1
Step 1
Una enfermera, afectada durante largo tiempo por sus condiciones de vida y laborales en la capital venezolana, relata las razones de su llegada a nuestro país y sus expectativas y aprensiones de la hora presente.
A cinco años de haber ingresado a Chile, el momento que ahora vivo, como venezolana inmigrante, es un momento de incertidumbre personal y familiar, debido a las dudas que tenemos muchos porque hay poca claridad en la información acerca de nuestra suerte. Sentimos decepción porque, tras un tiempo en que pensábamos en la opción de finalmente vivir acá y ganarnos con nuestro propio esfuerzo un espacio, estamos con temor porque hay versiones contradictorias sobre lo que nos puede pasar.
Mi esposo y mis hijos tienen carnet con rut chileno y tienen regularizada su condición, pero yo veo amenazada mi posibilidad de mantenerme en el país debido a las medidas anunciadas por el nuevo gobierno. Me produce dolor la amenaza de tener que dejarlos a ellos en Chile y yo verme obligada a salir. No sé qué vamos a hacer si esa situación se produce y me veo obligada a partir y a separarme de mis dos hijos.
Como licenciada en enfermería, en Caracas yo trabajaba en un hospital público, en el hospital Dr. Domingo Luciani. Era un trabajo estable, aunque muy mal pagado. Por otra parte, con el cambio de gobierno tras el fallecimiento de Hugo Chávez el año 2013, las tensiones sociales se hicieron más grandes y se echó a perder la posibilidad de vivir con tranquilidad.
Lo peor para mí y para muchos venezolanos fue la dificultad para conseguir alimentación. Eso fue creciendo durante el tiempo de Chávez, pero más o menos desde el comienzo del gobierno de Nicolás Maduro se hizo más grave. Cada año era peor. Vi cómo muchas personas conocidas decidieron partir de Venezuela, porque había poca esperanza, poco trabajo y sueldos muy insuficientes. Creo que la mayor cantidad de gente se fue de Venezuela justo antes de la llegada de la pandemia de COVID, y que por esa enfermedad disminuyó un poco el número de personas que salía cada año de Venezuela, ya que había más limitaciones para viajar1.
No solo había problemas para conseguir comida, sino que además los precios eran mayores cada vez y los sueldos no alcanzaban. La situación se agravaba y no veíamos salida. Mientras estuve embarazada, hubo noches en que debí acostarme sin haber comido en horas. Cuesta creer eso de que no había cómo comer, pero era una realidad frecuente en la gente.
El año 2018, un tío de mi esposo que vivía en Lima lo invitó a él a irse a Perú, diciéndole que podía encontrar trabajo. Entonces, reunimos dinero y compramos un pasaje de bus para que él viajara, y se instaló en el puerto de El Callao, donde una familia le consiguió espacio como cuidador de personas mayores. Comenzó a enviarme dinero, que me ayudó a mantenerme.
Cuando mi hijo ya cumplía dos años de edad, decidimos que yo también me marchara de Venezuela. Y es que estábamos agobiados. Viajamos casi una semana en bus, incluyendo largas esperas en las fronteras, pese a que contábamos con pasaporte venezolano en regla.
Me reuní entonces con mi esposo en El Callao y comencé a trabajar como enfermera y cuidadora en forma legal con «carnet de extranjería».
Estábamos mejor que en Venezuela, pero el sueldo resultaba muy bajo, porque en general las condiciones de trabajo en Perú eran malas en ese tiempo. Para reflejar eso, puedo contar que yo tenía un pago mensual de 1.200 soles y solo en arriendo debía pagar 800 soles.
En numerosas oportunidades, en Lima traté de que el consulado venezolano renovara la vigencia de mi pasaporte. Pero era muy difícil, porque el gobierno de Caracas estaba demorando todo y creo que eso se debía a que quería presionarnos a regresar a Venezuela. Después de un tiempo, cuando trataba de hacer el proceso, aparecía en el sistema la advertencia: «Traidor a la patria». Era un sello, una marca invalidante, que el Estado venezolano había aplicado sobre las personas que habían salido de Venezuela. Eso se repitió muchas veces cuando intentaba recuperar la validez de mi pasaporte y me imposibilitó a mí y a muchos venezolanos normalizar nuestra situación migratoria.
En numerosas oportunidades, en Lima traté de que el consulado venezolano renovara la vigencia de mi pasaporte. Pero era muy difícil, porque el gobierno de Caracas estaba demorando todo y creo que eso se debía a que quería presionarnos a regresar a Venezuela.
Pudimos mantenernos durante meses con el sueldo de mi esposo y el mío, pero la situación era difícil. El periodo de la pandemia fue terrible, porque hubo muchos enfermos y murieron muchas personas en Perú, pero no podíamos salir por las restricciones.
Tiempo después, un conocido que vivía en Santiago nos insistía repetidamente que había mejores posibilidades de trabajo en Chile.
Tenía mi pasaporte vencido, por las razones que he explicado; de todos modos, decidimos partir. Personas a las que conocíamos en este país nos decían que la situación acá era mucho mejor y que se podían convalidar las profesiones. Yo conocía a médicos y enfermeras venezolanos que ejercían normalmente en territorio chileno porque habían logrado ese reconocimiento. Ninguno me advirtió, sin embargo, algo que ahora veo como obvio pero que, en ese momento, ante las apreturas que vivíamos en Lima y nuestro deseo de irnos de ahí, no se nos hizo evidente: los pasaportes vencidos iban a ser un obstáculo para la convalidación profesional.
En febrero de 2022, compramos pasajes de buses con destino a Rumichaca, un poblado entre Ayacucho y Cusco. Allí pagamos un ticket en una combi hasta Desaguadero, poblado ubicado en una ribera del lago Titicaca y en la frontera de Bolivia y Perú. Para cruzar el límite fronterizo, no fueron un obstáculo nuestros pasaportes vencidos. Compramos ahí un boleto directo hasta Iquique, en un bus que ocupamos treinta personas. Lo que vino después fue un día entero de viaje por rutas en territorio boliviano.
Al llegar a la frontera con Chile, en un sector un poco al norte de Colchane, pese a que era de noche, el guía nos dijo a todos que debíamos bajar del bus, dejar arriba nuestras maletas y seguir camino a pie, ya que debíamos cuidarnos de la policía chilena (ahora interpreto esa decisión como el temor a que la policía le impidiera cruzar con su bus la frontera con personas que no tenían, todas, sus documentos en regla).
Las siguientes fueron cuatro horas de caminata en la oscuridad, con mucha incertidumbre y miedo y frío. En un momento, en medio de la nada, vimos a lo lejos una linterna que se acercó a nosotros y unos hombres nos preguntaron quiénes éramos. Se trataba de carabineros. Se sorprendieron de ver a esa treintena de extranjeros —mujeres, hombres y niños; mi hijo pequeño, entre ellos— y nos acompañaron el resto de la caminata hasta la carretera cercana, hasta dar con el bus en el que nosotros habíamos venido desde la frontera con Perú. Nos revisaron a cada uno, amonestaron al guía que nos había dejado caminando solos y nos subieron al bus, para que nos dirigiéramos a Iquique, de manera que continuamos nuestro trayecto nocturno hasta esa ciudad, donde llegamos cuando ya amanecía.
Siguiendo lo que nos señalaba la persona conocida que nos había llamado hacía unos meses desde Santiago, viajamos apenas pudimos a esta ciudad, hicimos el trámite de autodenuncia por ingreso irregular y poco después nos contactamos con una agencia de empleo para desempeñarnos como cuidadores de personas mayores de edad.
En ese trámite obtuvimos un rut provisorio y entonces pudimos ingresar al sistema de salud y, en el caso de mi hijo, más tarde, a un liceo. La cita de mi empadronamiento se hizo en octubre de 2023.
En los meses siguientes hice el trámite de empadronamiento buscando nuestra regularización. Obtuvimos tarjeta de infractor en esa fecha. Teníamos la esperanza de lograr regularidad, pero eso se hacía muy difícil si el consulado venezolano en Santiago no estaba entregando documentos. En julio de 2024, el consulado suspendió indefinidamente los procesos de pasaportes, visas o retiro de documentos, lo que empeoró después cuando esa sede se cerró y así permanece hasta ahora.
Desde que llegué a Santiago, me he desempeñado en dos casas particulares como cuidadora o «técnico en enfermería», y en una empresa de servicios y apoyo a niños que han sufrido alguna traqueotomía. Mi esposo sí tenía un pasaporte al día y logró un buen trabajo en una empresa vinculada al transporte.
Trabajo en una casa, cuidando a dos personas ancianas y me siento muy bien con esa familia, que me ha acogido con afecto y preocupación.
Con nuestros salarios hemos podido pagar arriendo en un departamento en la comuna de San Joaquín, donde vivimos con bastante tranquilidad. Tenemos buenas relaciones con otros venezolanos que viven en Santiago, pero nos preocupamos de encontrar un departamento en un barrio común y corriente, y no en uno donde haya mayoría de personas de otros países. Tomamos esa decisión, porque hemos escuchado de los problemas que ocurren en los sectores en donde esto último se da y se generan tensiones y segregación y muchas veces hay menos seguridad.
Nuestra relación con las personas en Chile ha sido buena. En los cuatro años que llevamos acá, no hemos tenido problemas de xenofobia y pienso que los chilenos se han acostumbrado mucho a la presencia de migrantes.
La posibilidad de que mi hijo entrara a un colegio cerca de mi departamento fue algo concreto. Hoy tiene 9 años y él está en cuarto básico. No ha sentido discriminación y a eso creo que puede ayudar que hay varios niños venezolanos y de otros países, que hacen que el colegio sea bastante acogedor. Participa además en el equipo de fútbol y eso le ha permitido integrarse bien con otros niños. Puedo decir que él se encuentra contento con su vida en Chile, que en el fondo es la única vida que conoce.
Yo y mi grupo familiar estamos inscritos en el CESFAM, del Hospital Barros Luco, comuna de San Miguel.
El año pasado nació mi hija en el Hospital Barros Luco. Como yo contaba con rut provisorio, pude acudir tempranamente y ser controlada y atendida por doctores, sin tener que pagar. Agradezco inmensamente el buen trato y también el cariño que nos dieron los médicos, las enfermeras y los funcionarios, sin distinción alguna de nacionalidad.
Comparativamente, las condiciones de vida en Chile son muy superiores a las que tendríamos en Venezuela, donde, además de las carencias materiales, hay restricciones a los derechos de las personas. Acá en Chile veo que mis hijos viven en un buen ambiente y tienen posibilidades de desarrollarse como personas de bien. Les puedo dar una buena calidad de vida.
El año pasado, gracias al apoyo del Servicio Jesuita a Migrantes, pude optar al sistema de regularización de mi situación migratoria, enviando una carta a la Subsecretaría del Interior2. Sin embargo, la única respuesta que tuve fue la de lograr un número de rut provisorio distinto que, según he entendido, permite cotizar en una AFP.
Sobre lo que se dice que en el futuro se va a pedir que los colegios y los médicos deban informar acerca de inmigrantes irregulares, me preocupa y hace que me pregunte muchas cosas, pero me siento apoyada por las personas que trabajan o dirigen el colegio. Incluso ellas se han preocupado de conseguirme espacio en una sala cuna para mi hija menor y creo que en ellas tengo apoyo.
Así nos encontramos, a la espera de la posibilidad de que se aclare la situación y las opciones que tenemos los que vinimos a Chile a hacer una vida normal de trabajo porque no teníamos opciones en nuestro país.
* Este relato fue entregado oralmente y luego redactado por Mensaje, buscando la mayor fidelidad posible con lo expresado por la persona que entregó el testimonio, quien pidió emplear seudónimo.
1 Nota del E.: Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (informe oficial de febrero de 2026), los siguientes fueron los flujos al exterior de ciudadanos venezolanos: 2016, 350 mil; 2017, 570 mil; 2018, 1 millón 300 mil; 2019, 1 millón 600 mil; 2020, 800 mil; 2021, 500 mil; 2022, 600 mil; 2023, 800 mil; 2024, 600 mil. Según la misma fuente, a diciembre de 2024, unos 6,9 millones de venezolanos emigrantes vivían en países latinoamericanos, calculándose que el 40% de ellos carecía de situación migratoria regularizada. Esto significa que las cifras oficiales probablemente subestiman la presencia real, pues no registran a quienes están sin documentos.
2 El 20 de abril de 2021 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.325 de Migración y Extranjería. Con esa publicación, se abrió un proceso de regularización para migrantes en situación irregular (según artículo 155, número 9). Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encontraran en situación migratoria irregular podían solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente. Aunque la ley contempla esta vía excepcional de regularización humanitaria, en la práctica ha tenido una tasa de aprobación extremadamente baja (0,041% aprobadas y 36,7% rechazadas; el resto, en suspenso), lo que ha sido señalado críticamente por organizaciones de apoyo a migrantes.
