto dudas importantes, que mantienen vigentes las posibilidades de éxito o de fracaso del actual proceso constituyente iniciado en diciembre de 2022.
Conversamos con Catalina Salem, académica e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, quien fue propuesta por Renovación Nacional para ocupar un espacio en la Comisión Experta. También, con Domingo Lovera, académico y codirector del Programa de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, quien fue patrocinado por el Frente Amplio.
— Juan Cristóbal Beytía S.J. (J.C.B.): En la historia de Chile esta es la primera vez que están prácticamente todas las fuerzas políticas relevantes presentes en una propuesta constitucional. Al mismo tiempo, ustedes han tenido un trabajo no exento de tensiones internas, pero han llegado a aprobar el Anteproyecto por unanimidad. ¿A qué se puede atribuir todo esto?
Catalina Salem (C.S.): Sin duda, es bastante inédito. Un primer factor fue que los veinticuatro integrantes de la Comisión Experta teníamos un compromiso muy fuerte con la responsabilidad que implica esta tarea y la asumimos con el máximo profesionalismo. Hubo un sentido de responsabilidad que nos unió y generó un clima de mucha confianza mutua, de compañerismo, de escuchar al otro, de persuadirnos: con Domingo nos correspondió redactar en conjunto algunas partes del texto y, entonces, nos sentábamos juntos con nuestros computadores e íbamos redactando mano a mano, pese a que ambos pensamos muy distinto en lo académico. Nos fuimos persuadiendo con argumentos teóricos o prácticos, generándonos confianza y respeto hacia nuestro trabajo… Eso, los veinticuatro expertos lo atesoramos mucho, aunque el resultado no haya sido perfecto y sea tal vez distinto a lo que cada uno de nosotros, individualmente, hubiese querido.
Domingo Lovera (D.L.): Estoy completamente de acuerdo. El año pasado asistí a un par de conversatorios con Art O’Leary, secretario general de la comisión electoral de Irlanda y sus asambleas ciudadanas, sobre el proceso participativo que allá realizan sobre reformas constitucionales puntuales. Él nos dijo que el éxito o fracaso de esas experiencias debía evaluarse desde la perspectiva institucional y de los procedimientos, pero también desde el punto de vista de las actitudes. Nuestra comisión cumplía con ambas condiciones. En lo institucional: estaba, por así decirlo, «empatada» en su composición y entonces nos obligábamos a acordar, deliberar, convencernos, negociar. Había además Doce bases que orientaban y servían de límite, y también normas reglamentarias que nos ahorraron haber tenido que comenzar discutiendo ese aspecto… Y respecto de las actitudes: bueno, como se dice en algún texto canónico del derecho constitucional, no somos ángeles, pero sí contábamos con la disposición y el ánimo para situarnos en una discusión en pro de los acuerdos.
Hay que agregar que teníamos a la vista no solo el trabajo de la anterior Convención Constitucional, sino también cómo este se proyectó en las redes sociales, las que eran un campo de batalla virtual. Entonces, ahora estábamos muy concientizadas y concientizados de necesitar un debate con altura de miras, y creo que lo logramos.
«Nos fuimos persuadiendo con argumentos teóricos o prácticos, generándonos confianza y respeto hacia nuestro trabajo… Eso, los veinticuatro expertos lo atesoramos mucho, aunque el resultado no haya sido perfecto» —Catalina Salem.
— J.C.B.: Así como este texto del Anteproyecto, según se ha señalado, no pertenece a nadie en particular, podría correr el riesgo de que sea un texto que, por lo mismo, tampoco le guste a nadie. ¿Hay un peligro en eso?
C.S.: Esa es una pregunta sociológica y política muy difícil de responder en tanto hoy las personas están muy desencantadas con la política en general. En la Comisión estuvimos muy encerrados trabajando y lo hicimos con un reglamento claro y plazos muy breves. Ahora todo cambia mucho con la instalación del Consejo Constitucional, cuyo desafío es hacer que este texto la ciudadanía lo sienta como propio para que nos permita convivir en las próximas décadas.
Evidentemente, hay aspectos difíciles de acercar a la ciudadanía. Eso es todo un desafío… Hubo hace un tiempo una esperanza muy fuerte en que la Constitución Política podía cambiar de manera significativa la vida de las personas, pero esa aspiración tuvo luego un desencanto al ser rechazado el texto en septiembre del año pasado. Hoy las personas se preguntan para qué necesitamos la Constitución y esa es una gran pregunta que queda abierta.
D.L.: Una Constitución es virtuosa en la medida en que nadie la sienta particularmente suya. Debiera servir de campo abierto para que las diferentes posiciones puedan convivir y ser respetadas. La Constitución actualmente vigente, por ejemplo, no satisface completamente ese objetivo. El anteproyecto trata de hacerlo, proponiendo un pacto constitucional que no excluya a nadie.
Por otra parte, también puede haber respuestas desde un cierto constitucionalismo social. Hay formas de hacer que una propuesta le guste a la gente. La apuesta que hizo la Convención fue, de alguna manera, que todos debíamos ver reflejado en su propuesta todo lo que nos gustaría. Sin embargo, eso es lo que termina haciendo que una Constitución se sobrecargue, facilitando que haya desacuerdos, o bien que pueda excluir a una parte de la comunidad. En tal sentido, he opinado que habría que apostar por una Constitución con menos prosa, a la vez que con procedimientos claros que permitan que sea el libre juego de la de la política lo que permita que después se vayan implementando planes de gobierno.
«Habría que apostar por una Constitución con menos prosa, a la vez que con procedimientos claros que permitan que sea el libre juego de la de la política lo que permita que después se vayan implementando planes de gobierno» —Domingo Lovera.
— J.C.B.: A fin de año estará el plebiscito respecto de la propuesta constitucional. Frente a esto, si tuviéramos adelante este anteproyecto, ¿cuáles serían los avances o sus grandes progresos respecto de la Constitución hoy vigente?
C.S.: Me gusta muchísimo del Anteproyecto lo que en derecho constitucional se denomina «la parte orgánica de la Constitución», que tiene que ver con cómo se limita y cómo se ejerce el poder. En el texto se avanza, como nunca antes en nuestra historia constitucional, en la regulación de las relaciones entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Se corrigen muchos defectos que, en otros momentos, han causado incluso guerras civiles. Hay un aprendizaje de doscientos años de historia y también de hechos recientes, proponiéndose normas que permitirían una mejor gobernabilidad de la comunidad política, mediante requisitos para la vigencia de los partidos, y eso a lo mejor en otro órgano distinto a la Comisión Experta no se podría haber logrado… Si, por ejemplo, la redacción hubiese estado a cargo del Congreso Nacional, es muy poco probable que se hubiese avanzado tanto, en vista de que es un ejercicio que afecta precisamente a los incumbentes del poder, a los partidos políticos y al mismo Presidente. La Comisión Experta actuó con mucha independencia técnica y plasmó en el anteproyecto lo que técnicamente corresponde abordar.
Se modernizan también órganos que nos han acompañado a lo largo de nuestra tradición republicana, como el Poder Judicial. Hay, asimismo, una modernización importante en temas sensibles como el Ministerio Público, cuya estructura se modifica de manera que pueda afrontar mejor el fenómeno criminal, que tanto nos preocupa. En lo que denominamos la «parte dogmática» de la Constitución, se avanza muchísimo, pues no solamente se consagra el Estado social y democrático de derecho y se establecen derechos, sino que también se consagran deberes. Esto último es una forma de reconocer nuestra libertad, desde la cual surgen deberes, los que nos permiten vivir en comunidad. En este caso, son deberes que van desde el cuidado del medio ambiente hasta el cuidado de la familia. Se trata de una innovación respecto a los textos constitucionales anteriores, haciéndonos a todos igualmente responsables frente a la solidaridad o a la justicia, que son principios que inspiran el primer capítulo del anteproyecto, así como el resto de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico, incluyendo las leyes y los reglamentos.
«No solamente se consagra el Estado social y democrático de derecho y se establecen derechos, sino que también se consagran deberes. Esto último es una forma de reconocer nuestra libertad, desde la cual surgen deberes, los que nos permiten vivir en comunidad» —Catalina Salem.
D.L.: Coincido y agrego dos puntos. Destaco la independencia técnica con que operó la Comisión. Catalina y yo somos personas que tenemos efectivamente un perfil técnico, pese a haber sido nombrados con el respaldo de fuerzas políticas diferentes. En la Comisión hemos hecho reformas importantes que no sé si, en otra fórmula institucional, habrían sido encaradas con el carácter comprehensivo ahora logrado ni con la calidad técnica que se requería. La regla del umbral del 5% para que un partido político persista como tal después de una elección puede no agradar a los partidos, pero acá se pudo establecer porque compartimos, como pensamiento transversal, la necesidad de que se evite la fragmentación, a fin de lograr mayor gobernabilidad y un mejor funcionamiento en el Congreso.
En segundo lugar, hemos propuesto una Constitución habilitante de la vida política. Las constituciones tienen dos caras. Limitan efectivamente. Buscan contener el poder para asegurar la libertad o la igualdad, y para que las personas se vean protegidas en sus derechos. Sin embargo, también se requiere que habiliten el poder, justamente para que se asegure la libertad y se satisfaga la igualdad. En ese sentido, yo creo que la que proponemos es una Constitución que habilita o que debiera permitir que las coaliciones políticas que lleguen al gobierno —en un marco de respeto de derechos y deberes constitucionales, junto con un cúmulo de principios— puedan implementar sus planes de gobierno y que los ciudadanos podamos hacerles ver si nos parece que están operando bien, o no.
Este un texto que, con un cierto grado de madurez, tanto estatal como republicana, da la bienvenida con los brazos abiertos a la democracia. Y esperamos que le haga sentido a una ciudadanía que a veces se ha preguntado por qué razón tiene que ir a votar.
«Este un texto que con un cierto grado de madurez, tanto estatal como republicana, da la bienvenida con los brazos abiertos a la democracia. Y esperamos que le haga sentido a una ciudadanía que a veces se ha preguntado por qué razón tiene que ir a votar» —Domingo Lovera.
— J.C.B.: Hubo temas muy relevantes en la discusión anterior, en la Convención, pero ahora parece que estos temas han estado más silenciados: medio ambiente, pueblos originarios, descentralización o paridad de género, por ejemplo. En el actual anteproyecto, ¿no ha quedado al debe alguno de estos?
C.S.: En las materias controvertidas, no todos han quedado —o no todos hemos quedado— satisfechos con la totalidad del anteproyecto. Por ejemplo, en materia de paridad había un consenso unánime en asegurar mayor participación para la mujer en todos los ámbitos. Sin embargo, el desacuerdo se producía en los mecanismos para alcanzarla en ciertos órganos del Estado y, particularmente, en el Congreso Nacional. Yo, por lo menos, siempre promoví mecanismos que permitieran a la mujer optar a cargos electorales, pero no que le aseguraran el resultado en las elecciones. Hemos visto cómo en las dos últimas de estas —para la Convención y ahora para el Consejo— se han dado correcciones en el resultado. Junto con otros integrantes del Consejo, he estado en desacuerdo con eso, pues hay principios que deben respetarse: el más importante es que prevalezca siempre la voluntad del elector. En este punto se enfrentan concepciones distintas de democracia. La «paridad de resultado» tiene que ver con una democracia de tipo espejo, que finalmente puede significar que una mujer, por ser mujer, me representaría mejor que un hombre. No comparto esa premisa: en la democracia, uno tiene que estar representado por las ideas y no por el sexo de una persona.
D.L.: Efectivamente, sobre varios de esos temas había distintas apreciaciones al interior de la Comisión. Para afrontarlos, teníamos las Doce bases, que había que respetar, y había unos ciertos consensos entre las fuerzas políticas sobre hacia dónde debíamos orientarnos. Como ejemplo: pese a haber sido rechazada el 4 de septiembre de 2022 la propuesta de la Convención, de las discusiones de ella se rescata el Estado social y democrático de derecho, que se consolida ahora, pese a que tenemos diferencias sobre cómo concretarlo.
En segundo lugar, donde había profundos desacuerdos, fuimos buscando acuerdos más bien generales. En materia de paridad, tuvimos desacuerdos en lo que se denomina «paridad de entrada» o «paridad de salida». Ante eso, arribamos a una norma de inspiración francesa, que da una señal política constitucional en torno a la paridad, que no excluye que después las distintas fuerzas políticas puedan ir delineando fórmulas.
Se corre un riesgo, si una propuesta termina desarmando acuerdos generales para después ofrecer una visión parcial. Andrés Bello decía en 1848: una Constitución que solo represente una parcialidad «puede no ser más que una hoja ligera que nada a flor de agua sobre el torrente revolucionario, y al fin se hunde en él». Esto es lo que la Constitución debe evitar. Dado el contexto de negatividad y de agitación que existe hoy, ese objetivo es especialmente valioso.
— J.C.B.: Ya que tocamos el punto del Estado social y democrático de derecho, una de las cosas que se ha dicho es que este es incompatible con la segregación por ingresos que generaría la reposición en el Consejo Constitucional de la libertad de elegir entre dos sistemas o regímenes de salud: uno privado que podría ser hipotéticamente de buen nivel y sin listas de espera, y uno público de menor nivel y con listas de espera eternas. Es el tema de la libertad de elección que no alcanza a los más desposeídos y distorsiona el carácter social del derecho a la salud. ¿Cómo se observarían ustedes entonces una eventual reposición de esa libertad a nivel constitucional?
C.S.: Efectivamente uno de los grandes debates que se ha dado sobre el Estado social y democrático de derecho es cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la sociedad civil. Las bases fundamentales que rigen este proceso constitucional y sobre las cuales se redactó el Anteproyecto, si bien reconocen la cláusula del Estado social y democrático de derecho, también señalan el desarrollo progresivo de los derechos sociales, entre los cuales se encuentra la salud con participación de entidades públicas y privadas. ¿Cuál es el debate que se dio en salud? Se estableció que las personas pueden atenderse tanto en esas instituciones como en las estatales. El debate donde no hubo acuerdo fue referido a qué pasa con la cotización. Nosotros siempre defendimos la libertad de elegir a dónde va esa cotización, como lo es hoy. Sin embargo, nuestros colegas desde la otra vereda nos respondían que nuestra postura representa constitucionalizar el sistema de isapres, argumento que no comparto.
En segundo lugar, quienes están en la otra vereda dicen que tiene que regir un principio de solidaridad donde este dinero vaya a un fondo común y que después pueda la persona elegir en qué sistema atenderse. El punto es que es casi imposible que exista un sistema privado de salud, si finalmente todo el financiamiento se va al Estado… Se trata de defender la libertad de que ojalá todos los chilenos puedan decidir dónde atenderse. Mientras más opciones existan en una sociedad, hay mejores posibilidades para un mayor acceso y mejor calidad. Si tenemos un solo prestador, reducimos esa libertad. Hay también otros mecanismos de solidaridad distintos a la cotización, como son los impuestos, los cuales pueden ser un mecanismo para que todos puedan ejercer esa libertad.
— J.C.B.: Se da acá la tensión entre libertad y solidaridad, y probablemente esa misma discusión se genera en la provisión de todos los demás derechos. Por ejemplo, en educación, vivienda o salud podría haber soluciones análogas, aunque en todos esas áreas hay particularidades.
D.L.: En el caso de Chile en hay una particularidad, que creo que justifica que se exprese un derecho a la educación propiamente tal. Lo que señala el texto de 1980, yo diría, es un derecho que convive con un derecho a la libertad de enseñanza, en vínculo con las empresas educativas. Sin embargo, una libertad de enseñanza genuinamente comprendida, efectivamente debe permitir proyectos educativos con énfasis en aquello que el Estado no está en condiciones de desarrollar, como los proyectos educativos confesionales en el contexto de un Estado laico. Sin embargo, no creo que el resto de los derechos sociales pueda ser realizado bajo el mismo prisma. Me costaría ver, por ejemplo, que haya una cierta manifestación del tejido social en las AFP o en las isapres. No lo veo así.
En el otorgamiento de prestaciones pueden participar tanto prestadores públicos como privados. La Constitución debiera parar allí. Dada nuestra propia experiencia, hemos respetado en nuestra Comisión que se exprese esa provisión mixta, que se encuentra consagrada en el anteproyecto. Todo debiera justamente quedar entregado a la discusión política ordinaria, a la discusión política. Yo la reduciría a la regulación que viniera a gobernar la forma en que los prestadores públicos y privados participan de la producción de bienes sociales. Me parece bien que exista esta danza virtuosa y donde puedan existir prestadores públicos y privados. En los Estados sociales eso se da perfectamente. Hay allí una decisión de política contingente, de política pública, para la cual tenemos que elegir con nuestros votos a los legisladores y autoridades que la deben definir.
También creo, como Catalina, que mientras más opciones haya, mejor. Sin embargo, incorporar constitucionalmente un derecho a elegir tiene como consecuencia que se restrinjan las opciones: impide considerar que se puede probar y evaluar un camino distinto. Ya hemos probado bastante con el modelo de cotizaciones, que por lo demás no ha tenido buenos resultados ni en materia de pensiones ni en materia de isapres. Mi punto es que no debemos excluir otras opciones que podrían ayudarnos a mejorar la provisión de salud de las personas. Ahí tenemos distintas posiciones y debemos dejar que la política pueda buscar caminos. Ya hemos probado bastante con el modelo de cotizaciones, que por lo demás no ha tenido buenos resultados ni en materia de pensiones ni en materia de isapres. Mi punto es que no debemos excluir otras opciones que podrían ayudarnos a mejorar la provisión de salud de las personas. Ahí tenemos distintas posiciones y debemos dejar que la política pueda buscar caminos.
— J.C.B.: ¿Qué implica, en definitiva, que se haya llegado a un acuerdo unánime de que no esté en el Anteproyecto ese derecho de elegir entre un régimen público y uno privado, en Salud en este caso?
D.L.: Son discusiones respecto de las cuales había posiciones muy encontradas. Nuestra fórmula fue llegar al máximo posible que podíamos acordar, lo que se situaba en un cierto nivel de generalidad. Así funcionamos como subcomisión. En el 95% de las normas que nosotras y nosotros produjimos había unanimidad. Fuimos muy respetuosos de la disidencia y cuando advertíamos que no había unanimidad para aprobar, tratábamos de no persistir. Así, yo diría que el Anteproyecto es eso: nadie va a ver la Constitución de sus sueños, pero esta es un texto al que han concurrido voluntades muy diversas.
C.S.: No es que unánimemente hayamos decidido que determinada idea no estuviera en la Constitución, sino que cuando no alcanzaban los votos —pues a veces no se daba la necesaria mayoría de tres quintos—, simplemente no se persistía. Esta Constitución, como muy bien lo dijo Domingo, representa el máximo consenso al que pudimos llegar. Y ese máximo consenso también se construyó desde los desacuerdos.
— J.C.B.: En esta segunda etapa, ¿ustedes defenderían ante el Consejo Constitucional ese modo de llegar a un consenso y así, eventualmente, dejar fuera de la Constitución un derecho como este con tal de que este sea un proyecto consensuado?
C.S.: Ahora cambia completamente la dinámica. Los integrantes del Consejo podrían escribir nuevamente todo el texto y desechar completamente el Anteproyecto de los expertos. En nuestro rol hemos sido súper transparentes. Ayer, por ejemplo, con Domingo nos tocó presentar ante los integrantes del Consejo el capítulo de la Corte Constitucional. Nos preguntaban muchísimo por qué no había quedado aprobado un control sustantivo de los proyectos de ley (cuando un proyecto de ley vulnera, por ejemplo, un derecho fundamental), y fuimos súper sinceros y les contamos que no habíamos llegado a acuerdo en este punto. Domingo explicó por qué él había estado en desacuerdo y yo expliqué por qué sí había estado de acuerdo en incluirlo. Ahora los consejeros ven cómo se construyeron las normas y, por cierto, tienen toda la libertad de abordar nuevamente estos puntos. Es decir, hay un debate completamente renovado y se observa disposición a seguir conversando. He observado en los consejeros una voluntad de ejercer una democracia desde la deliberación y desde los acuerdos, y no simplemente llegar a imponer una postura.
D.L.: Si yo tuviese que defender esta metodología, probablemente la defendería, pero no creo que sea nuestra labor ahora hacerlo, como tampoco lo es la de defender el Anteproyecto. Más bien, nuestra tarea es explicar las razones por las cuales llegamos a ese texto. Creo que fue una buena experiencia la Comisión, pero el Consejo es otra instancia, que se dará su propia metodología de conversación.
— J.C.B.: El Consejo está más bien cargado hacia la derecha, teniendo gran presencia el Partido Republicano que, junto con Chile Vamos podría tener lo suficiente para cambiar o quitar prácticamente todo lo que quieran. ¿Dónde ven ustedes que están, más concreta y específicamente, los nudos a afrontar, dada esa composición política?
C.S.: Creo que los nudos van a ser los mismos que enfrentamos en la Comisión, y la gran pregunta y en la gran desafío es cómo ellos van a desanudar esos nudos. Es la gran pregunta que nos tiene expectantes por los próximos cuatro meses. Tal vez abordarán con intensidad temas como la seguridad o la violencia. En nuestra subcomisión, por ejemplo, un tema importante fue el de la defensoría de las víctimas, el de fortalecer el Ministerio Público, fortalecer también a las policías… Eso se trabajó en la comisión experta y entonces ahora probablemente van a ver también cómo mejorarlo. Tendrán que buscar cómo impregnar en esas materias el sentir que ellos vieron en las calles mientras hacían campaña para ser electos consejeros.
Esto último es importante para que finalmente sea una Constitución que todos los sectores sientan como suya y se sientan interpretados por ella, por la forma como se organiza nuestra sociedad, y que no sea un programa de gobierno, y que puedan convivir con ese texto nuestros hijos, y ojalá nuestros nietos y quienes los sigan.
D.L.: Estoy completamente acuerdo con Catalina y creo efectivamente que los temas más álgidos probablemente van a ser los mismos. Espero que los consejeros tengan la virtud de hacer de esta propuesta, una propuesta que le hable a todo el país. Como miembros de la Comisión, tenemos que ser muy respetuosos del trabajo del Consejo y ofrecer nuestros argumentos, pudiendo nosotros participar con derecho a voz.
C.S.: Y respecto de los temas que podrían constituir mayor debate, tal vez podríamos recordar que hay sectores que quieren avanzar más en el reconocimiento de ciertos derechos políticos de las etnias indígenas. Igualmente, hay nudos a resolver —como todos sabemos— en salud o también en seguridad social: está el debate sobre la propiedad de los fondos, por ejemplo. Otro tema, en cuanto al sistema político, es el del sistema electoral, que no necesariamente tiene que estar en la Constitución, pero que muchos quieren que esté en la Constitución para dificultar que el día de mañana sean los incumbentes los que decidan sobre él. Está, asimismo, la protección del derecho a la vida del que está por nacer, versus el reconocimiento de los derechos reproductivos de la mujer. Este es un tema valórico importante en el que hubo un importante desacuerdo en la Comisión.
— J.C.B.: Si ha habido tanto reconocimiento por parte de los especialistas, los académicos y los mismos partidos políticos a los acuerdos alcanzados en la Comisión, ¿cómo se explica que en las últimas encuestas se señale que hasta un 51% está a priori en disposición a rechazar una propuesta de nueva Constitución?
C.S.: Lo evaluamos como un proceso que recién se está abriendo a la ciudadanía. Nosotros estuvimos en una especie de internado ahí en el Congreso Nacional, incluso los días domingo, tanto en reuniones de trabajo como en sesiones públicas. Sin embargo, no fue en vínculo con la ciudadanía. Es ahora que se desarrolla ese vínculo con varios procesos de participación, conducidos por las universidades de Chile y Católica. La ciudadanía ahora va a tener voz y existe la oportunidad de que se haga partícipe. Por otro lado, también pueden acercarse a través de los consejeros que, recordemos, fueron elegidos igual que los senadores y a ellos se les puede, por ejemplo, pedir una audiencia mediante la Ley del Lobby. Y a los consejeros, a quienes a veces hemos visto abrumados leyendo las normas —no todos son abogados—, les decimos que tienen a asesores y que nos tienen también a nosotros, y este es momento para ir a la ciudadanía y construir en conjunto el espíritu de esta nueva Constitución.
D.L.: Estoy de acuerdo, pero mi preocupación es que, pese a que está instalado el desafío constitucional, se observó un número de votos nulos o blancos muy importante en la elección de consejeros y consejeras. No se puede saber si es un voto que va necesariamente a rechazar la propuesta, si no le interesará leer la propuesta —ni esta ni la que salga después—, y esos son aspectos que trascienden por lejos lo que nosotros podíamos abordar. Ya veremos cómo la ciudadanía puede ir encantándose con el proceso en general más que con las propuestas en particular.
