El llamado Escudo de las Américas, impulsado este año desde Estados Unidos, declara el objetivo de combatir el narcoterrorismo, pero parece ser expresión del repliegue de ese país a lo que considera su «patio trasero». Son razonables las dudas que se han levantado acerca de cuáles serían los alcances del acuerdo y si estos importarán algunos sacrificios de soberanía o de intereses económicos, o bien restricciones políticas.
La creación del «Escudo de las Américas» abre interrogantes sobre los designios de la política de Estados Unidos hacia América Latina. En la cumbre celebrada en Miami, en marzo, junto a doce mandatarios de la región, Donald Trump llamó a «utilizar fuerza militar letal» contra los carteles de la droga, a los que ha calificado como una amenaza directa para la seguridad hemisférica. La nueva instancia, una suerte de coalición, tiene por meta aunar esfuerzos para combatir lo que Washington denomina el «narcoterrorismo».
Al encuentro solo fueron convocados mandatarios de derecha y extrema derecha afines al presidente Trump. En consecuencia, quedaron excluidos de la convocatoria fundacional México, Brasil y Uruguay. Hasta el momento, diecisiete países han adherido a la iniciativa, que sigue un esquema flexible de Estados que se suman al margen de las instituciones formales existentes, como la Organización de los Estados Americanos, entre otras. Ello ha dado pie a los temores de que la iniciativa apunte, ante todo, a fortalecer la influencia estadounidense en el hemisferio. En el documento fundacional se postula: «Defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital». La cláusula no menciona cuáles son los proveedores que no son de confianza. A nadie, sin embargo, escapa la alusión velada a las tierras raras y el afán de excluir la presencia de China en materias de interés estratégico.
Acto seguido, llama a los participantes a «defender la gobernanza democrática ante las redes armadas de narcoterroristas, lo que incluye la coordinación en materia de sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes; la ampliación de las fuerzas de seguridad civiles; y la prestación de asistencia humanitaria y de comunicación para defender la voluntad popular».
Tras denunciar que organizaciones criminales transnacionales se han hecho «con grandes áreas» de algunos países de la región, el mandatario republicano aseguró que «de una vez por todas, nos desharemos de ellas».
«Muchos de los carteles han desarrollado habilidades militares muy sofisticadas y muchas veces son más poderosos que algunas fuerzas militares y no podemos aceptar eso», aseguró Trump al tiempo que, entre risas, ofreció a los asistentes «misiles de precisión» para acabar con estos grupos. «Estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad nacional y una vía para nuestros adversarios. Y, por eso, no los queremos cerca de nuestro país», remató. Sus palabras parecen preludiar que se repetirán en otros países operaciones conjuntas, como las que recientemente realizaron fuerzas estadounidenses y ecuatorianas.
Cabe enmarcar la iniciativa en el anunciado repliegue de Estados Unidos a su «patio trasero». La vieja consigna del decimonónico presidente James Monroe «América para los americanos», postulada en 1823, apuntaba a las potencias coloniales de la época: España, Portugal, Gran Bretaña, Francia y otras. La doctrina sostiene que cualquier intervención en los asuntos políticos del hemisferio por parte de potencias de otros continentes es un acto potencialmente hostil contra los Estados Unidos. Concepto que Thomas Jefferson, ya en 1796, había formulado al señalar que «América tiene un hemisferio para sí misma».
El concepto que sirve de pilar para la nueva coalición reúne dos fenómenos que repelen a la ciudadanía. El primero es el narcotráfico. Los narcóticos son una amenaza para la salud de sus consumidores. Los narcotraficantes son igualmente tóxicos para las sociedades donde despliegan una amplia gama de actividades delictivas, amén de la capacidad corruptora que les otorgan los formidables ingresos de la venta de una variedad de drogas adictivas. En esencia, las agrupaciones de narcotraficantes, los carteles, son organizaciones criminales regidas por las leyes del mercado: por la demanda y la oferta. Su meta es el lucro. En consecuencia, estarán dispuestos a asociarse, léase corromper, a las autoridades o quienes les sirvan para sus fines. Los carteles apoyarán o agredirán a las poblaciones según les convenga. Su comportamiento es esencialmente utilitario; poco importa si sus socios ocasionales son rojos, pardos, verdes o blancos.
El segundo fenómeno es el terrorismo. Este pertenece a una esfera diferente. Una definición simplista postula que el calificativo de terroristas se aplica a quienes buscan aterrorizar a sectores de la población. Bajo este concepto cabe una amplia variedad de actividades tanto criminales como represivas, por lo que tiene un escaso valor operativo para separar el delito común de actos que buscan subvertir el orden establecido. No existe, en todo caso, una definición universalmente aceptada. En muchos casos, las autoridades califican como «terroristas» determinadas actividades opositoras. A menudo la tipificación de terrorista responde a una intención de descalificar antes que a una descripción del fenómeno y sus agentes.
En los hechos, quien quiera puede utilizar tácticas armadas encubiertas y emplearlas ya sea para oprimir, liberar, lograr objetivos particulares, expresar frustración, ira, venganza o cualquier sentimiento que impulse a colocar una bomba o emplear otro dispositivo letal. Lo de encubierta marca la diferencia con el resto de las formas de ejercicio de la violencia. El aspecto clandestino de la lucha separa en forma radical al terrorismo de las fuerzas regulares e irregulares que cumplen con las tres características establecidas por la Convención de Ginebra, vigente desde el 12 de agosto de 1949, para reconocer a un combatiente.
La Convención aludida estableció que para que un combatiente fuese reconocido como tal debía cumplir tres requisitos: ser comandado por una persona que responde por sus subordinados (un mando identificable), poseer un signo distintivo fijo y reconocible a distancia (suele ser el uniforme) y portar el arma a la vista.
Salta a la vista que existe una gran variedad de individuos u organizaciones que, en algún momento, cumplen con las características señaladas. En términos más precisos, cabe puntualizar que: «Terrorismo es el empleo de métodos de lucha armada clandestina para obtener resultados políticos».
La militarización de la lucha contra el narcotráfico propuesta por Trump contrasta con el enfoque de la Unión Europea. Esta pone el acento en órganos policiales y de inteligencia. En este ámbito asigna un papel destacado a la coordinación regional a través de la Agencia Europea para la Cooperación Policial, más conocida por su sigla Europol. A quienes interese ahondar en el tema del terrorismo sugiero dar una ojeada a mi libro El fantasma del terrorismo (Debate, Santiago, 2005).
Estados Unidos inició el Plan Colombia en el año 2000. La intención original del paquete de ayuda estadounidense preveía que el grueso de los recursos sería destinado a proyectos de desarrollo para beneficio de las comunidades, en tanto que un porcentaje marginal iría a fines bélicos. En los hechos, del orden del ochenta por ciento de los fondos del Plan Colombia, que se estima totalizaron unos diecisiete mil millones de dólares hasta su conclusión en 2016, engrosaron las arcas de las fuerzas armadas y la policía. El cambio de énfasis ocurrió con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en 2002. Uribe postuló lo que denominó la Política de Defensa y Seguridad Democrática, que fijó entre sus objetivos la consolidación del control del territorio por parte del Estado. Importantes regiones del país eran disputadas por grupos guerrilleros u organizaciones delictuales. Al mismo tiempo, cambió el vocabulario y, en lugar de insurgencia, se comenzó a hablar de la amenaza «narcoterrorista». Esta fusión conceptual facilitó el flujo de la ayuda estadounidense, puesto que no se enmarcaba en el conflicto interno, sino en la lucha antinarcóticos. Uno de los pilares del programa fue la fumigación con herbicidas destinados a destruir las plantaciones de coca y amapola. Esta actividad abarcó cientos de miles de hectáreas y afectó a grandes cantidades de campesinos que denunciaron daños a sus siembras.
Mirado con el beneficio del tiempo, el Plan Colombia no redujo la producción de cocaína durante plazos prolongados. La rentabilidad del cultivo ilícito mantuvo su atractivo para los agricultores. Lo que sí logró fue debilitar a las guerrillas; no en vano el grueso de los recursos fue destinado a este fin. Pero, a la vez, permitió la expansión y el control de vastos territorios por parte de grupos de paramilitares que, en muchos casos, estaban involucrados en el tráfico ilícito de drogas. El Plan Colombia no alteró las condiciones de regiones agrarias que empujan al campesinado hacia el cultivo ilícito.
Lo que sí cambió fue la creciente eficacia de las fuerzas armadas y la policía colombiana. La mejora de su movilidad y las comunicaciones tuvo un impacto directo sobre la guerrilla. Mermó su capacidad para concentrar fuerzas y lanzar ataques de envergadura. El cambio fue decisivo para forzar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a labrar un acuerdo de paz que culminó con su disolución como actor armado.
Ecuador, por su parte, se ha convertido en la cabeza de playa para el desembarco de fuerzas militares estadounidenses en operaciones contra el «narcoterrorismo». En el país opera una cincuentena de infantes de marina (marines) que participan en redadas contra núcleos de narcotraficantes. Uniformados ecuatorianos también se han sumado al patrullaje naval a bordo de buques estadounidenses. Marco Rubio, secretario de Estado, encomió al gobierno del presidente Daniel Noboa como «el más comprometido y agresivo socio» en la lucha contra los carteles. El país, en un breve período de tiempo, pasó de ser seguro a exhibir una altísima tasa de homicidios y crímenes vinculados al tráfico de drogas.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, con su habitual agudeza, señaló en cuanto a las relaciones de su país con Washington: «No se puede olvidar que nosotros nos coordinamos, pero no nos subordinamos, que colaboramos y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama el pueblo de México». En materia de narcóticos, la relación entre ambas naciones norteamericanas es compleja. Los carteles mexicanos son los principales operadores de drogas, en tanto que desde Estados Unidos proviene el grueso del armamento empleado por las bandas criminales.
En Chile, el gobierno del presidente José Antonio Kast buscó integrar, desde el comienzo, el Escudo de las Américas. Pero, al mismo tiempo, se esforzó en bajar el perfil de la decisión de cara a la opinión pública nacional. Así, se señaló que la firma de adhesión era una mera declaración de intenciones puesto que «de ninguna manera es un tratado o un documento firmado. No se firmó ningún papel». Se precisó que la cooperación acordada estaba confinada al combate del crimen organizado y transnacional a través del intercambio de información sobre veinticuatro organizaciones catalogadas como narcoterroristas por Estados Unidos. Entre estas, destacan el Tren de Aragua, el Comando Vermelho, el ELN, grupos disidentes de las FARC —entre ellos, FARC-Estado Mayor Central—, Sendero Luminoso y otras.
La iniciativa de un acuerdo regional contra el tráfico de drogas y los carteles emerge en un momento oportuno frente a la percepción ciudadana. En el grueso del hemisferio se aprecia un deterioro de la seguridad. Numerosas encuestas señalan a la delincuencia y la inseguridad como la mayor amenaza. Esta constatación se ha tornado en el común denominador de los países participantes en el alineamiento con la Casa Blanca. Contribuye a la iniciativa estadounidense la coyuntura política en Latinoamérica en que parte importante de la región es gobernada por fuerzas conservadoras, proclives al empleo de las fuerzas armadas en materias de orden interno.
Desde esa óptica, el Escudo de las Américas podría interpretarse principalmente como una iniciativa para incrementar la seguridad hemisférica. Ello a través de compartir inteligencia, articular operaciones contra organizaciones criminales y fortalecer el control de fronteras. Pero el acuerdo va más allá. Las capitales participantes se comprometieron a garantizar la provisión de manera estable y segura de minerales críticos. Una mirada retrospectiva recuerda la Segunda Guerra Mundial. Entonces los países de la región, con el cobre chileno incluido, debieron vender sus materias primas por debajo de su valor de mercado. En este contexto, cabe suponer que las tierras raras y otros minerales escasos sean clasificados como estratégicos. Y, dada su condición de tales, se exija que el valor se defina en función de objetivos políticos antes que por la demanda. Junto con ello, como ya se estipula, excluir a los potenciales compradores que compitan con el aliado hegemónico.
Estas consideraciones han alimentado las críticas, en Chile y otros países, por la falta de información sobre los alcances del acuerdo. La opacidad genera suspicacias sobre subordinaciones y recortes de soberanía.
Cabe suponer que las tierras raras y otros minerales escasos sean clasificados como estratégicos. Y, dada su condición de tales, se exija que el valor se defina en función de objetivos políticos antes que por la demanda.
