«La violencia continua pone en peligro nuestra provincia», afirman 76 sacerdotes del clero regular de la diócesis de Bunia en un comunicado publicado el 20 de agosto.
Bunia es la capital de Ituri, una provincia en el este de la República Democrática del Congo azotada por la violencia perpetrada por distintos grupos armados y en estado de sitio desde mayo de 2021.
Tal como informa la Agencia Fides, a pesar de los amplios poderes otorgados a los militares, la violencia y los asesinatos continúan contra la población civil y también afectan a las comunidades católicas.
El último incidente ocurrió durante la noche del 19 al 20 de agosto de 2025 en Bunia, donde hombres armados profanaron el sagrario, tiraron las hostias consagradas al suelo, rompieron ventanas y amenazaron a los sacerdotes. La profanación tuvo lugar «a pesar de la fuerte presencia de las fuerzas del orden en el vecindario», según el comunicado.
La reanudación de las celebraciones eucarísticas en la iglesia, según lo prescrito por el Derecho canónico, estará sujeta a la celebración de una Misa de reparación presidida por el obispo de Bunia.
Los incidentes más graves fueron el ataque perpetrado por milicianos de CODECO el 21 de julio contra la parroquia de Saint Jean de Capistran en Lopa, y el sangriento ataque perpetrado por islamistas de las ADF la noche del 26 al 27 de julio contra la parroquia del Beato Anuarite en Komanda, donde fueron asesinadas casi 50 personas y al menos 40 jóvenes fueron secuestrados.
«La crisis se ha extendido a Nizi, Iga Barrière, Tchomia, Nyamamba y Boga, provocando desplazamientos masivos de la población en busca de seguridad y protección», subraya el comunicado. Los sacerdotes diocesanos critican la ineficacia de las fuerzas de seguridad, «a menudo justificada por la minimización y banalización de la situación al utilizar conceptos como ‘provocación’ y ‘represalia’, ocultando su incompetencia y complicidad, y culpando a la juventud local de la inseguridad»; un hecho que califican de «inaceptable».
Los sacerdotes diocesanos critican la ineficacia de las fuerzas de seguridad, «a menudo justificada por la minimización y banalización de la situación al utilizar conceptos como ‘provocación’ y ‘represalia’».
Peor aún, según el clero diocesano de Bunia, «los agentes del orden, al igual que los milicianos, y junto con ellos, cometen asesinatos, establecen puestos de control ilegales, llevan a cabo detenciones arbitrarias, incluso de menores, y saquean la propiedad de ciudadanos inocentes».
En el comunicado, los sacerdotes de la diócesis de Bunia también denuncian lo que denominan «difamación y amenazas verbales» dirigidas a la Iglesia por las autoridades militares que gobiernan Ituri. Según la nota, las autoridades acusan a la Iglesia de «albergar» a miembros de la milicia Convención para la Revolución Popular (CRP).
Rechazando las acusaciones, los sacerdotes afirman que «es evidente que la Iglesia católica, debido a su misión profética, se ha convertido en blanco, entre muchos otros, de ataques orquestados por los militares que dirigen el estado de sitio en complicidad criminal con CODECO».
Este grupo es responsable del ataque a la parroquia de Saint Jean de Capistran en Lopa, perpetrado con la complicidad de soldados de las fuerzas armadas regulares.
Según los sacerdotes, el estado de sitio «ha fracasado de forma visible y grave a la hora de imponer la paz, que era su misión principal y esencial. Por el contrario, los grupos armados no solo se han multiplicado, sino que también se han fortalecido con más milicianos y más armas».
Fuente: www.vaticannews.va/es / Imagen: Pexels.