Énfasis equivocados en la reforma laboral

03 Mayo, 2017, 2:48 pm
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Desde hace años ha habido un diagnóstico bastante compartido respecto a los verdaderos desafíos que se enfrentan en el mercado del trabajo. El informe realizado por el Consejo de Trabajo y Equidad –convocado por la presidenta Bachelet el año 2007, y en el que participé junto a personas del mundo académico, empresarial, político y sindical– es bastante ilustrativo en este sentido, pues en él se puede apreciar que respecto a varios temas había acuerdos sustantivos.

La mayoría del Consejo, también llamada Comisión Meller, estuvo de acuerdo en que los principales desafíos estaban en aumentar las posibilidades de empleo, particularmente de los jóvenes en situación de pobreza y de las mujeres, y en aumentar drásticamente las oportunidades de capacitación para permitir aumentos sostenidos en productividad y salarios reales. Todo ello, bajo la lógica de ir dejando atrás las políticas de dependencia y asistencialismo, en pos de que las personas fueran protagonistas de su proceso de mejoramiento en sus condiciones de vida, con todo lo que ello significa en autoestima y dignidad. En palabras de Patricio Meller, cuando se entregó el Informe del Consejo a la presidenta Bachelet en 2008 : “La mejor política social consiste en que cada persona tenga un empleo, y que este proporcione un ingreso que permita cubrir un nivel de vida satisfactorio”, y “el propósito central es inducir e incentivar a las personas a capacitarse, buscar empleo y trabajar; este nuevo foco sustituye los problemas de dependencia y asistencialismo de las políticas sociales del siglo XX, poniendo los acentos en la autoestima y la auto sustentación”. Y siguiendo con sus palabras: “En consecuencia, los tres principios que orientan las propuestas del Consejo para aumentar la equidad son: Pro-empleabilidad y pro-empleo, Pro-capacitación y Pro-productividad y Pro-meritocracia”. La Comisión Meller trabajó acuciosamente en el diseño de un conjunto de propuestas.

Sin embargo, es posible observar que, finalmente, los contenidos de la reciente reforma laboral han ido en general en una dirección muy distinta a lo que la Comisión destacó como prioritario. Incluso algunos de ellos aparecen como disfuncionales a las prioridades definidas.

En defensa de la reforma laboral impulsada por el Gobierno se ha oído decir que este es un paso y que más adelante se podrá avanzar en aquellos aspectos prioritarios que identificó la Comisión Meller. Sin embargo, discrepo de esa visión, porque, al no haberse incorporado en esta reforma varios de los aspectos prioritarios identificados por la Comisión, se ha dado una señal clara respecto a la falta de sentido de urgencia de avanzar en estos temas. Por otro lado, y quizás más importante aún, hay varias reformas que, como ya se ha dicho, aparecen como disfuncionales a la orientación central de las propuestas de la Comisión Meller.

Las reformas no han estado sustentadas en un buen diagnóstico. A modo de ejemplo, el objetivo de fortalecer a como diera lugar el poder sindical –lo que fue morigerado por el Tribunal Constitucional–, no se sustenta en un diagnóstico sólido, cuando el tema se mira desde la perspectiva de lo que es una economía de mercado.

Por otra parte, la reforma desconoce que un mercado laboral dinámico y competitivo es clave para fortalecer virtuosamente el poder negociador de los trabajadores en una perspectiva de mediano y de más largo plazo, y desconoce al mismo tiempo las realidades y necesidades del mundo moderno y de un país que está integrado financiera y comercialmente al resto del mundo.

La reforma desconoce que las regulaciones laborales hay que mirarlas en un sentido integral. Por ejemplo, es muy distinto tener una huelga sin reemplazo con bajas indemnizaciones por despido a una con altas indemnizaciones. En aquellos países con bajas o nulas indemnizaciones por despido, las empresas están en principio en posición de aceptar negociaciones salariales desalineadas con el crecimiento en productividad para evitar los efectos de una huelga sin reemplazo.

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* Esta versión es un extracto del artículo original publicado en Revista Mensaje.

Economista, académico de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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